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Sin un Poder Judicial eficiente no hay república
En los últimos diez años han crecido sensiblemente las críticas y el deterioro de la imagen del Poder Judicial en la opinión pública. Un análisis que facilitó la socióloga Marita Carballo revela que la conformidad de la ciudadanía se eleva al 70% respecto de los medios prensa, tanto digitales como gráficos; al 65% en relación a la Iglesia Católica; en tanto un 63% aprueba las ONG; un 33%, el empresariado, y un 26%, los legisladores. Los jueces apenas alcanzan el 18% de aprobación, y sólo superan a los sindicatos (16%) y los partidos políticos (13%). Este resultado es por cierto preocupante para el cabal funcionamiento de la llamada doctrina de la división de los poderes. Muchas voces autorizadas avalan esa disconformidad, pero son pocas las que, con firmeza y convicción empírica, procuran revertir tal situación democráticamente y conforme a la ley.
Entre muchos dirigentes sociales y miembros de la judicatura aparece desdibujada la función del Poder Judicial. Se hace referencia a un "servicio de justicia" o "administración de justicia". Se olvida así que los jueces integran un órgano del gobierno que monopoliza el poder jurisdiccional del Estado para resolver los conflictos, ejercer el control de constitucionalidad de los actos y normas gubernamentales, y preservar el equilibrio entre los intereses sociales según lo exige la Constitución. "Hacer justicia" es un deber que corresponde a todos los gobernantes. Presidente, ministros, legisladores y funcionarios deben abogar por la justicia. Otro tanto los jueces, pero sin apartarse de la ley. De modo que si alguno la considera subjetivamente injusta pero constitucional, a lo sumo puede morigerar los efectos de esa injusticia pero jamás apartarse del mandato de la ley. De eso son conscientes los ciudadanos que disfrutan de una elemental cultura cívica, así como los pocos periodistas que evitan aportar una información errónea.
Siendo un "poder" y no un "servicio" como los encomendados al órgano ejecutivo, los requerimientos que se demandan a los jueces superan a los exigibles a un mero "administrador". Entre ellos, erradicar el nepotismo que, directa o indirectamente, está arraigado en la mentalidad judicial. Es bueno que se preocupen por el bienestar de sus parientes, pero no a costa de los impuestos que pagan los gobernados violando un principio básico de la ética republicana. Poco o nada han hecho al respecto la Corte Suprema y el legislador. Estos son los temas que debería abordar la jefatura del Poder Judicial, en vez de emitir acordadas arrogándose funciones legislativas de organización, procesales y hasta impositivas que no le incumben. Tampoco deberían los jueces emitir sentencias en función de los tiempos políticos, vulnerando la propiedad privada y la seguridad, o invocando "políticas de Estado" que son las políticas del gobierno de turno a las cuales supuestamente deberían ajustarse los fallos de los jueces con renuncia de su independencia.
Nada se hace para despolitizar al Poder Judicial, donde se ha creado una "justicia legítima" que pretende enfrentar una "justicia ilegítima". Se produce así una brecha entre los jueces que nunca se había expresado con anterioridad. En esa asunción de posiciones de política agonal mucho tiene que ver la insensibilidad republicana de algunos jueces, que usan la institución judicial para satisfacer anhelos personales al margen de la ley que deben aplicar. Tal politización otorga al órgano judicial un fuerte matiz burocrático y una estratificación que relegan a un plano secundario los reclamos de los gobernados.
Es cierto que esa ineficiencia fue fomentada por la nefasta creación del Consejo de la Magistratura en la reforma constitucional de 1994. Un órgano corporativo y de política agonal merced al cual, con la complicidad del presidente y el Senado, hoy existen cerca de 250 vacantes de jueces en los fueros nacional y federal. Casi un tercio de los cargos judiciales. Nadie que obre con prudencia está propiciando la reforma constitucional, porque ya hemos visto que el remedio es peor que la enfermedad. Pero sí que se modifique la ley reglamentaria del Consejo, cuya autoría y sanción, en su momento, fue propiciada por la entonces senadora Cristina Kirchner. Sin embargo, nada han hecho sobre el particular el oficialismo y la oposición, que, con la inoperancia de las agrupaciones que nuclean a los abogados y jueces, coadyuvan a deteriorar la jerarquía que debería tener la magistratura judicial.
Ante esa realidad, la incapacidad de los protagonistas principales resulta endémica por su endeble vocación republicana; ya no se impone el imperio ético de ser útiles a la sociedad, sino el de ser importantes. Eso resulta incompatible con el legítimo afán por dar cumplimiento a la Ley Fundamental, tantas veces invocada y tan poco conocida, para contar con un Poder Judicial eficiente, de sólida estructura ética e independiente.
Segundo V. Linares Quintana enseñaba que la función judicial es tan importante como difícil de cumplir, y siguiendo a Roscoe Pound añadía que el primer paso para que los jueces recuperen el prestigio que constitucionalmente merecen (y que dista de aquel 18%) reside en una profunda reforma judicial que se obstinan en eludir el oficialismo y la oposición, los estamentos gubernamentales y sociales, los jueces y los abogados. No se trata de añorar el pasado, sino de conformar un futuro institucional acorde con la libertad, la dignidad y el progreso.
Gregorio Badeni
Especialista en derecho constitucional
