Tomas de colegios: como en la perinola, todos pierden

Cada año asistimos a un evento mediático llamado “tomas de colegios”. Durante unos pocos días, en un grupo reducido de colegios secundarios –casi siempre los mismos–, que no superan el 10% de la totalidad de los establecimientos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y no alcanzan al 1% a nivel nacional, se altera de forma intempestiva la institucionalidad de la escuela, interrumpiéndose el dictado de clases. Las mismas clases de las que fueron privados nuestros niños y jóvenes de forma irresponsable durante muchos, muchísimos meses a lo largo de la pandemia, y que le ha costado a nuestra sociedad que miles de jóvenes hayan dejado definitivamente el sistema educativo y que el resto de ellos carguen con una mochila de conocimientos y habilidades bastante más liviana cuando logren finalizar sus estudios.

Cabría preguntarse dónde estuvieron las voces en ese entonces demandando la defensa de los derechos de todos estos niños y adolescentes. No parece que ninguno de los reclamos que escuchamos esgrimir a los dirigentes estudiantiles estén a la altura de semejante medida: el cierre de su escuela. En todo caso, no los hemos escuchado o visto peticionar ante las autoridades –su legítimo derecho– usando otras estrategias, que podrían haber incluido el uso de las redes sociales tan afines a su generación. Pero lo grave es que en este contexto se rompen todas las relaciones de cohesión de la escuela, de modo que directivos, docentes, estudiantes y familias dejan de ocupar el lugar que la sociedad ha decidido otorgarles y luego debe volver a restituirse la convivencia escolar, no sin perjuicio para todas las partes y que no en pocos casos sufren las consecuencias de la instalación de una intolerancia que nada tiene que ver con un clima propicio para el aprendizaje.

¿Cómo se llega a esta situación? Los estudiantes afirman que “democráticamente” y en asambleas votan la toma. Lo primero cuestionable es por qué ellos creen que siendo solo una parte de la comunidad educativa pueden avasallar los derechos del resto de sus miembros. En principio, docentes, autoridades y familias no tienen ni voz ni voto. Tampoco tendría sentido que así ocurriera, porque lo que estos jóvenes proponen votar es una acción ilegal como la toma por la fuerza de un edificio público, que está sancionada en el artículo 60° del Código Contravencional de la CABA aprobado por la Legislatura en 2018. Sin embargo, una parte de los estudiantes desconocen que la educación de todos ellos es un derecho humano fundamental, reconocido en la Constitución de la Nación Argentina, en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Convención de Derechos Humanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño aprobada por ley 23.849, la ley N° 114 y los pactos internacionales que toda la sociedad y, en particular, cada gobierno deben garantizar. Adicionalmente, la “toma” vulnera otro derecho fundamental: el de enseñar. Así, cientos de profesores ven vedado su derecho a trabajar e incluso a tomar cargos vacantes.

¿Quiénes más se damnifican con esta medida? Es el caso de las escuelas que además de contar con el nivel secundario tienen nivel inicial y primario. Se ocasiona no solo un perjuicio educativo a esos chicos, sino un disloque en la rutina de sus familias. También se ven dañadas las escuelas que comparten edificios, ya que es bastante común que en un mismo establecimiento convivan más de una institución educativa, alojadas en cada uno de los tres turnos: mañana, tarde y noche.

¿Quiénes ganan o pierden cuando la “toma” finaliza? Como en el juego de la perinola, todos pierden. Pero los que más pierden son los propios estudiantes, que no habrán tenido la oportunidad de haber participado de esa clase única y magistral que todos recordamos de nuestra historia escolar: aquel gesto, aquellas palabras, aquella lectura o simplemente aquel acercamiento en el que nos preguntaron “qué te está pasando”. Para muchos la escuela es la única oportunidad, para cada uno de ellos cada día sin clases tiene un impacto negativo difícil de mensurar.

Entonces ¿qué podríamos hacer para que no lleguemos a esta situación y los jóvenes cuenten con un espacio de discusión con los adultos conducente? Mi experiencia como docente a lo largo de 35 años y directivo por unos 20 años en la escuela pública me ha enseñado que en la mayoría de los casos los problemas y las tensiones que se generan dentro de la escuela pueden resolverse en el interior de ella. Con esto quiero decir que ante las peticiones del estudiantado debe ser la propia escuela, a través de las gestiones de las autoridades escolares, y sus órganos colegiados, como el Consejo de Convivencia, quienes deben mediar y resolver dentro de su marco de acción estos reclamos, usando todas las instancias de consulta y de diálogo disponibles. Para que ello sea posible es requisito empoderar a la mismísima institución escolar a la que le deleguemos esta tarea formidable. Es decir, hay que generar normativa escolar que establezca con toda claridad y precisión que nadie puede tomar la escuela ni interrumpir unilateralmente las clases. Dotar de estas atribuciones a los distintos miembros de la comunidad, incluidos los directores y vicedirectores para gestionarlas de forma democrática, conlleva una responsabilidad de la que deben dar cuenta, tanto ante su comunidad educativa como la de sus superiores. Porque hay algo que cada día debe ser más claro para los jóvenes y es que si una norma establece que algo no se puede hacer y hay adultos facultados para hacerla cumplir, ellos, como parte de su aprendizaje en la construcción de su ciudadanía, deberán afrontar las consecuencias de transgredirlas. Ya que es la escuela el lugar para aprender a vivir en democracia y en ningún caso el lugar de la anomia.

De todos modos, lo que es más significativo a lo largo de estos días acalorados en estas instituciones es que no se discuten los temas nodales. No lo hacen los jóvenes y tampoco lo hacemos mayoritariamente los adultos. Es, por ejemplo, cómo ha crecido la desinversión educativa a lo largo de los últimos años, tanto a nivel nacional como en muchas jurisdicciones, lo que muestra que la educación no constituye una prioridad para los gobiernos, que, para peor de males, subejecutan presupuestos aprobados por legislaturas de diversos colores políticos que han reducido progresivamente los fondos destinados a programas fundamentales tendientes a garantizar igualdad de oportunidades y educación de calidad a todos nuestros niños y jóvenes.

Educador, exrector del Colegio Nacional de Buenos Aires. Director de la EFO