Tirarle piedras al piantavotos, el plan que nunca falla

Hay una idea explosiva que últimamente, siempre en confianza, repiten funcionarios y referentes del Instituto Patria. El primero en expresarla fue Máximo Kirchner en diciembre, no bien se conoció la condena a la vicepresidenta, y delante de militantes patagónicos. Se trata en realidad de una proyección según la cual el próximo gobierno, sea el que fuere, enfrentará una situación económica muy crítica y se verá obligado a tomar decisiones contra su propio electorado, algo que podría exponerlo a protestas en las calles y, eventualmente, a no terminar el mandato.

El kirchnerismo espera esa Argentina. Pablo Moyano, un aliado, la viene anticipando desde noviembre, cuando evaluó la posibilidad de un triunfo opositor en las próximas elecciones. “Si vuelven y tocan un derecho de los laburantes, vamos a ser los primeros en salir a la calle”, planteó. Si ese es el país que intuyen en el Instituto Patria, el hallazgo de un candidato competitivo tampoco parecería una urgencia. Más bien estarán pensando en el día después de ese eventual desastre, y en una precaución atendible: que, aunque no gane, quien encabece en la boleta presidencial no hunda las posibilidades de Kicillof en la provincia de Buenos Aires, única apuesta que hasta ahora consideran segura. Ese es el verdadero riesgo. Suficiente para objetar la participación de Alberto Fernández en las primarias. Hasta ahora, el Presidente prefirió mantener la tensión: no solo desoye el pedido sino que parece envalentonarse en sentido contrario. ¿Razones políticas? ¿Psicológicas? ¿Ambas? Difícil saberlo. A quienes estuvieron con él esta semana en Ushuaia, como el gobernador Melella, les llamó la atención la despreocupación y hasta los chistes que hacía durante la comida el jefe del Estado.

Que Máximo Kirchner y su gente supongan que el próximo gobierno será víctima de una explosión social tiene una lectura obvia. Como casi todo el PJ, el diputado cree que al oficialismo le espera una derrota. Prematura, exagerada o certera, la predicción condiciona toda la estrategia del Gobierno y, a la vez, alienta a postularse a quienes tienen poco que perder. A Scioli, por ejemplo, que acaba de anunciarlo por carta en las redes, y cuya aspiración está condicionada, dicen en la Casa Rosada, a un acuerdo con el Presidente: competirá solo si este no lo hace.

A los empresarios les encanta la idea. “Va a tratar de llevarse bien con todos”, dijo el dueño de un grupo nacional. Scioli es, como Massa, el líder ideal para cualquier corporación. Su principal dificultad estará en todo caso en convencer al respecto a Cristina Kirchner, con quien no tiene buena relación desde la campaña de 2015. El embajador de Brasil no le perdona lo que cree que fue un boicot de la entonces presidenta a su proyecto. Es la principal conclusión que sacan quienes se le han acercado últimamente, y también la crítica que le hicieron no bien leyeron el texto, donde ni siquiera la nombra. “Se nota que se quedó con bronca; eso no suma”, razonó uno de ellos.

Pero Scioli no estará al menos obligado a mostrar resultados de gestión, una exigencia que sí le cabe a Massa, otro posible candidato. El líder del Frente Renovador atraviesa una etapa crítica. La inflación, la caída en la actividad y la escasez de dólares perturban no solo a su equipo, sino a unos cuantos hombres de negocios que, pese a la crisis, celebran tenerlo de interlocutor. Son inquietudes que no se aplacarán ni siquiera ante un éxito del ministro: si, por ejemplo, lograra estabilizar los precios y eso lo convirtiera en candidato, ¿quién podría asegurar un mejor sucesor?, se preguntan.

El Palacio de Hacienda está además lejos de traer buenas noticias. A veces carece hasta de la mínima coordinación. Germán Cervantes, subsecretario de Política y Gestión Comercial, y su jefe de Gabinete, Juan Fernández Díaz, ambos encargados de atender los pedidos de dólares para producir, este año se tomaron vacaciones al mismo tiempo y hubo tres semanas en las que los empresarios no sabían con quién hablar. Y Precios Justos, el programa con que el Gobierno pretende combatir la inflación, empieza otra vez a crujir. Hay algo que no cierra. Como los costos suben casi al 6% por mes, bastante más que la pauta de 3,2% de precios del acuerdo, a los fabricantes se les reduce el margen para trasladarlos. Hasta ahora se los aplicaban a almacenes y autoservicios, el segmento que no forma parte del programa, pero eso resta demanda y participación de mercado: ese canal, donde se hacía históricamente el 70% de las compras, recibe ahora el 62%. Y las diferencias de precio son cada vez más evidentes: si un mismo producto era entre 8 y 12 puntos porcentuales más barato en las grandes cadenas, la ventaja está ahora arriba de los 30. Un paquete de papas fritas puede costar hoy en un quiosco casi el doble que en una góndola.

Es un problema hacia ambos lados del mostrador. Para el público, que empieza a percibir un desabastecimiento que en algunos artículos llega al 50%, y para las empresas, que ven crecer el canal minorista que les da pérdida y atenuarse el rentable. Nada que no haya pasado en la historia de los acuerdos de precios ni que sorprenda: el kirchnerismo siempre se llevó mejor con los oligopolios que con los mercados atomizados.

Massa asume estas dificultades. Pero delante de los empresarios, cuando sale el tema, contesta que no tiene a mano otras herramientas en el corto plazo. Su acto reflejo vuelve a ser entonces sobreactuar. Hace dos semanas, la noticia de que el IPC de enero llegaría al 6% llevó al Palacio de Hacienda a apurar reuniones en la tarde de un domingo, 48 horas antes de la difusión del número, para cerrar acuerdos de precios con Mario Ravettino, líder del Consorcio ABC, que nuclea a los frigoríficos. Al día siguiente, víspera del anuncio del Indec, Massa ya tenía acuerdos para 7 cortes de carne que ya casi no se encuentran.

Las clausuras o sanciones a supermercados forman parte de lo mismo. No hay que olvidar que el massismo está poblado de dirigentes con carreras políticas propias. Tombolini, secretario de Comercio, tiene hasta un partido propio, APPS. A veces el apuro lleva incluso a fallar en la difusión. No se llegó a aclarar, por ejemplo, que la clausura a la sucursal de Jumbo en San Martín obedecía a una ordenanza municipal contra incendios y no a incumplimientos de Precios Justos. Emiliano Coccaro, el funcionario que aparece explicando los operativos en los videos de la Secretaría, publicó al día siguiente una sanción a Carrefour como historia en su cuenta personal de Instagram, donde en realidad promociona una actividad personal: asesoramiento para adicciones de todo tipo. “Sumate y colaborá con la problemática”, propone Coccaro, al lado de un video en el que relata la multa al supermercado. Exgerente de Fishbone SRL, administradora de pubs, boliches y locales gastronómicos, Coccaro es desde hace tiempo un incondicional de Tombolini y hasta un apuntalador de campañas. Facilitó en su momento el lanzamiento de APPS en la discoteca Morocco y, en 2019, aportó 25.000 pesos para Consenso Federal, la fuerza de Roberto Lavagna. Ya en 2015, dueño de la carnicería Carnes Morales, había sido en más de una ocasión entrevistado por Efecto Argentina, un programa de televisión que Tombolini conducía en América 24. Era un ciclo interesante. El conductor, entonces también crítico del control de precios, organizaba debates entre analistas y daba consejos económicos que publicaba después en Twitter. Su posteo del 11 de junio de 2015 está más vigente que nunca: “Decirle a un argentino que piense ahorrar en pesos es como pedirle a alguien que está en el desierto que piense ahorrar en helados”.

Es la Argentina de siempre: problemas estructurales frente a una dirigencia que intenta resolverlos con medidas en las que no cree. La novedad para el próximo mandato reside en que, de tanto fracasar, lo redituable será ahora cascotear desde afuera. Se entiende: lleva menos tiempo y habrá quien lo pague.

Por Francisco Olivera

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