1
Regionalizar el país
4 minutos de lectura'
Las persistentes muestras de centralismo del gobierno nacional tomando decisiones sobre el AMBA, como si fuera un territorio bajo su jurisdicción, demuestran, además de su autoritarismo, las dificultades, los daños y las oportunidades perdidas que causan a los ciudadanos años de mirada de corto plazo en la toma de decisiones.
Los constituyentes de 1994 incorporaron a la Constitución el artículo 124, inspirado no solo en los antecedentes históricos nacionales, sino en las tendencias del constitucionalismo moderno, especialmente desarrollado a partir de la caída de la URSS y el reordenamiento de los nuevos estados, que se fueron sumando a la actual Unión Europea. Así se comprende que las regiones están determinadas no sólo por su geografía, sino además por su historia, su lengua y su cultura.
Las provincias “podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no afecten las facultades delegadas al Gobierno Federal o al crédito público de la Nación; con conocimiento del Congreso Nacional. La ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se establezca a tal efecto”.
En las décadas de 1980 y 1990 se articularon numerosas iniciativas de desarrollo regional. Lamentablemente, la crisis de 2001/2 acabó con todas ellas y no se ha reflotado el rol de las regiones, a pesar de constituir un eficiente mecanismo de concertación y de soluciones para mejorar la competitividad.
Las desafortunadas intervenciones del Ejecutivo Nacional en las competencias de las provincias y de la CABA no hacen sino confirmar su abandono del federalismo y de sus modalidades políticas: la participación, la descentralización y la integración. En el gobierno nacional ha vuelto el centralismo unitario para la decisión política y la “sucursalización” de los organismos nacionales, atropellando facultades provinciales para ejecutar sus decisiones. Así lo expresan el imperativo del Gobierno de definir los vacunatorios o la desautorización de los acuerdos del Consejo de Ministros de Educación y la orden de cesar las clases presenciales: la desmesura de la administración nacional.
Los costos de no regionalizar son muy altos y están entre los que fundamentan la pérdida de la competitividad argentina en las últimas décadas: fiscales (doble y triple imposición); administrativos (duplicación de competencias y pérdida de tiempo) y políticos (separatismo en Mendoza, anexionismo en Entre Ríos).
El AMBA es una respuesta administrativa, de emergencia frente a la morosidad de los legisladores. Además de la CABA, en Buenos Aires hay realidades políticas que configuran nuevas provincias. Entre otras, en el conurbano hacia el sur se visualiza la provincia del Río de la Plata, y hacia el Norte, la provincia de Luján. Cada una con su gobernador, su legislatura local y sus senadores. Son tres provincias que responden a tres realidades; pero pueden acordar una sola Región Urbana Federal para el desarrollo económico y social de sus quince millones de habitantes. Así lo propone un trabajo editado el año anterior junto al economista Jorge Colina (Buenos Aires Federal: su división en cinco provincias para un nuevo Pacto de Unión Nación. Fundación Nuevas Generaciones).
Hay que pensar en el largo plazo y volcarse a un federalismo de concertación, como proponía el maestro Pedro J. Frías, con estructuras provinciales austeras y eficientes, legislativos unicamerales, justicia ágil y transparente y habilitar promociones y tasas fiscales transitorias, en reemplazo de las promociones hoy vigentes, con años que reclaman su caducidad. Son todas decisiones de planeamiento que, con mayor conocimiento local, permitirán crear trabajo genuino, producir generando riqueza, clusters para exportar e integrarse a los mercados mundiales y, por cierto, el país ganaría en integración.
Nunca más los argentinos deberíamos sufrir el atropello del centralismo ni las situaciones como las que hoy padecen los productores de arándanos, los de carnes, de limones o los fabricantes de biodiesel (y tantos otros sectores). Sus inversiones y actualizados desarrollos, así como los nuevos emprendimientos tecnológicos, y todo lo que genera trabajo genuino en las provincias, no están defendidos en el Congreso frente a las urgencias fiscales nacionales nunca armonizadas.
En el siglo XXI, la región es la alternativa federal y constitucional para renovar y acelerar el desarrollo humano.
Abogado
Por Enrique Morad
