Qué diferencia a Nodio de una organización de chequeo independiente

Por Cristina Tardáguila y Laura Zommer

Nodio, el Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales que anunció la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, no es ni podrá ser como Chequeado ni ninguna otra de las más de 300 iniciativas de verificación del discurso público (o fact checking) que existen en el mundo, según el censo que publicó esta semana Reporters' Lab de la Universidad de Duke, de los Estados Unidos. Muchos aspectos diferencian a ambas iniciativas: por ejemplo, su vínculo con el Estado, su objeto de análisis y su financiamiento.

¿Trabajará Nodio en alfabetización mediática, con campañas de difusión y materiales educativos para alertar sobre la desinformación y sus problemas, o será una especie de policía que, con sus informes, limitará las voces críticas como denunciaron algunas organizaciones? Aún no se dio a conocer la resolución de creación del Observatorio, por lo tanto, no se sabe cuál será su alcance y sería prematuro concluir si contribuirá o no a que los ciudadanos estén mejor informados. Sin embargo, las experiencias internacionales para intentar contener la desinformación desde el Estado no son necesariamente buenas.

Chequeado es el principal proyecto de la Fundación La Voz Pública, creada por 3 lectores de medios desencantados (un doctor en Física, un doctor en Química y un economista). Es una iniciativa de la sociedad civil, sin fines de lucro, independiente del Estado y que no recibe, ni recibió, financiamiento público de gobiernos ni partidos políticos de la Argentina, desde que se creó hace 10 años. Tanto su método de trabajo como su equipo y su financiamiento diversificado son transparentes y pueden ser consultados por cualquier persona en la web.

La misión de la organización es mejorar la calidad del debate público para fortalecer la democracia, con más datos abiertos y verificados en circulación. Chequeado busca reducir la impunidad intelectual y subir el costo de la mentira, trabaja para que la información le gane a la desinformación. No tiene capacidad sancionatoria.

Nodio, en cambio, sería un proyecto de la Defensoría del Público, un organismo creado por la Ley 26.522 (también llamada "ley de medios") en 2009. Es, en este caso, un organismo público autárquico que depende del Congreso. Su ámbito de actuación y dependencia es la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, que hoy preside la experiodista y ahora diputada nacional del Frente de Todos Gabriel Cerruti. Su titular, Miriam Lewin, fue elegida en mayo último, con 9 votos a favor (del oficialismo) y 6 abstenciones (de la oposición, que criticó que no se le había dado suficiente información en tiempo).

El organismo tiene entre sus objetivos "recibir y canalizar las consultas, reclamos y denuncias del público de la radio y la televisión", además de poder actuar de oficio, convocar audiencias sobre el tema, o proponer modificaciones de normas o de políticas públicas. Al ser un organismo público, el alcance de su actuación legítima está establecida en la ley. Por eso, una de las críticas a la iniciativa es que las plataformas digitales no entran dentro del marco de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En esta misma línea, tampoco entrarían los medios gráficos ni digitales.

Desde que se creó en 2015 la Red internacional de chequeadores o International Fact Checking Network (IFCN), una vez al año Chequeado pasa por una evaluación en la que un investigador (un doctor o PhD de algún país del mundo cuyo nombre no se conoce hasta después del examen) analiza si la organización cumplió con el Código de principios al que adhiere. Este Código establece que, además de tener el método, equipo y financiamiento transparentes, la organización debe contar y cumplir con una política de corrección y debe tratar con la misma vara a todos los actores, sean líderes públicos (oficialistas u opositores), sindicalistas, empresarios, periodistas o medios. ¿Nodio, según se anunció, se enfocará en medios y plataformas o, igual que Chequeado y los demás chequeadores independientes del mundo, también buscará combatir la desinformación originada por funcionarios y gobiernos?

Malos antecedentes internacionales

Lo que vemos en la Argentina y otros países de América Latina ahora recuerda lo que pasó en Asia a finales de 2019: gobiernos que crean instrumentos oficiales para intentar controlar la desinformación. Y lo hacen sin que el concepto básico de "desinformación" haya sido aún establecido, según concluyó un grupo de expertos de alto nivel convocados por la Comisión Europea.

IFCN mantiene, desde 2018, una base de datos sobre medidas adoptadas en 60 países para intentar contener la desinformación. Una lectura atenta a este material deja claro que leyes y unidades de chequeo creadas por gobiernos -como los de Tailandia, Indonesia e India- no producen más que censura, autocensura, miedo y encarcelamientos.

En América Latina, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador creó en México una unidad de verificación dentro de la agencia de noticias oficial del Estado, Notimex; y, en Brasil, el Senado aprobó una "ley anti-fake news" que, sin establecer definiciones claras para el problema, crea un Consejo (compuesto incluso por policías) que deberá crear estrategias para reducir las noticias falsas.

El contexto pandémico de la COVID-19 y el reconocimiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de que, además de combatir al virus SARS-CoV-2 durante la pandemia, hay que pelear contra la "infodemia", impulsa este tipo de medidas por parte de los gobiernos, pero el cuidado extra es necesario. La verificación del discurso público es vital si está hecha con transparencia, metodología y apartidismo. Cualquier intento que incumpla estos 3 límites puede acercarse peligrosamente a la temida censura.

Tardáguila es directora adjunta de la International Fact Checking Network (IFCN) y Zommer, directora de Chequeado