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Somos tan corruptos como nos perciben
La pandemia por coronavirus testeó, también, la capacidad de reacción -y adecuación- de la enorme mayoría de los países del orbe. La emergencia mundial, no sólo puso en vilo los sistemas de salud y la fortaleza de los Estados para comandar políticas sanitarias firmes y coordinadas, sino que expuso -como nunca antes- la calidad de las instituciones de cada nación.
El confinamiento obligado, las limitaciones a la circulación, las restricciones a las libertades individuales, las nuevas modalidades, la educación a distancia, las compras y contrataciones de emergencia, la información sobre el nivel de casos (infectados y fallecidos) y las políticas de subsidios no tardaron en desnudar la fragilidad institucional y los escándalos no cesaron de aflorar: barbijos, alcohol en gel, respiradores, hoteles, alimentos (por poner algunos ejemplos) adquiridos con sobreprecios o a proveedores inexistentes o desconocidos, demoras en la carga de los sistemas, información poco confiable, aprobación exprés de vacunas, acuerdos opacos con grandes laboratorios -o entre Estados-, bastaron para exponer la ausencia de controles de emergencia en países que, como la Argentina, ya mostraban serias falencias en sus sistemas y organismos de control y su poca predisposición a rendir cuentas.
Como cada comienzo de año, Transparencia Internacional (TI), nos recuerda -y refresca- que somos tan corruptos como nos perciben. Su índice de percepción de la corrupción (IPC) -que mide a 180 países-, que es uno de los más respetados y utilizados a nivel global a la hora de decidir inversiones, deja algunas lecturas imprescindibles.
Después de muchas décadas de aplazos, y por tercer año consecutivo, la Argentina aprueba nuevamente en 2020, obteniendo 42 puntos sobre 100 posibles (en 2018; 40/100; en 2019:45/100), aunque se mantiene en el pelotón de los países que apenas obtienen algo más que un aprobado. Pierde tres puntos respecto del año anterior, lo que representa un descenso en el ranking de doce lugares (cae del puesto 66° al 78°).
En 2019, por primera vez desde que el ranking fue publicado, la Argentina había logrado superar al promedio del continente. En 2020, lamentablemente, vuelve a quedar rezagada por debajo del promedio de América que en su conjunto consigue mantener por quinto año consecutivo una ponderación de 43 sobre 100.
La percepción de la corrupción en la Argentina es idéntica a la de China, lo que no parece una muy buena noticia. Sin embargo, se encuentra en una posición cómoda respecto de otros grandes países de América Latina como Colombia (39/100 en el puesto 92°), Brasil (38/100 en el puesto 94°), o México (31/100 en el puesto 124°), Claro que muy lejos de los líderes de la transparencia de la región que siguen siendo nuestros vecinos: Uruguay (71/100 en el puesto 21°) y Chile (67/100 en el puesto 25°) que han mantenido inconmovibles sus puntajes.
Vale destacar que, en los primeros veinte lugares del ranking que encabezan Dinamarca y Nueva Zelanda (88/100), el único país de América que integra ese selecto grupo es Canadá (77/100 en el puesto 11°), relegando incluso a los EEUU que comparte la posición 25° con Chile.
"América es un escaparate de corrupción y mala gestión de fondos en una de las regiones peor afectadas por la crisis del Covid-19 -resalta el informe de TI-. En una región ya caracterizada por unas instituciones de gobierno débiles, el Coronavirus ha puesto de relieve unas profundas desigualdades sociales y económicas, que afectan de forma desproporcionada a los sectores más vulnerables de la población" con el riesgo "…de que aumente el malestar social, se aviven las llamas de un populismo dañino y crezcan aún más la pobreza y la desigualdad".
El retroceso de la Argentina la inscribe dentro de ese contexto y la muestra en un peligroso punto de inflexión, tras cuatro años (2016-2019) de leves pero continuas mejoras en dicho marcador anticorrupción. A los cuestionamientos asociados a la falta de transparencia en el manejo de la pandemia, deben sumarse, entre otros, los casos evidentes de conflictos de interés, las designaciones vinculadas a nepotismo, los intentos directos e indirectos de incidir sobre el sistema de Justicia, el retiro de la Oficina Anticorrupción de su rol de querellante en procesos ya avanzados, la falta de designación -por consenso- del Procurador General y del Defensor del Pueblo de la Nación (desde hace más de once años). Datos y hechos, que imponen al gobierno nacional el deber de profundizar como política primordial la mejora de la calidad institucional.
La pandemia no ha terminado y las consecuencias políticas e institucionales aún no se vislumbran. Resta una ardua tarea por delante en el manejo de la solución, la recuperación de la plenitud de los derechos individuales y la reconstrucción económica. La sociedad tiene el derecho de exigir -y obtener- una detallada rendición de cuentas de lo actuado durante la emergencia, pero es la clase política toda la que quedará expuesta, en un año de premios y castigos electorales.
Director del Observatorio de Calidad Institucional de la Universidad Austral
