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Un intendente escandaloso
El jefe comunal de Escobar y sus acólitos en el Concejo Deliberante alientan jugosos y cuestionables negocios con bienes que son de la comunidad
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LA NACION
Muchos vecinos de Escobar se preguntaban en 2015 quién era Ariel Sujarchuk, el candidato a intendente por el Frente para la Victoria (FPV). Vecino del distrito, se vio beneficiado por una apabullante campaña publicitaria que cualquier candidato hubiera envidiado. Tan fuerte fue el apoyo político y económico que obtuvo por parte del kirchnerismo que, ya antes de los comicios que lo ungieron como jefe comunal, Sujarchuk se manejaba en Escobar como el intendente en las sombras.
Recientemente, fue sobreseído de modo escandaloso por Adrián González Charvay, juez federal de Campana, en una causa que lo involucraba en el desvío de fondos públicos del plan Argentina Trabaja, precisamente, para su campaña política. La fundada sospecha era que los fondos de las cooperativas de trabajadores destinados a tareas de infraestructura y limpieza fueron usados para abonar facturas por servicios que jamás se concretaron.
Sujarchuk fue funcionario de Alicia Kirchner en el Ministerio de Desarrollo Social y tuvo un cargo en la UBA, donde se lo recuerda por sus destratos y su absoluta discrecionalidad en el manejo presupuestario.
La denuncia por la que recientemente fue sobreseído involucraba unos 9 millones de pesos. La causa, a lo largo de 4000 fojas, cuenta, entre otras cosas, con un informe del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes), que dio cuenta de domicilios apócrifos y otras irregularidades de las cooperativas beneficiarias. Es más, consta también el testimonio de la responsable de una de esas entidades, que asegura que Sujarchuk solía pedir a los alumnos que cursaban allí estudios que armaran reuniones políticas en su favor.
El informe reveló que 13 de las cooperativas del programa no existían en los domicilios declarados, incluso algunos coincidían con la sede de la intendencia, y que otras 13 directamente no existían. De todas las cooperativas que pudieron ser relevadas, ninguna poseía los libros obligatorios, que eran retenidos por los imputados, indicio claro de que los trabajos no se realizaban. También se descubrió que algunos de los mayores proveedores que vendían los insumos para las cooperativas del programa, a quienes se les pagaron importantes sumas de dinero, no existían tampoco en los domicilios declarados, lo que revelaba otro indicio de la presunta malversación de caudales públicos por parte de Sujarchuk.
A lo largo de los dos años de trámite de la causa, la complacencia de la justicia federal no fue inocua, pues permitió, según resulta de las oposiciones formuladas por la minoría que representan los concejales de Cambiemos en el Concejo Deliberante, que el intendente Sujarchuk pactara con importantes desarrolladores inmobiliarios la realización de emprendimientos comerciales que invadían los humedales del distrito.
A ello hay que sumar la venta de tierras fiscales a precio vil, una práctica que el actual jefe comunal parece haber aprendido de algunos de sus más prominentes compañeros de ruta kirchnerista de la Patagonia.
Otro escándalo de proporciones al que se lo vincula fue el que terminó con la destitución del presidente del Concejo Deliberante, Jorge Cali, más conocido como "Acero" Cali, un ex luchador de kick boxing, guardaespaldas del violento ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno y punta de lanza del kirchnerismo en enfrentamientos públicos.
Cali había conseguido su banca integrando la lista de concejales del FPV en Escobar y llegó a ocupar la presidencia de ese cuerpo, hasta que en diciembre pasado lo destituyeron por su vinculación con el desarrollo de un parque de esparcimiento privado destinado a deportes acuáticos por instalarse sobre los humedales del distrito, a pesar de que existían una resolución provincial y otra judicial que taxativamente lo impedían.
La maniobra de Cali iba a ser posible merced al aval que en el Concejo Deliberante le habían otorgado los ediles adeptos a Sujarchuk, quienes aprobaron una ordenanza con ese propósito.
Respecto de los desarrollos inmobiliarios, las autoridades políticas de Escobar también se han mostrado dispuestas a sellar acuerdos desfavorables para los vecinos al aprobar en forma irregular trámites para cuestionables emprendimientos. Se establece, por ejemplo, que los desarrolladores deben ceder un porcentaje de las tierras para ser destinadas a espacios verdes para esparcimiento comunitario. A tal efecto, las cesiones de tierra fijan los porcentajes comprometidos para aprobación de los proyectos, pero simultánea y espuriamente también suscriben convenios con el propio municipio para la recompra de las tierras que cedieron.
En los expedientes municipales se hacen figurar como valor de referencia por los terrenos fiscales unos 10 dólares por metro cuadrado, cuando el desarrollador luego los vende a 100 dólares.
La idoneidad ética y la transparencia de la gestión del funcionario se encuentran claramente en jaque. El propio Concejo Deliberante parece acompañar algunas turbias maniobras, como cuando, por ejemplo, trató en agosto pasado un expediente por el que se proponía permutar unas parcelas que un comisionista que no denunciaba comitente había comprado junto al cementerio municipal en la suma de 150.000 dólares por otras de propiedad del municipio, valuadas en 480.000 dólares, accediendo a canjear tierras del Estado con una significativa pérdida económica para las arcas oficiales.
En Escobar, una ínfima parte de la población tiene cloacas y accede a la red de agua potable. Las carencias en el área de salud también son notorias. Mientras tanto, el intendente y sus acólitos en el Concejo Deliberante, lejos de desempeñarse como servidores públicos, continúan concretando jugosos y cuestionables negocios con bienes que pertenecen a la comunidad.
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