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Salud mental: modificar la ley no es vulnerar derechos, es garantizarlos
La salud mental en la Argentina viene transitando desde hace varios lustros un camino de buenas intenciones pero de malos resultados, situaciones dolorosas debidas a las complicaciones de la práctica clínica y algunos hechos trágicos que fueron y son muy mediáticos. La Ley 26.657, sancionada en 2010, nació con el noble propósito de proteger los derechos de las personas que padecen Enfermedad Mental Grave pero en su conceptualización se incurrió en los sesgos de la ideología , sin fundamentos científicos ni conocimiento de la clínica. Lo que finalmente sucedió fue desamparar a los más vulnerables: las personas con patologías graves y sus familias.
Hoy, la propuesta del Gobierno para modificar la normativa vigente nos sitúa ante un debate necesario y postergado. No se trata de “volver al pasado”, sino de aplicar el sentido común médico para salvar vidas.
Uno de los cambios más trascendentales que impulsa esta reforma es la sustitución del criterio de “riesgo cierto e inminente” por el de “situación de riesgo de daño para la vida o la integridad física”. Esta no es una distinción semántica menor. En la práctica actual, ¿es sensato que las familias y los médicos tengamos que esperar a que la tragedia sea inminente para poder intervenir?
Como hemos sostenido innumerables veces desde la AAP y los hospitales especializados, no debemos confundir peligrosidad con enfermedad mental. Sin embargo, negar la intervención en crisis bajo un garantismo mal entendido es, en última instancia, una forma de abandono. La sociedad necesita un enfoque que permita intervenciones oportunas, actuando como actúa un cardiólogo ante un dolor en el pecho , haciendo la evaluación e intervención pertinente antes de que el daño sea mayor o incluso irreversible.
La reforma propone que al menos uno de los profesionales que determine una internación involuntaria sea, obligatoriamente, un médico psiquiatra. Esto devuelve la racionalidad clínica al proceso. Si bien el abordaje debe ser interdisciplinario (con psicólogos, trabajadores sociales y enfermeros), la evaluación de un médico es fundamental para distinguir cuadros orgánicos con síntomas psíquicos (vg.meningitis , tumores infecciones, enfermedad tiroidea, etc.) de crisis de enfermedades de psiquiátricas propiamente dichas y así garantizar el mejor tratamiento posible .
La ley vigente planteaba el cierre de los hospitales especializados (monovalentes) y pasar todo a los hospitales generales para el año 2020, un objetivo que resultó absurdo, impracticable y carente de sentido de planificación sanitaria . Es una falsa dicotomía, ya que cada una de estas instituciones tienen funciones diferentes y son necesarios en la “red de hospitales y servicios de salud”. Cerrar centros de referencia como el Hospital Borda es como pretender cerrar una unidad coronaria en medio de una crisis sanitaria.
La propuesta actual es más simple si lo hacemos con conocimiento de la clínica, la práctica y pensando en lo que la sociedad necesita: hospitales generales y centros de atención primaria para la atención de las personas con casos leves y consultas ambulatorias e instituciones especializadas reservadas para cuadros graves que requieren recursos.
También es importante agilizar las “ altas de las internaciones “, evitando la judicialización que hoy empantana los tratamientos y en definitiva a las familias, que son quienes cargan con el peso cotidiano de la enfermedad. Ellas necesitan un sistema que les brinde respuestas, no obstáculos burocráticos.
Modificar la ley no es vulnerar derechos; es garantizarlos. El derecho a la salud incluye el derecho a recibir un tratamiento eficaz y a tiempo. Es hora de que la legislación argentina deje de mirar la teoría desde la comodidad del sillón y de los escritorios y empiece a mirar la realidad de las guardias y de los hogares de las familias argentinas .
Médico Psiquiatra y presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos
