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Qué hacer con la basura
Lo sucedido la semana pasada con la basura es mucho más que una señal de alerta. El panorama no es alentador: los rellenos sanitarios están colapsando; la Casa Rosada presentó un proyecto de ley para prohibir la transferencia de residuos entre distintas jurisdicciones; hay una escalada de "huelgas" o "paros" (cartoneros en José León Suárez, trabajadores del Ceamse, cooperativistas de las plantas de reciclado); el Ceamse aumentó un 35% el canon por la disposición final de los residuos en el relleno Norte III y, además, priorizará la asignación de espacio a residuos provenientes de municipios del conurbano; los dos nuevos rellenos que se comprometieron en tierras de la provincia con aportes del gobierno porteño por el acuerdo firmado en 2008 no se concretarán, mientras continúa creciendo la generación de residuos y se incumple sistemáticamente la utópica ley de "basura cero", cuyas metas son una mera expresión de deseo.
En 2010, para cumplir lo estipulado, el gobierno de la ciudad debía haber dispuesto no más de 1.048.359 toneladas de residuos, pero dispuso 2.110.122. Para el corriente año, se estiman unas 2.300.000, lejos de las 746.433 que pretendía la ley (50% de las 1.492.867 enviadas al Ceamse en 2004). Además de ambientales y políticas, las pérdidas por incumplir esta ley son económicas. Por ser "extrazona" y un gran generador, la Ciudad paga 50 dólares por cada una de las 6500 toneladas que entierra diariamente en el Ceamse, el doble de lo que pagan los municipios bonaerenses, que disponen unas 17.000 t/día (la ley 14.273 de la provincia, aprobada en 2010, obliga a pagar más por la disposición final a los grandes generadores).
Las políticas implementadas por el gobierno de la ciudad todavía no ofrecen solución para la disposición final de los residuos. Las toneladas que se tratarán en el prometido "ecoparque" y la planta por inaugurar solucionarán sólo un 30% de lo generado. Y eso, en la medida en que no prospere la ley que prohíba la transferencia de residuos entre las jurisdicciones, ya que la planta está en José León Suárez.
El gobierno porteño está frente a una oportunidad única: hacerse responsable de la basura que genera. Una vez admitida la gravedad el problema, la cuestión de la disposición final debe encararse siguiendo dos largos y arduos caminos, que, si bien no son paralelos, deben transitarse en simultáneo.
El primero es crear un ente de residuos urbanos del área metropolitana. El abordaje interjurisdiccional pondrá a los destinatarios de las políticas por encima de entramados interesados, dando pie a políticas comunes y nuevos acuerdos. Además, desalentará el intento de prohibir el ingreso de residuos a la provincia. Entrar en una batalla Ciudad/provincia es disparatado. No se deben utilizar los artificiales límites políticos para dividir, sino para unir. Y a los porteños y los provincianos nos une mucho más que la basura. ¿Debemos solicitarles a quienes vienen a trabajar a la ciudad que se lleven a sus casas los residuos que producen durante el día? ¿Debemos prohibir el ingreso a los provincianos que se atienden en hospitales públicos porteños o a los recuperadores urbanos que ingresan diariamente a "reciclar" en las calles porteñas? El 30% de la basura de la zona sur del Gran Buenos Aires "entra" a la ciudad, se compacta en los camiones y se lleva al relleno Norte III. ¿Habría que cobrarle servidumbre de paso? ¿O cortar la energía eléctrica generada en Central Puerto o Central Costanera que "sale" a la provincia?
Más allá de lo exitosos que sean los procesos de concienciación, disminución en origen, contenerización y de recuperación de recursos ya implementados por el gobierno de la ciudad, siempre quedará parte de la basura por ser tratada. El segundo camino es tratar –en parte o todos– los residuos sólidos urbanos que generamos dentro de la ciudad. Se debe dar un salto de calidad y situar a Buenos Aires a la vanguardia de las cuestiones ambientales, llamando a licitación para la construcción de varias plantas de tratamiento en la ciudad. Los lineamientos del llamado a licitación, sin favorecer a ninguna tecnología, deberían comprender, entre otros: la aptitud para dar cumplimiento con las exigencias legales en materia ambiental y para satisfacer las exigencias normativas y de localización espacial de la ciudad, minimizar los impactos ambientales negativos de los desechos, la capacidad de lograr las metas de reducción progresiva previstos por la ley 1854, la capacidad probada de procesar residuos en las cantidades y calidades correspondientes a las generadas en la ciudad, descripción detallada de la tecnología por aplicar, antecedentes en ciudades de características similares a la nuestra, el potencial de la tecnología para proveer un beneficio económico directo y beneficios socioeconómicos adicionales de carácter indirecto, cuáles son los requerimientos auxiliares para la planta –demanda de energía, agua, etcétera–, los plazos de implementación, el monto estimado de la inversión con esquema de financiación y viabilidad económica del proyecto, el costo estimado de operación y mantenimiento, y por último, pero no menos importante, la posibilidad de inversores con capital propio para construir las plantas. Al respecto podría convocarse, con carácter consultivo no vinculante, a aquellos interesados para que informen respecto de alternativas tecnológicas por ser implementadas.
En este segundo camino se deberá asumir, además, el costo político de las medidas por implementar, ya que pocos vecinos querrán una planta cerca de sus hogares, independientemente de que se asegure su inocuidad. Es que, además, la logística necesaria para trasladar la basura hasta allí generará un alto impacto. La superficie necesaria dependerá directamente de la tecnología por adoptar. Todo esto deberá ser resuelto por la Legislatura, que deberá definir los posibles lugares, previa modificación del cuadro de usos del suelo del Código de Planeamiento Urbano.
Si el conflicto político Ciudad/Nación se agrava y no se toman medidas concretas y urgentes, lo que sucede en Nápoles (ciudad que cada tanto queda "tapada" de basura) dejará de ser un lejano leading case y podría verse repetido entre nosotros. En ese caso, los damnificados seremos, unas vez más, los ciudadanos rehenes. © La Nacion
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