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Un antes y un después ante el silencio que imponía la dictadura
A 40 años de la visita a la Argentina de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dos testimonios sobre un punto de inflexión en la historia democrática del país
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LA NACION
El arribo de la CIDH en 1979 marcaría un antes y un después en un país sumido en el silencio ensordecedor que imponía la dictadura. La cola de miles de familiares de presos y desaparecidos en Avenida de Mayo para presentar sus denuncias y poder sacar a la luz el capítulo más oscuro de nuestra historia logró resquebrajar la idea de que el régimen no solo era impune, sino también indestructible. Mi madre, Matilde, formó parte de esa larga y valiente procesión de familiares que visibilizaron lo "invisible". Asentó la denuncia por la detención de mi padre, Jorge Alberto Taiana, la mía y la desaparición de mi primo, José Manuel Puebla.
Desde la cárcel de Rawson, donde me encontraba entonces a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, pude dar testimonio en nombre propio y de otros detenidos, sobre los numerosos casos de desapariciones, asesinatos, torturas y, en particular, las ejecuciones extrajudiciales de detenidos, como las ocurridas en el Pabellón de la Muerte en la Unidad Nº 9 de La Plata, donde estuve alojado y fui testigo. En ese momento, no podría haber sospechado que quince años más tarde -con mi libertad y la democracia sólidamente restauradas-, el destino me llevaría por varios años a conducir visitas tan importantes como esta en otros países de la región, en mi rol de secretario ejecutivo de la CIDH.
Las imágenes de esos días de septiembre quedarán grabadas como el principio del fin del terror, de la complicidad, de la ignorancia, del "no te metás". Entre el 6 y el 20 de septiembre, los miembros de la CIDH condujeron una visita exhaustiva, basada en entrevistas con autoridades y representantes de los principales ámbitos de la vida nacional, así como inspecciones a cárceles y centros clandestinos de detención en varios puntos del país, e incluso en la ESMA, cuyas instalaciones fueron especialmente remodeladas para encubrir el horror.
El "Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en la Argentina", publicado en 1980, analiza las graves violaciones al derecho a la vida, la integridad y libertad personal, el debido proceso, la libertad de expresión y los derechos políticos. Destaca la suspensión de garantías, la situación de defensores de derechos humanos y el futuro de la democracia, y aporta de manera clave a la conceptualización del crimen de desaparición forzada de personas. Sus conclusiones y recomendaciones desnudan la responsabilidad del Estado por la comisión de estos crímenes.
En respuesta, la dictadura negó las conclusiones del informe, censuró el documento e inició una ofensiva diplomática en la OEA y en la ONU. A pesar de esto -gracias a la valentía de Emilio Mignone, familiares y militantes políticos-, el informe ingresó clandestinamente en el país, se difundió en el exterior y se convirtió en un símbolo de la verdad y de la importancia de recuperar el Estado de Derecho.
Con el retorno de la democracia en 1983, el informe y los archivos de la CIDH se convertirían en una de las principales fuentes para reconstruir lo sucedido e iniciar el largo camino hacia la verdad, la justicia, la reparación y la memoria.
La Argentina democrática desde sus comienzos respaldó la labor de los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos como una política de Estado. Por eso durante mis siete años de gestión en la Cancillería, impulsamos en la política exterior su promoción y protección, entendiendo que democracia, desarrollo y derechos humanos conforman un trinomio indisoluble. Una Argentina con alto perfil en la materia consolidó su identidad como nación y acrecentó su capacidad para liderar un tema fundamental para la comunidad internacional.
En tiempos en que en el mundo, la región y el país se retrocede en la vigencia de derechos esenciales y crecen la discriminación, el racismo y la xenofobia, es lamentable que el Gobierno -y el propio presidente- promueva iniciativas regionales destinadas a socavar la independencia y la efectividad de la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos. A cuatro décadas de un evento clave en la historia democrática del país, resulta necesario retornar al respaldo a la protección internacional de los derechos como uno de los ejes distintivos de nuestra política exterior.
Excanciller, exsecretario ejecutivo de la CIDH
Jorge Taiana
LA NACION
