Sistemas de alerta temprana para prevenir el abandono escolar

El riesgo de un mayor abandono escolar en la pospandemia

Las restricciones a la presencialidad en las escuelas como respuesta a la pandemia, particularmente estrictas en los países de América Latina, dieron lugar a una profundización del riesgo de que muchos y muchas estudiantes interrumpan su escolaridad, especialmente en el nivel secundario. La Unesco señalaba al respecto, en 2020, que las brechas y el deterioro de aprendizajes generados durante el confinamiento podrían poner particularmente al estudiantado más desaventajado en un mayor riesgo de abandonar sus estudios, aún con el regreso a la presencialidad.

En junio de 2020, el Ministerio de Educación nacional detectó que la suspensión de las clases presenciales resultó en que más de 1 millón de estudiantes, cerca del 10% de la matricula total de la educación obligatoria, hayan tenido trayectorias escolares calificables como de “baja o nula intensidad”. Sin embargo, no se conoce aún cuál fue el impacto real en la continuidad escolar y en los aprendizajes de las y los adolescentes y jóvenes de la Argentina en estos casi dos años de pandemia. La falta de un registro nominalizado de estudiantes y de evaluaciones de desempeño a gran escala de los y las estudiantes vuelve más ardua la tarea de dimensionar y diagnosticar con precisión estas problemáticas en el país.

El aumento del riesgo de abandono escolar en la pandemia se asocia a la pérdida de los aprendizajes de los estudiantes, que es un resultado de diversos factores que dificultaron adaptar el proceso de enseñanza a un contexto no presencial, caracterizado por canales de comunicación heterogéneos entre estudiantes y docentes, con gran diversidad de frecuencias y tipos de participación escolar. Este nuevo contexto escolar, se sumó al deterioro de la situación socioeconómica de las familias que podría resultar en una mayor participación de los adolescentes en el mercado de trabajo en detrimento de la asistencia a la escuela.

Herramientas de política para enfrentar el abandono escolar

Los Sistemas de Alerta Temprana (SAT) en el sector educativo emergieron como una de las acciones recomendadas por organismos especializados para proteger las trayectorias escolares y prevenir el abandono escolar en el contexto de la pandemia. Un SAT es una herramienta de apoyo a la política, vinculada a los sistemas de información educativa, diseñada para identificar a estudiantes en riesgo de abandonar la escuela. Se basa en la identificación de factores específicos que contribuyen o anticipan al abandono. Esto permite organizar acciones para apoyar la permanencia en la escuela mediante estrategias e intervenciones que atiendan sus problemáticas específicas. Adicionalmente, también facilita la identificación de quienes ya dejaron de asistir.

El funcionamiento de un SAT parte de entender que el abandono es el resultado de un proceso, más que una decisión ante un evento particular, en el que intervienen e interactúan múltiples factores. Durante este proceso, la persona tiene una escolarización frágil y precaria, que lo ubica en una situación de “exclusión latente, potencial o silenciosa”. Esta escolarización precaria genera múltiples señales: inasistencias reiteradas a clases, los problemas en el desempeño escolar o el bajo sentido de pertenencia a la escuela son algunas de ellas. Entonces, los SAT buscan identificar estas señales de alerta con el tiempo suficiente para que las escuelas y equipos competentes implementen el apoyo adecuado para contribuir a la continuidad educativa. Es decir, garantizar que cada estudiante reciba lo que necesita para sostener su escolaridad.

En otras palabras, un SAT busca canalizar de modo más efectivo las intervenciones necesarias para apoyar la permanencia de las y los estudiantes en la escuela. Estas intervenciones pueden ir desde un apoyo pedagógico individualizado hasta políticas dirigidas a grupos de estudiantes con necesidades similares, como puede ser una beca o apoyo económico.

Posibilidades de desarrollo de los SAT educativos en Argentina

En América del Sur, los países que han desarrollado esta herramienta para apoyar a sus estudiantes a completar el ciclo de educación obligatoria son Colombia, Uruguay, Chile y Perú. En la Argentina, ha habido o se están gestando algunos desarrollos en esa dirección, aunque son incipientes aún a pesar de que las y los ministros de Educación de las jurisdicciones acordaron en 2020, en el Consejo Federal de Educación, que era prioritario avanzar en el desarrollo del Sistema Integral de Información Digital Educativa (SInIDE) como “herramienta de información clave para el acompañamiento de las trayectorias educativas y garantizar el derecho a la educación en todo el país”.

La implementación de los SAT para prevenir el abandono escolar en nuestro país requiere, en primer lugar, una coordinación entre los niveles nacional y jurisdiccionales. Si bien la gestión de los sistemas educativos es una responsabilidad primaria de las provincias, resultaría imposible poder seguir a las y los estudiantes en su tránsito por los distintos sistemas educativos o identificar un abandono si no existe una cooperación entre estos sistemas coordinada por Nación.

En segundo lugar, anticipar una posible situación de abandono escolar requiere invertir los recursos necesarios para acelerar la consolidación de los sistemas de información para la gestión educativa (Siged) a nivel nacional y jurisdiccionales, para que reporten datos de calidad de cada estudiante, con registros individualizados y digitalizados. Los SAT requieren que esta información sea relevante para anticipar el abandono (inasistencias reiteradas o bajas calificaciones escolares, por ejemplo), que pueda ser generada con la anticipación requerida (antes que ocurra el abandono), y que provenga idealmente de otras fuentes de datos ya existentes, que incluso estén por fuera del sector educativo (como protección social) para no sobrecargar de esta manera a distintos actores y malgastar recursos con pedidos de información ad hoc.

En tercer lugar, estos SAT deben garantizar la protección de datos personales y toda la información que utilicen para generar las alertas. Hoy, la Ley de Cédula Escolar y la Ley de Protección de Datos Personales dan un primer marco legal, pero se requiere definir y regular cuáles serán los flujos de información a fin de establecer permisos de acceso por nivel de gestión resguardando el uso de información sensible.

Finalmente, pero no por eso menos importante: garantizar un uso efectivo de esta herramienta debe contemplar tanto la detección del problema como las intervenciones que den respuestas a las alertas generadas. Los SAT no cumplen su objetivo si la información no se utiliza adecuadamente. Para que los actores involucrados puedan darle sentido a la información, es importante ponerla a disposición de forma accesible y oportuna para los equipos educativos (docentes, personal directivo, y de supervisión), así como garantizar instancias de formación tanto en la interpretación de esta información como en el diseño e implementación de intervenciones acordes.

Menores aprendizajes logrados durante los últimos dos años y un contexto socioeconómico deteriorado son factores que incrementan las probabilidades de que, aún con clases presenciales, muchos niños, niñas y adolescentes interrumpan su escolaridad. Por esto, es prioritario avanzar en políticas orientadas no sólo a reincorporar a los y las estudiantes que hayan abandonado durante este período, sino que se puedan identificar a aquellos que están en mayor riesgo de abandonar para así brindarles el apoyo que garantice trayectorias escolares completas y de calidad en los años por venir.

Investigador principal de Educación del Cippec