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Reformas y gobernabilidad
La Argentina atraviesa una nueva etapa de reformas que vuelve a poner en tensión la solidez del sistema democrático y la legitimidad de sus instituciones. El proyecto impulsado por el gobierno nacional no puede comprenderse como un hecho aislado ni como una simple actualización normativa. Por el contrario, forma parte de una secuencia más amplia de transformaciones que anticipan una reforma del Estado de carácter estructural, con impactos directos sobre el mercado de trabajo, el sistema previsional, la estructura tributaria y la organización del federalismo argentino.
La experiencia histórica demuestra que las reformas laborales han sido, de manera recurrente, momentos críticos en la vida política del país. No solo por su incidencia directa en el mundo del trabajo, sino porque suelen operar como verdaderas pruebas de alta intensidad política, capaces de consolidar o erosionar gobiernos y, fundamentalmente, de tensionar el vínculo entre el Estado, la sociedad y los territorios.
Las reformas estructurales, especialmente aquellas que afectan derechos sociales y marcos institucionales consolidados, requieren algo más que mayorías circunstanciales en el Congreso. Exigen consensos sociales amplios, horizontes de sentido compartidos y una idea de proyecto nacional capaz de articular intereses diversos. Sin ese andamiaje, el riesgo no es únicamente el fracaso de la reforma en sí misma, sino la profundización de las inequidades, de la desafección política y del descreimiento ciudadano en las instituciones democráticas. En un contexto de fragmentación social y debilitamiento de los vínculos de representación, avanzar sin acuerdos amplios puede erosionar aún más la confianza pública. Es fundamental fomentar la participación de todos los actores involucrados en el proceso y crear espacios de debate abiertos y constructivos, entre los representantes territoriales, sindicales, empresarios, académicos, entre otros.
El debate actual vuelve a colocar en el centro la cuestión social. El trabajador asalariado protegido por el derecho laboral, sujeto histórico que estructuró buena parte del sistema político argentino, entra en crisis en un escenario marcado por las transformaciones del capitalismo tardío, la incorporación acelerada de nuevas tecnologías, la expansión de modalidades laborales atípicas, el crecimiento de la informalidad y el aumento sostenido del costo de vida. En este marco, los derechos y garantías sociales, que durante décadas fueron concebidos como conquistas irreversibles, comienzan a ser tratados como variables sujetas a negociación permanente. Las certezas que durante largos períodos ordenaron la vida social parecen diluirse, generando un clima de incertidumbre estructural.
A este cuadro se suma un desafío adicional: la incorporación de nuevas tecnologías a la vida cotidiana y a las instituciones públicas. La IA impacta en todos los ámbitos del quehacer humano: blockchain, inteligencia artificial y sistemas digitales avanzados prometen mejorar la transparencia, la eficiencia administrativa y la trazabilidad de las decisiones públicas. No obstante, su implementación en una democracia institucionalmente frágil, atravesada por profundas desigualdades territoriales y capacidades estatales heterogéneas, exige un abordaje prudente y estratégico. Sin una planificación adecuada y sin consensos políticos y sociales sólidos, la innovación tecnológica puede incluso profundizar brechas preexistentes en lugar de reducirlas.
Resulta indiscutible que el Estado argentino necesita adaptarse a transformaciones económicas, productivas y tecnológicas globales que ya están en marcha. Sin embargo, la historia reciente ofrece múltiples ejemplos de procesos de reforma que, al carecer de gradualidad, diálogo social y acuerdos territoriales, terminaron generando resistencias, conflictos y retrocesos institucionales. Por el contrario, las transformaciones sostenibles han sido aquellas capaces de articular proyecto, tiempo político y consensos federales.
El ciclo de reformas abierto en la Argentina plantea una pregunta de fondo que trasciende el contenido específico de cada iniciativa: ¿qué tipo de Estado, de sociedad y de democracia se pretende construir? La respuesta a ese interrogante no puede surgir de decisiones unilaterales ni de coyunturas legislativas favorables, sino de un proceso político que reconstruya legitimidad, recupere la dimensión colectiva del proyecto nacional y fortalezca los lazos entre instituciones, ciudadanía y territorio. Sin ese horizonte compartido, toda reforma corre el riesgo de convertirse no en un paso hacia el futuro, sino en un nuevo factor de fragmentación social y política.
Decana Facultad de Ciencias Sociales, Educación y Comunicación USAL
