Un corporativismo incompetente en lugar de la república

Por Dante Ariel Giadone y Thomas Scheetz

La Argentina, donde la Constitución formalmente proyectó una república democrática, está siendo reemplazada por un sistema corporativo, incompetente, sin moral pública y sin control, todo porque el Estado no cumple las funciones esenciales para asegurar el bienestar del pueblo en su conjunto. Sus funciones están en manos de las corporaciones estatales y no gubernamentales que resuelven los negocios públicos con un creciente grado de corrupción que aumenta la pobreza por falta de generación de riqueza. Sin embargo, el humanismo liberal y democrático de los fundadores de la organización nacional no puede ser erradicado totalmente porque forma parte de las raíces más profundas de la nacionalidad.

El corporativismo se define como una doctrina política y socioeconómica que propugna la agrupación de los individuos de una misma profesión o sector en corporaciones. Allí el poder de decisión está en las manos cuasi-dictatoriales de los jefes de las organizaciones y no de las personas

El corporativismo se define como una doctrina política y socioeconómica que propugna la agrupación de los individuos de una misma profesión o sector en corporaciones. Allí el poder de decisión está en las manos cuasi-dictatoriales de los jefes de las organizaciones y no de las personas. Si bien la Argentina es esencialmente corporativa, muestra idiosincrasias particulares. En nuestro país las elecciones resultan en la captura de instituciones del Estado como un botín, donde el partido victorioso tiene derecho a colocar a los amigos, sin criterio de méritos o idoneidad, en cualquier puesto, desde el más alto hasta el más bajo, en la Administración que controla. Un servicio civil al estilo inglés no existe. Los líderes de las facciones prefieren burócratas leales antes que actores competentes. El poder del jefe proviene de su dominio de la estructura del grupo y no de su pericia. El jefe distribuye poder, cargos y dinero. En tal situación crece el clientelismo, el amiguismo, la burocratización y "autorizaciones" (decretos o resoluciones para todo). Así está el Estado gigantesco en la Argentina que desplaza al sector privado.

Con esto no pretendemos decir que las organizaciones no sean necesarias, pero existe una gran diferencia entre las organizaciones de un sistema democrático y las de un sistema corporativo de la "comunidad organizada". Uno de los principios básicos de la democracia es que las personas son la unidad de valor en el ordenamiento de la sociedad. Este principio deriva del liberalismo humanista y perdura en las democracias. El corporativismo cuestiona este principio egocéntrico, pero incurre en el defecto contrario de sacrificar la libertad individual al poder de las organizaciones. La forma democrática de gobierno trata de armonizar estos principios opuestos que generan una constante tensión en las sociedades.

Aquí existen innumerables corporaciones: la política, la judicial, los sindicatos y el empresariado, las fuerzas armadas y de seguridad, los servicios de inteligencia, Aerolíneas Argentinas y el sindicato de camioneros, la Anses, los bancos y muchas otras. En todas las corporaciones hay personas honestas y competentes, que tienen valores personales contrarios a los corporativos, pero con frecuencia deben resignarlos ante los valores corporativos impuestos por quienes tienen el poder de decisión.

El costo laboral de estas corporaciones públicas, que incluye no solo los sueldos que se fijan los mismos funcionarios, es muy alto comparado con esos costos laborales en otros países. Esto ocurre por falta de control del Poder Ejecutivo, del Congreso, o del Poder Judicial. Aunque el presupuesto debe ser aprobado por el Poder Ejecutivo y el Congreso, el control es solo formal porque todos los involucrados también perciben altas remuneraciones y, en general, no acceden a su puesto por sus capacidades. La clase media está cada día más abrumada por los impuestos y más pobre, mientras advierte que el alto funcionariado vive momentos de gran bonanza económica sobre la base de un déficit crónico.

La corporación política es la que gobierna directa o indirectamente. La constituyen a nivel nacional, provincial y municipal los legisladores, los dirigentes de los partidos políticos, los altos funcionarios del poder administrador. El rasgo esencial de la corporación política es que, por falta de control, genera valores propios contrarios a la finalidad de la función que debe cumplir. El Estado corporativo ha reemplazado en el cumplimiento de sus funciones a las instituciones creadas por la Constitución para asegurar el bienestar general, en el marco de una república fundada en el principio de la soberanía popular.

El Congreso con frecuencia delega sus atribuciones en la administración, y el control que ejerce sobre ella no existe o es superficial. El rol actual de las legislaturas es controlar a la administración más que legislar. Los poderes de organización y control del Congreso se sustentan en el art.75 inc. 32 de la Constitución, norma que se corresponde literalmente con el art. 1, Sección 8 de la Constitución de Estados Unidos. Allí el control de las Comisiones del Congreso es amplio y profundo desde que existe el gobierno federal. En nuestro Congreso ni los legisladores, ni las comisiones están preparados ni organizados para cumplir esta función esencial. El caso más notorio es lo que ocurre con la deuda pública. Si hubiera un control del Congreso sobre la Administración, la nación no estaría en permanente bancarrota. Lo mismo ocurre con el presupuesto nacional llamado. Como el jefe de Gabinete tiene la facultad de reasignar las partidas del presupuesto, el resultado es que el que se ejecuta no representa la voluntad de los legisladores sino la de los funcionarios de la Administración. El resultado es déficit fiscal, inflación, y pobreza.

Los legisladores no han legislado una reforma electoral que disponga la elección de los diputados por circunscripción, eliminando las listas sábanas. Este sistema rige en Inglaterra desde hace siglos. Es obvio que la mayoría de los legisladores no lo hace porque las listas-sábana las confeccionan las autoridades partidarias y los candidatos, una vez electos, responden a ellas y no a los electores. ¿Quién le escribe una carta a un legislador enrostrándole que no cumplió con su promesa electoral? Es obvio que no se hace la reforma porque la mayoría de los legisladores no quiere perder sus privilegios. También es increíble la cantidad de empleados que tiene la administración pública: nacional, provincial y municipal. En total hay en el país 4 millones de agentes públicos (en 2004 c. 1 millón) y no tenemos un Estado eficiente. El Estado gasta alrededor del 45% del PBI, desplazando así al sector privado. Según datos de la OECD en 2007 ese gasto era 24,5%.

La corporación judicial es la más eficaz en defensa de sus privilegios, en especial los de contenido económico: remuneraciones y jubilaciones para jueces, fiscales, secretarios y otros funcionarios, elevadísimas si se las compara con las que perciben los empleados en la sociedad civil y buena parte del resto de la administración pública. El horario de trabajo de los empleados y de atención al público es privilegiado, igual que las vacaciones de verano e invierno.

Reflexión final: el Estado corporativo es la consecuencia de una sociedad corporativa donde los privilegios de los menos han provocado la pobreza de los más. Hasta que la ciudadanía no exija un cambio en la manera de conducir el Estado, el perpetuo déficit fiscal, la deuda pública, la inflación y la creciente pobreza seguirán impulsando nuestra decadencia crónica.