Prostitución es violencia

Por Carolina Barone y Micaela Saban Orsini

Asistimos en estos días a debates en torno a la prostitución y las distintas posturas y modelos que existen en el mundo (abolicionismo, reglamentarismo y prohibicionismo). Este debate tomó fuerza a partir de la incorporación en el nomenclador del Registro Nacional de Economía Popular del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que luego se dio de baja. Pero la discusión continúa.

La primera pregunta que se nos presenta es si el Estado al enmarcar este tipo de prácticas como "trabajo" no se convierte en un legitimador del proxenetismo. ¿Todo es comercializable? ¿Cuál debe ser el rol del Estado ante la prostitución? ¿La decisión de ejercer la prostitución es realmente libre? En su obra Lo que el dinero no puede comprar, Michael Sandel problematiza los límites del mercado y su todo lo que existe puede estar a la venta: personas, vientres de alquiler, satisfacción sexual.

Quienes nos encontramos a favor del modelo abolicionista que rige en nuestro país y que, no pena la prostitución, sino a aquellos que se benefician con ella (proxenetismo), nos encontramos convencidas de que el hecho de que exista la prostitución responde a la desigualdad estructural e histórica entre varones y mujeres. Los cuerpos femeninos o feminizados se convierten en objetos susceptibles de ser mirados, tocados, e incluso comprados.

Desde la perspectiva de género, no podemos dejar de ver que siempre como eje transversal encontramos a la pobreza y la exclusión social que muchas veces conducen a tomar caminos, aún en contra de la propia voluntad, significando ello un condicionamiento en la autodeterminación. La prostitución ha estado vinculada a la pobreza, presentándose como posibilidad concreta de supervivencia, en tanto permite a mujeres y travestis acceder a un ingreso más o menos estable capaz de elevar las posibilidades materiales de vida.

Negar la exclusión social que lleva a muchas personas a tomar este camino, es negar también que la prostitución replica las desigualdades de un sistema económico y político discriminatorio. Es en estos casos donde resulta fundamental la intervención del Estado, no desde los valores morales de una sociedad, sino a través de un paradigma de protección de los derechos humanos, siempre en el entendimiento que el derecho a la vida, a la libertad y a la dignidad son fundamentales.

En torno a este debate es válido preguntarnos ¿Quién va a ser el jefe o la jefa en este tipo de relaciones laborales?¿Se estaría legalizando el proxenetismo? ¿Cómo vamos a hacer para establecer las condiciones de contratación y para cuidar a quienes prestan el "servicio"? ¿Se va a tributar por este "servicio" prestado? ¿Las facturas se van a hacer digitales? ¿Se van a enviar a la casa del "cliente"? ¿Cuál va a ser la cobertura por riesgos de trabajo si ya el trabajo por sí mismo implica un alto riesgo?

Resulta indispensable dejar de romantizar la prostitución creyendo que se trata de una libre elección

No podemos considerar que cualquier actividad humana es sindicable; básicamente porque el rol de los sindicatos es mejorar las condiciones laborales de sus afiliados, y en este caso puntual no resulta posible de manera alguna, puesto que las condiciones parten siempre debajo de la línea de protección de los derechos humanos. Por ejemplo, podemos señalar que no ha existido a lo largo de la historia un sindicato de esclavos. Sin embargo, igual se organizaron, pero lo hicieron para abolir su esclavitud, no para negociar el tipo de castigo que iban a recibir.

Resulta indispensable dejar de romantizar la prostitución creyendo que se trata de una libre elección y que cualquiera de nosotras puede pararse en una esquina y "comenzar a trabajarla", porque pensarlo de esa manera sería negar la realidad. Sería cegarnos ante la idea de la existencia de estrategias de captación y el estrecho vínculo con las redes de trata de personas que incluyen distintos métodos criminales de incorporación que admiten engaños, incluso amenazas. Esto implica que la trata de personas con fines de explotación sexual sea constitutiva del negocio millonario de la prostitución. Los consumidores son los mismos tanto para la trata de personas como para la prostitución, por ello la delgada línea entre uno y otro no puede invisibilizarse.

Existen argumentos por parte de quienes defienden el reglamentarismo en relación con los casos denominados "prostitución vip", en los cuales se argumenta una supuesta libertad de elección por tratarse mayormente de mujeres de clase media o alta. Entendemos que al ser éstos la menor cantidad de casos, y existiendo también como denominador común la mercantilización de cuerpos femeninos o feminizados casi en su totalidad, por parte de varones, se continúa perpetrando un sistema de dominación patriarcal que avala el consumo de cuerpos de mujeres como si se tratasen de mercancías.

Por su parte, no podemos dejar de mencionar que muchos de estos casos no son "autogestionados" o realizados de manera independiente, sino que se requiere de estructuras como ser páginas web, publicidad, incorporación en diversos tipos de plataformas.

La falacia es considerar que puede existir una libertad en la toma de decisiones siendo que esto no es posible al existir condiciones desiguales en la negociación. Se intenta mostrar que varones y mujeres inician una negociación del contrato sexual, como si de alguna forma partiesen de una misma línea de base. En la prostitución lo que surge es un "contrato desigual" que evidencia la desigualdad estructural de poder entre los "consumidores", mayoritariamente varones quienes históricamente fueron y son los dueños de los medios de producción, del poder político y económico, y por otro lado sus "mercancías", casi en su totalidad mujeres, trans, travestis y niñas y niños.

En palabras de Françoise Héritier, antropóloga feminista francesa, "Decir que las mujeres tienen derecho a venderse es ocultar que los hombres tienen derecho a comprarlas".

En medio de una emergencia sanitaria y económica, donde se agrava aún más la situación de miles de mujeres en situación de prostitución, el rol del Estado es generar políticas que promuevan la igualdad de trato y oportunidades a través de políticas públicas como el acceso a la educación, a la formación profesional, al acceso a justicia. Lejos están estas funciones de aquella que promueve a través de la reglamentación legitimar la explotación de algunas personas sobre otras.

Desde hace 106 años, con la Ley Palacios, Argentina es abolicionista. La prostitución no es delito, lo que no significa que la prostitución sea un trabajo. La prostitución es violencia.

Barone, exdirectora de Políticas de Género del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Saban Orsini, excoordinadora de Proyectos del Inadi