Prepagas: una cartelización amparada en errores y soberbia del gobierno

“Por disposición del Ministerio de Economía, un grupo de empresas de medicina prepaga, que representan alrededor del 75% de los afiliados, van a retrotraer el valor de sus cuotas a diciembre de 2023, ajustada a partir de allí por IPC”, anunció ayer el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Cuatro meses después de asumir, y luego de que las empresas de medicina prepaga aumentaron hasta un 165% las cuotas a sus afiliados, el Gobierno intenta enmendar un grave error que permitió con el DNU 70/23, cuando dispuso la desregulación total del mercado de medicina privada. En ese polémico decreto se señala: “La Superintendencia de Servicios de Salud no tendrá competencia para fijar valores de cuotas”; “no se fijarán aranceles mínimos obligatorios a los prestadores públicos y privados”; “no se intervendrá en los modelos de contrato entre las empresas y los prestadores”, entre otros puntos. Punto a destacar: el decreto sigue vigente.

Es decir que, hoy el Gobierno retrotrae con una disposición de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia lo que permitió y permite con un Decreto de Necesidad y Urgencia. No solo existió una embestida inescrupulosa y mal intencionada del sector empresario, sino que también hubo mala praxis del oficialismo, que permanentemente abusa de un gesto que ya lo caracteriza después de más de 100 días de gestión: la soberbia.

El 16 de enero pasado un grupo de legisladores de la Coalición Cívica (Hernán Reyes, Maximiliano Ferraro, Facundo Del Gaiso y Rubén Manzi), presentaron una denuncia en la justicia y ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia contra las empresas de medicina prepaga por presunta “cartelización” a la hora de abusar de una actuación en conjunto por su posición monopólica en el mercado. De acuerdo con la última presentación de padrones frente a la Superintendencia de Servicios de Salud realizada en mayo de 2022, unas 6.796.690 personas se encontraban afiliadas a alguna de las entidades reguladas por la Ley 26.682, que abarca a las empresas de medicina prepaga, mutuales, cooperativas, asociaciones, fundaciones, etc. Ese mismo informe destacaba que las diez entidades más relevantes del mercado de salud privada acumulaban 5.664.760 afiliados del total. Es decir, las diez mayores empresas de medicina prepaga concentran el 83,4% de la población que se atiende en el sector privado de salud. Se destacan: OSDE (31,1%); Swiss Medical (14,8%); Galeno (8,3%); Asociación Mutual Sancor Salud (7,8%); Medifé (4,7%); Mutual Jerárquicos (3,1%) en cantidad de afiliados. Se agrega que el Hospital Alemán cuenta con 58.000 afiliados y el Hospital Británico con 36.000.

El legislador Hernán Reyes (CC) uno de los denunciantes fue contundente en estas últimas horas: “Las prepagas pactaron precios en vez de competir y eso lastima a la gente”, y agregó: “si había atraso de precios, tienen que actualizarse, pero no pueden hacerlo tan agresivamente y cartelizados”.

La Superintendencia de Servicios de Salud trasladó en su momento esta denuncia a las empresas de salud, que terminaron de responder recién el 5 de abril. Mientras tanto las cuotas, como señalábamos, ya habían aumentado hasta un 165%. La pregunta queda abierta: ¿por qué no atendió el gobierno la denuncia de este grupo de diputados y actuó anticipadamente? Y más allá de la denuncia mencionada, ya existía una demanda masiva de afiliados a prepagas tan palpable que a un gobierno que dedica gran parte de su tiempo a vivir en las redes sociales (el mismo Presidente lo hace) no pudo pasarle inadvertida.

Ahora se expone a una gran contradicción jurídica y política, obliga a retrotraer el valor de las cuotas a diciembre, no deberían aumentar más de un 70%, para que sean recalculadas cuando en ese mismo mes liberó la competencia exponiéndose a una cartelización empresarial para un sector que los economistas llaman “un mercado imperfecto”.

Vamos al punto: las prepagas actuaban en un mercado regulado, el estado las reunía y reglamentaba su actuación y valores de costos para sus afiliados, así funcionaron desde su creación, una vez que se desregula la actividad por decreto, el estado se ausenta de esa “mesa de acuerdo y regulación” y las deja trabajando juntas, como venían haciéndolo durante años, ahora, sin la presencia regulatoria del gobierno de turno. Por lo tanto, libres, deciden no competir y aumentar los valores una vez acordados entre las mismas empresas, que no compiten, como pretendía dogmáticamente el gobierno, sino que, como se dice comúnmente, se “cartelizaron”, actuando en conjunto en un mercado imperfecto y libre, lo que es otra contradicción.

Al parecer era en la misma Unión Argentina de Salud (UAS), que hasta el martes presidía Claudio Belocopitt de Swiss Medical, donde se “acordaba” el valor de las nuevas cuotas desde la vigencia del DNU 70/23, algo que claramente no era su función, pero con la anuencia de una norma del Poder Ejecutivo Nacional que libera a los actores a fijar valores y reglas entre prestadores y afiliados. Se insiste con esto porqué es allí donde radica la raíz de este problema que afecta a millones de argentinos.

La medicina prepaga es un mercado imperfecto porque no permite la libre circulación de la totalidad de los afiliados de una empresa a otra. Los adultos mayores o aquellas personas con tratamientos crónicos no pueden irse de una empresa privada de medicina prepaga a otra simplemente porque no son aceptadas por el alto costo que tiene el paciente. De ahí el famoso dicho que señala que “las prepagas son un negocio para atender personas sanas y no enfermas”. De hecho, cuando alguien se afilia, debe firmar una declaración jurada sobre sus antecedentes médicos para ser aceptado. En cualquier mercado donde los clientes son rehenes por alguna condición, y aquí existen varias, ese mercado no es libre, es defectuoso, y el estado no puede ausentarse de su responsabilidad.

Todo este ida y vuelta finalmente generará problemas que pueden ser más graves aún, cómo lo será si las empresas de medicina prepaga, como ya dijeron, no devuelven el dinero a los afiliados porque así “quebraría el sistema”. O si la justicia no hace lugar a la medida cautelar solicitada por el Gobierno para que se devuelva el dinero ya cobrado porque le reconoce a las empresas el derecho de haber actuado con la libertad que el DNU 70/23, del mismo gobierno que las demanda, les otorgaba. Además, ¿qué pasará con los miles de afiliados que debieron renunciar durante estos meses a su cobertura porque no podían pagarla? No se juega con la salud de la gente.

Ahora el Gobierno se vio obligado a volver sobre sus pasos, a dejar de lado su posición dogmática sobre el estado ausente e interviene en el mercado de salud privada. Ojalá que haya aprendido la lección y actúe del mismo modo en otras áreas, como educación y salud pública, que pueden colapsar en cualquier momento, porque si bien ya venían de una crisis profunda por malas gestiones, que tiene al kirchnerismo como máximo responsable, ahora esa crisis se está viendo agudizada cuando el Estado Nacional se desentiende de su responsabilidad histórica de colaboración con las provincias y, lo que es más preocupante, se jacta de hacerlo.

La “santa idea” de que todos los mercados deben liberarse de un día para otro para que compitan claramente por ahora no funciona en una Argentina básicamente corporativa. Hay mucho por hacer antes de pretender tapar el sol con un dedo. Javier Milei debe entender que gestiona un país real, atado a viejas estructuras y es loable que pretenda cambiarlo, pero la premisa debe ser construir uno más justo, más inclusivo, pero para eso se necesita entender el escenario donde se actúa. Esta es una sociedad con derechos y demandas, muy castigada en las últimas décadas, no merece ser un simple tubo de ensayo para otorgarle gloria póstuma a Murray Rothbard.

La humildad de cambiar no los hará más débiles, sino más competentes en su función de gobierno.