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Reflexiones de un profesor
Somos privilegiados los que desarrollamos nuestra carrera profesional en el ámbito académico: relativa libertad, poder dedicar tiempo al estudio y en algunos casos la investigación, intercambio con colegas de distintas disciplinas. Claro, todo podría ser mejor: la retribución es en muchos casos baja, para algunos casi inexistente. Para estos últimos, la vida académica es un complemento de otras tareas que permiten pagar las cuentas. Pero, como ha señalado el premio Nobel Herbert Simon, las organizaciones subsisten en la medida en que la contribución que hacen a sus integrantes resulta al menos equivalente a la que estos pueden acceder en otras alternativas. Y Simon señala que la “contribución” relevante excede en mucho solo la parte material.
Eventos recientes relativos a política educativa llaman a reflexionar sobre la universidad en la Argentina: su organización, vínculos con la sociedad, impacto y por supuesto reparto de costos asociados a su funcionamiento. Aclaro lo siguiente: hice mi carrera de grado en la universidad pública, y trabajé en ella durante casi tres décadas, con cargos desde docente auxiliar hasta profesor asociado. Creo que conozco el paño.
La universidad pública argentina tiene características que hacen a sus fortalezas, pero también contribuyen a sus debilidades. No todo es color de rosa, en especial si se compara lo que “es” con lo que “podría ser”. Concretamente, mi impresión es que existe una brecha entre el aporte que la universidad podría hacer y el que efectivamente hace. Cerrar esta brecha requiere tanto reasignación de recursos como generar fuentes alternativas para estos recursos.
En las últimas seis décadas la matrícula de las universidades públicas se multiplicó por quince. A su vez, el número de graduados aumentó seis veces. En comparación, la población de país se incrementó solo 2,2 veces. En síntesis, ocurrió una virtual explosión de la educación superior. Pero lo que sorprende es que el enorme incremento de población y graduados universitarios (el declamado “capital humano”) no fue correspondido con crecimiento económico del país; por el contrario, los índices de pobreza prevalecientes en la década del 60 eran bastante menores que los que observamos en la actualidad. Un cínico diría: “existe una correlación positiva entre matrícula universitaria, por un lado, y pobreza, por otro. Cerremos las universidades”.
Los datos de crecimiento de matrícula y graduados universitarios, junto con los de desempeño de la economía del país (y en particular de la situación de los sectores más vulnerables), llaman a cuestionar en forma constructiva algunas afirmaciones relativas a prioridades de financiamiento educativo y fuentes alternativas para este. Maximizar el bienestar del país requiere invertir recursos de acuerdo con la tasa de retorno social de diversas opciones disponibles. Bajo el sistema actual de asignación de recursos: ¿cómo se compara la tasa de retorno en escuelas rurales, en barrios carenciados o en terciarios técnicos en relación con diversas alternativas en una gran universidad metropolitana? ¿En qué medida resulta necesario reasignar recursos de forma tal de igualar tasas de retorno en diversas alternativas? ¿Qué cambios resulta necesario realizar en la asignación del presupuesto a nivel nacional o provincial para contribuir mejor a la generación de capital humano útil para el desarrollo del país?
Trabajos realizados por el destacado economista James Heckman concluyen que los mayores retornos sociales a la educación se generan en los niveles iniciales de esta: preescolar y primaria, fundamentalmente, luego secundaria y finalmente (y a un nivel más bajo) en la educación universitaria. Pero no solo son especialmente altos los retornos en estos niveles iniciales, sino que además los efectos distributivos (equidad) son más marcados en estas alternativas que en otras. La implicancia para política pública es clara: los subsidios, ya sea a la oferta de servicios educativos o a la demanda de estos, deben canalizarse en forma prioritaria a una educación básica de calidad.
En relación con lo anterior, en nuestro país la discusión de arancelamiento a los estudios superiores es un cuco al cual todos le escapan. Descartar de plano y sin mayor análisis esta alternativa constituye a mi juicio un serio error, con altos costos asociados. A modo de ejemplo: un arancel por alumno muy modesto (del orden de los 30 dólares al mes o 300 dólares por año) permitiría a la UBA incrementar su presupuesto en unos 100 millones de dólares anuales. Bien administrados, estos recursos adicionales permitirían una real revolución en términos de calidad de enseñanza, investigación y vínculos con la comunidad. Obviamente, pueden existir becas, préstamos de honor o contraprestación para aquellos que lo necesiten.
Progresar requiere intercambiar ideas en forma racional. Qué fines se buscan. Con qué medios se cuenta. Qué impactos tienen diversas alternativas sobre eficiencia y equidad. En relación con política universitaria, este debate todavía no se ha dado.ß
Universidad del CEMA y Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria
