Presupuesto para discapacidad: un ajuste que vulnera derechos
Según un informe que releva la experiencia de las personas con discapacidad durante la pandemia realizado por el Instituto de Investigaciones Gino Germani, de la Universidad de Buenos Aires; la Comisión de Discapacidad y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de San Martín y la Organización Nacional sobre Discapacidad en Argentina, el 77% de los encuestados necesita apoyo o asistencia para la vida diaria. De estos, un 29% pudo continuar con su apoyo durante la cuarentena, mientras que la mitad de los que lo requieren no han podido disponer de un reemplazo para esta persona. A su vez, con respecto a los que requieren tratamientos de salud, un 43% de los encuestados aludió a que no pudo continuarlo durante el aislamiento. Con datos como estos, se hace evidente el requerimiento de acciones de intervención social por parte del Estado, que deben ser prioritarias. Frente a esta dramática situación, ¿cuál ha sido la respuesta por parte del gobierno nacional?
En primer lugar, resulta preocupante que la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), se encuentre acéfala, sin la correspondiente designación de su Director Ejecutivo. La Agencia, creada en 2017, surgió como un intento para dar respuesta a la necesidad de jerarquizar la temática y darle ejecutividad a un organismo, el Conadis, que sólo revestía el carácter de asesor. Todo ello se materializó mediante el decreto N° 698/2017, creando así, un órgano rector en la materia, con competencias específicas y delimitadas, en el marco de la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad. Al encontrarse acéfala, atenta contra la jerarquización de la política en discapacidad y la promoción y desarrollo de las políticas adecuadas en esta materia, las cuales deben ser transversales a todo el funcionamiento del gobierno. Tratándose de cuestiones que apuntan a incluir y favorecer el desarrollo de un sector de la sociedad altamente vulnerado, ¿no deberían estas políticas ser un eje central de todo gobierno?
En segundo lugar, el jueves pasado por la madrugada, en la Cámara de Diputados se le dio media sanción al proyecto de presupuesto general de la administración nacional para 2021. Ahora, ¿es un presupuesto justo para las personas con discapacidad?¿Cuenta con las herramientas necesarias para contribuir al desarrollo y la garantía de sus derechos?
Desde ya, si bien este año ha sido muy duro para el país y sus ciudadanos a causa de la pandemia y, como es sabido, en el proyecto de presupuesto debe buscarse un equilibrio en las cuentas fiscales, jamás puede hacerse quebrantando derechos de los ciudadanos, en especial de aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
En este sentido, para 2021 observamos con preocupación un ajuste en términos reales del presupuesto en materia de discapacidad. Para graficarlo con precisión, entre el presupuesto asignado a la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) para 2020 y 2021 hay un aumento nominal del 33%. Ahora bien, si la inflación proyectada para este año es de 38 a 42 puntos, estamos en presencia de una desinversión en términos reales, lo que provocaría otro impacto con graves consecuencias para las personas con discapacidad y sus familias, ya vulneradas sistemáticamente y mucho más en este contexto de pandemia y con las restricciones tomadas en todo el país. Siendo la Agencia el órgano rector en materia de discapacidad, ¿no estamos entonces ante un alarmante ajuste en esta materia? ¿Cómo es posible que el Gobierno que reiteradamente dice luchar por los derechos y sostiene que vino a traer derechos, decida vulnerar los de estas personas y sus familias?
Desde ningún punto de vista se puede desfinanciar la inversión en discapacidad ni acompañar el ajuste en la calidad de vida de los ciudadanos sin atentar contra el sentido de justicia que debe caracterizar al presupuesto nacional. El Estado no puede vulnerar los derechos consagrados a las personas con discapacidad, que se encuentran desamparadas junto a sus familias. Ambas cuestiones, la desinversión y la acefalía en la Andis, demuestran un desinterés absoluto por parte del gobierno nacional en esta cuestión. Para quienes sostenemos los valores humanistas, esto debe ser revertido y apelamos a que el Gobierno decida hacerlo. De lo contrario, estará violando la Constitución Nacional y la Convención sobre los Derechos de las personas con Discapacidad.
La pandemia y la postpandemia nos desafían a pensar políticas realmente inclusivas, donde las soluciones aportadas no sean peores que los problemas que ya existen. Debemos ser conscientes de los costos que las personas con discapacidad y sus familias están asumiendo con las medidas vigentes, debemos trabajar en post de su calidad de vida y seguridad sanitaria y alertamos que las soluciones a la salida de la pandemia deben incluir a las personas con discapacidad. Por estos motivos es que la jerarquización de estas políticas debe ser una prioridad y un ajuste en esta materia que vulnera los derechos de estas personas, no puede ser aceptado.
Diputada nacional, presidente de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados de la Nación
