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Santiago Caputo: el asesor al que Milei le da mucho trabajo
Omar Yasin sabía que no continuaría en la Secretaría de Trabajo antes que Javier Milei lo sacrifique en vivo por televisión. Alguien vinculado al jefe del Gabinete, Nicolás Posse, le habría recordado el domingo por la noche que tenía que renunciar al día siguiente. Lo que pudo haber ocurrido en la entrevista con Antonio Laje por LN+, es que al Presidente se le hayan traspapelado las líneas argumentales de su hiperbólico discurso preparado por Santiago Caputo. Una narrativa donde el presunto enfrentamiento a la casta demanda insumos crecientes. Incluso exponer a esa condena a funcionarios de su propio gobierno que no tuvieron intervención en un asunto tan controvertido como el que Milei le atribuyó a Yasin: ser el responsable del 48 por ciento de aumento salarial concedido por el Presidente a sus colaboradores y a él mismo. En realidad, Armando Guibert fue quien homologó el infausto reajuste de haberes. Pero la intención del Presidente no habría sido proteger al secretario de Transformación del Estado, estrechamente ligado a Posse. Si no, más bien, diluir las dudas del empresariado sobre su voluntad de avanzar con la reforma laboral contenida en la malograda ley ómnibus.
Milei habría intentado convertir la salida de Yasin en un ejemplo de que no medirá esfuerzos para sancionarla, aunque algunos de ellos puedan resultar contradictorios. El nuevo secretario de Trabajo, Julio Cordero, había rechazado sumarse antes al gobierno para no perder la posición y, sobre todo, el salario del que gozaba en Techint. Es decir que su reticencia se fundaba en los bajos sueldos que el Estado les paga a los funcionarios, como Milei se arrepintió de reconocer al retractarse del reajuste que había firmado. La designación de Cordero expresaría un brusco cambio de opinión que sorprendió a los sindicalistas que aseguran conocerlo y muy bien. Cordero integró por una década la delegación empleadora de la Argentina ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Un período en el que presentó en ese organismo ponencias a favor del diálogo entre empresas, trabajadores y Estados en las transiciones hacia cambios estructurales. En la UIA, sin embargo, se lo asocia estrechamente a su titular, Daniel Funes de Rioja. Esa versatilidad incluiría también haber negociado junto a Guillermo Francos una reforma laboral con la CGT que Posse y Federico Sturzenegger se habrían encargado de borrar del DNU. Cordero, sin embargo, fue promovido a la secretaría de Trabajo por el jefe del Gabinete.
Esa versatilidad de Cordero mantiene expectante a los gremios, donde procuran adivinar cuál de esos antecedentes pesará en su gestión. Y lo que pueda ocurrir con el programa del Banco Mundial para promover el empleo, una línea de crédito de 250 millones de dólares renovable cada cuatro años que Alberto Fernández habría utilizado para mantener activa la adhesión a su gobierno de los gremios que controlan la CGT. Su ministro de Trabajo, Claudio Moroni, habría aplicado ese programa a la firma de convenios con al menos el de la Sanidad, la Uocra y UPCN.
Allegados a Yasin le reprochan no haberse acercado a Luis “Toto” Caputo a través de su jefe de Gabinete y viejo conocido, Miguel Schmukler, para amparar con el ministro de Economía a un área donde está en disputa el costo laboral en la producción. La CGT consiguió una medida cautelar contra la reforma contenida en el DNU que incluye, entre otras modificaciones, el reemplazo de las indemnizaciones por un fondo de cese laboral como el de la Uocra, la ampliación del período de prueba y la reducción de multas por empleo no registrado.
Yasin llegó al cargo por su amistad personal con Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, pero sin respaldo empresario o sindical. Los sectores en pugna por incidir en Trabajo. En el gobierno confían, casi ciegamente, en Santiago Caputo para que la condición de intensa se imponga a la de minoría extrema en la percepción de la opinión pública sobre La Libertad Avanza. El supuesto atributo desde donde debería hacerse fuerte el gobierno. Irónicamente, el éxito en su prédica podría complicar los planes del influyente asesor presidencial.
Patricia Bullrich rechazó ceder en comodato al gobierno de Santa Fe la cárcel que el Ministerio de Seguridad construye en la localidad de Coronda. Paralizada desde el año pasado pese a que solo resta finalizar el 4 por ciento, Bullrich no estaría dispuesta a que Maximiliano Pullaro obtenga el rédito de una de las pocas obras que inauguraría este año el gobierno. El celo con el nuevo penal es tal que las autoridades provinciales tienen prohibido su acceso. La intención de Pullaro es trasladar allí a los 700 presos por delitos federales que el sistema penitenciario nacional se niega a aceptar en sus instalaciones. El mismo criterio banal imperaría para que Burllich, y no Pullaro, presida el comité de crisis establecido para esclarecer la ola de crímenes desatada en Rosario por el endurecimiento de la reclusión para narcotraficantes luego de las modificaciones a la ley Penitenciaria.
A sectores del Pro de Santa Fe que simpatizan con Milei les asombra que el Gobierno no haya designado todavía funcionarios que suplanten a los del anterior gobierno en unos 100 cargos correspondientes a organismos nacionales como Migraciones, PAMI o la Anses. Mauricio Macri no disipó las dudas en la visita efectuada a Rosario. Al expresidente no le preocupa que Milei pueda, como sospecha, subestimarlo en los fluidos diálogos que mantienen. Pero sí lo inquieta la falta de gestión del gobierno y que su fracaso arrastre consigo al Pro.
Lo que podría transformar un aforismo de Bullrich en una profecía autocumplida: el Pro debe dejar de existir y fusionarse con La Libertad Avanza. La ministra dejará de presidirlo el 19 de marzo, pero mantiene latente la amenaza de fractura si no se respeta su exigencia de ocupar el 50 por ciento de los cargos en la nueva conducción que liderará Macri.
El Ministerio de Seguridad no resolvió todavía cómo garantizar la presencia de los 450 efectivos que mantiene en Rosario, mientras la provincia de Buenos Aires se comprometió al envío de 500 miembros de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI). Un contraste que no solo refleja la solidaridad expresa del gobernador bonaerense con Pullaro. También el límite que el ajuste del gasto impone al Estado para cubrir la Seguridad. Una de sus misiones básicas.
El gesto solidario de Kicillof llega en un momento delicado para el gobierno bonaerense. Al pedido de desafuero pedido por Rafael Pérez para la senadora radical Flavia Delmonte por el supuesto desvío de fondos de asesores a través de una página oficial de home banking del grupo Bapro, podría sumarse en breve uno similar para la senadora kirchnerista Gabriela Demaría. Pérez es fiscal especializado en Delitos de Corrupción de funcionarios en Dolores. Delmonte y Demaría pertenecen al Partido de la Costa y expresarían una curiosa transversalidad. Ambas mantendrían una relación estrecha con el diputado Juan Pablo De Jesús. Pero la verdadera aflicción de Kicillof estaría centrada en la suerte judicial que podría correr Hernán Ralinqueo. Designado este año subadministrador del Instituto Provincial de la Vivienda, Ralinqueo fue hasta el 10 de diciembre el intendente en 25 de Mayo, y es uno de los investigados por los descuentos practicados ilegalmente a 1400 trabajadores de ese Municipio para un falso sindicato de Trabajadores Municipales. Su titular, Jorge Lafuente, declaró esta semana frente al juez federal de Mercedes, Elpidio Portocarrero. Por los antecedentes de la causa, se especula que Lafuente sea procesado y Ralinqueo citado a indagatoria. De acuerdo a los cálculos de los peritos de la Policía Federal, la estafa sería por un monto de seis millones de dólares en un Municipio donde el presupuesto es de 12 millones.
La denuncia por la maniobra fue presentada en 2021 por Ramiro Egüen, un dirigente del Pro electo intendente en 2023. La Corte tuvo que intervenir para que Portocarrero investigue tras declararse incompetente. Lo mismo había hecho antes el juez de Garantías N° 3 de Mercedes, Patricio Arrieta. La influencia de Wado De Pedro y Juani Ustarroz en ese Departamento Judicial se proyecta hacia el gobierno de Kicillof. El titular del Instituto Provincial de la Vivienda y jefe de Ralinqueo, Daniel Menéndez, representa a De Pedro y Ustarroz. Aunque otras versiones insiste en que Ralinqueo gozaría de cierta protección judicial gracias a su vínculo personal con Juan Carlos “Chinchu” Gasparini, exintendente de Roque Pérez y de estrecha relación con Aníbal Fernández. Alguien ligado íntimamente a la creación del Tribunal de Casación Penal bonaerense en la década del 90. Probablemente a Kicillof le cueste esta vez apelar al argumento que utilizó para desentenderse del escándalo que involucró a Martin Insaurralde. En aquella ocasión, el gobernador aseguró no saber nada de lo que hacía su exjefe de Gabinete.
Lomas de Zamora podría ser sede de otro alboroto significativo. Jorge “Chipi” Grieco se presentó como particular damnificado en la causa por la estafa de la constructora Portofino. El titular de la UFI N°8 es uno de las 200 víctimas del edificio que esa firma cobró pero no terminó de construir. Curiosamente, Grieco comparte esa condición con Santiago Vadillo, de la UFI N° 7 de Avellaneda/ Lanús. Vadillo habría adquirido una unidad a través de su esposa, Silveria Fernández.
Ese caso alimenta la especulación de que podrían ser varios los miembros del Poder Judicial bonaerense en la misma situación. En apariencias, una trama escabrosa opacada por la lucha contra la casta que esta semana estuvo un tris de darle a Victoria Villarruel un rol similar al de Yasin. La vicepresidente recibió fuertes críticas del Ejecutivo por incluir al DNU en el temario de la sesión de ayer. Otro desafío crucial para Santiago Caputo. El asesor al que el Presidente le da mucho trabajo.
