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Reforma de la Policía Federal Argentina: intenciones, dudas e ilegalidades
Los autores son exfuncionarios del ministerio de Seguridad de la Nación
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No es la primera vez que la quimera del “FBI argentino” pretende graficar la necesaria reforma que desde el año 1958 la Policía Federal requiere y que en estos cuarenta y pico de años de democracia ningún gobierno ha podido concretar, más allá de la voluntad de algunos de ponerla en las hojas accesorias de la agenda.
En los primeros gobiernos de la vuelta a la democracia, la reforma de la PFA no fue parte de la agenda gubernamental o legislativa. Entre 1983 y 1999, se produjeron algunas modificaciones importantes como la sanción de la ley que invalidó como prueba cualquier confesión que un imputado hiciere frente a la policía o la promulgación de una reforma al Código Procesal Penal que vedó a los agentes policiales de interrogar a los sospechosos o detenidos. Todas reformas parciales, necesarias para la democratización de las prácticas policiales, pero no concebidas desde un criterio integral de qué servicio policial se buscaba, y resistidas por la propia fuerza que esgrimió que se recortaban sus facultades para combatir el delito.
Los gobiernos de los Kirchner incluyeron la participación comunitaria en prevención del delito, la auditoría civil del accionar policial, reforma en los programas de formación policial con énfasis en el respeto por los derechos humanos, equipamiento y coordinación entre las fuerzas federales y provinciales. Estas definiciones discursivas finalmente no se tradujeron en proyectos de ley concretos.
Durante el gobierno de Macri, las referencias al tema de seguridad sólo se hicieron presentes a partir del discurso (solo discurso) antimafias y el sobredimensionamiento de las acciones de su Ministra, pero careciendo otra vez de reformas profundas, y sufriendo la Policía Federal el traspaso de personal y recursos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En 2021 la Policía Federal Argentina cumplio 200 años de existencia, en esa ocasión la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, en el gobierno de Alberto Fernández, entendió oportuno la elaboración de una propuesta integral de adecuación de la institución que tenía por objetivo “fortalecer las capacidades de la PFA como agencia orientada a la investigación de delitos federales, delitos complejos y delincuencia organizada” y que debería estar orientada por los criterios de economía institucional, profesionalización, federalización y adecuación a estándares internacionales de Derechos Humanos, creando mediante Resolución MSEG 119/2020, la Comisión de Actualización Institucional, Normativa y Doctrinaria de la PFA, pensando en una propuesta integral de actualización institucional, con la participación de la propia institución en el proceso de autoevaluación, diagnóstico y elaboración de reformas que serían puestas a consideración legislativa.
Se trabajó sobre la formación inicial especializada de acuerdo con los escalafones, priorizando la investigación criminal. También se discutirían los regímenes escalafonarios, la participación de las mujeres en todas las áreas y jerarquías, y la inclusión de los principios básicos de actuación para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley con especial énfasis en el respeto por el derecho de las minorías. Luego de varios meses de trabajo, la debilidad del gobierno nacional de aquel momento dejó trunco el proceso.
El actual Decreto 383/2025, que es presentado de forma equivocada por el gobierno de Javier Milei como una Reforma Policial, enuncia en sus considerandos conceptos con los que nadie que conozca en la materia de seguridad, podría estar en desacuerdo, al momento que se refiera a una reforma de la Policía Federal, tales como la ampliación de sus funciones federales, la priorización en la investigación criminal compleja, la mayor profesionalización de sus integrantes y la modernización de los recursos. No obstante ello, la reforma y actualización de una de las instituciones históricas de la fundación de la Nación (la PFA lo es), no puede quedar atrapada en un Decreto que establece un puñado de decisiones de carácter ministerial que solo apuntan a la colonización de varios aspectos constitutivos de la institución policial, tales como el presupuesto, las compras y contrataciones, la asignación de los Recursos Humanos, la limitación de ingresantes, o el direccionamiento de sus planes de estudio.
Por otro lado, esta intervención (y banalización) de la estructura organizacional de la Policía continúa, sin ningún criterio de técnica normativa, en un Anexo al que pretenden darle el nombre de Estatuto y que su contenido de once carillas pareciera devariar entre la premura (vencían las facultades delegadas) y la pereza. En ese “Estatuto” se termina de cristalizar la “intervención” de la institución, toda vez que a la organización existente de superintendencias y direcciones, se le agregan dos superestructuras inmediatamente debajo de la Jefatura de Policía, llamadas Departamento Federal de Investigaciones y Departamento Federal de Coordinación, concentrando cada una de ellas distintas dependencias y gran poder dentro de la Institución, con el peligro de romper la cadena de mandos y recortando las figuras del Jefe y Subjefe de la Policía Federal.
Como contraprestación a lo mencionado, en el mismo Estatuto, se establecen dentro de los artículos referidos a las funciones y las facultades de la Policía Federal una cantidad de criterios de actuación que solo normativizan el temperamento adoptado por la Ministra Bullrich respecto de su concepto de intervención policial, muchas veces desapegado de la ley y los principios de actuación ya consagrados por organismos internacionales.
Con este panorama y si la presentación pública de la “Reforma” continúa priorizando lo cinematográfico (clase B), el toma y daca entre funcionarios políticos y jefes policiales, y la frontera con la ilegalidad, no sólo una vez más fracasará la oportunidad de avanzar con la reforma policial que la Federal necesita sino que, además, se provocará un daño a la institución difícil de revertir en el mediano plazo.
*Silvia La Ruffa es ex secretaria de Articulación Federal del Ministerio de Seguridad de la Nación
*Eduardo Villalba es ex secretario de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación
