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Un Banco Central a prueba de los políticos
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PARA LA NACIONMartín Redrado
La Argentina necesita transformar la discusión sobre la Carta Orgánica del Banco Central en un punto de inflexión en nuestra historia económica. No alcanza con ordenar la coyuntura: resulta necesario construir un enfoque que sobreviva a los gobiernos y que vuelva a darnos a los argentinos una institución esencial para desarrollar una estrategia de crecimiento sustentable.
Las experiencias internacionales en países emergentes muestran que uno de los principales riesgos de las autoridades monetarias es la administración de los flujos financieros globales. La volatilidad que hoy muestran los mercados de capitales hace necesarias políticas anticíclicas que permitan morigerar “shocks externos” que afecten nuestras economías.
En este contexto, la definición de un nuevo marco institucional para el Banco Central de la República Argentina debe tener dos características centrales, a saber: independencia operacional, es decir, sin ninguna injerencia en el manejo de los instrumentos de política, y prohibición lisa y llana de los adelantos transitorios (artículo 20) para eliminar cualquier utilización de la emisión monetaria para financiar déficit fiscal. De esta forma, el concepto de independencia no significa aislamiento, así como la coordinación con el resto de la política macroeconómica no significa subordinación.
La mejor contribución que puede hacer un Banco Central al crecimiento y al empleo es jerarquizar el objetivo de la estabilización de los precios y asegurar la estabilidad monetaria y financiera (con el factor diferencial de que Argentina es un país bimonetario de hecho). Cuando la moneda deja de ser una reserva de valor, se acortan los contratos, se castiga el salario y desaparece el ahorro en moneda local y el crédito de largo plazo. Un claro ejemplo lo sufrimos en la década que siguió a la intervención “de facto” del Poder Ejecutivo Nacional en febrero de 2010, profundizada con la reforma de la Carta Orgánica en 2012. La producción nacional ingresó en una etapa de estancamiento mientras los precios exhibieron una tendencia claramente creciente, alcanzando los tres dígitos anuales en 2023 (frente al 13,5% promedio de 2009). Una ley no explica por sí sola esos resultados, pero sí define incentivos, límites y señales de credibilidad.
Quienes somos hacedores de políticas públicas tenemos la obligación de plantear acciones concretas en pos de adoptar soluciones para nuestro futuro. Solo aspiro, basado en mi experiencia local e internacional, a que sirvan como lineamientos para dotar al Banco Central de una independencia funcional, orgánica y de objetivos que resulte robusta frente al ciclo político argentino, considerando las referencias a las enseñanzas y modelos probados aquí y en el mundo.
El eje conductor de todas las propuestas es el mismo: el Poder Ejecutivo Nacional dispone hoy de palancas de nombramiento, remisión de presupuesto y financiamiento directo que le permiten condicionar al organismo monetario en cualquier momento del ciclo político. Una reforma que module solo algunos de estos ejes, deje al resto intactos y al andamiaje legal, resulta insuficiente en la práctica.
Una nueva Carta Orgánica debe eliminar toda vía de financiamiento al sector público, tanto en pesos —como ya se explicó— como también en dólares, vía Letras Intransferibles. En países como Brasil (1988), Chile (1989) y Perú (1993) incluso se incorporaron resguardos constitucionales fuertes para evitar que el Banco Central sea la ventanilla financiera del gobierno.
Más aún, resulta necesario revisar la integración del efectivo mínimo (encajes) con títulos públicos (artículo 28.º), porque a través de la tenencia de bonos del Tesoro Nacional se constituye una forma indirecta de financiar al sector público. Esta modificación debe ser compensada por una baja en igual magnitud de los encajes, lo que permitirá impulsar el crédito y converger a parámetros internacionales. Así como se debe evitar el financiamiento al sector público, también se debe evitar la emisión para “auxiliar” a las entidades bancarias. Por lo tanto, resulta necesario revisar el artículo 17, inciso f), que admite adelantos del BCRA al sistema financiero.
Con una mirada estratégica, la futura Carta Orgánica debe incorporar las nuevas formas digitales que puedan afectar pagos, moneda, ahorro, estabilidad financiera, protección del usuario, ciberseguridad o prevención de lavado. En los últimos años, la agenda de los bancos centrales ha incorporado cuestiones como monedas digitales, stablecoins, tokenización y proveedores de activos virtuales. En la región, Chile modificó, en 2023, la Ley Orgánica Constitucional del Banco Central para contemplar ciertas representaciones digitales, electrónicas o informáticas vinculadas a órdenes de pago y divisas. Uruguay, mediante la Ley 20.345 de 2024, incorporó a los proveedores de servicios sobre activos virtuales al perímetro de regulación y control del Banco Central del Uruguay. Brasil, por su parte, aunque no reformó la carta orgánica, asignó por ley de 2022 y decreto de 2023 al Banco Central do Brasil competencias para regular, autorizar y supervisar a prestadores de servicios de activos virtuales. Son apenas algunos ejemplos de una tendencia regional que muestra que la arquitectura institucional de los bancos centrales debe prever herramientas suficientes para responder a innovaciones financieras digitales sin perder de vista su mandato principal.
Por último, para lograr un organismo a la altura de los desafíos del siglo XXI, resulta necesario eliminar la figura del nombramiento en “comisión” de los miembros del directorio (artículo 7), pues se ha utilizado en los últimos años para eludir el filtro real del acuerdo del Senado de la Nación. Más aún, el directorio debe ser reducido de un número de diez a cinco integrantes (presidente, vice y tres directores) con mandatos de cinco años, no coincidentes con el ciclo presidencial, y junto a una renovación escalonada. Todos ellos deben ser reconocidos profesionales en el campo económico, monetario y financiero.
Desde luego, en el tránsito hacia una nueva Carta Orgánica se debe clarificar el régimen monetario y cambiario para salir de la coyuntura del día a día y, de esta forma, consolidar una macroeconomía que garantice un equilibrio general para todos los sectores de la economía.
Sin una regla institucional que impida volver a financiar el déficit con emisión y sin autoridades que puedan ejercer su mandato con independencia, la estabilidad será siempre transitoria. La Argentina necesita un Banco Central autónomo y coordinado, con una misión clara, reglas permanentes y capacidad de asumir los desafíos futuros.
El autor es Director de la Fundación Capital
Tipo de trabajo:
análisis
