¿Un nuevo avance contra la libertad de expresión?

Hace unos días, la institución estatal Defensa del Público ha creado un Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales, denominado NODIO.

En su presentación, el sitio oficial de la Defensa del Público sostiene que "se trabajará en la detección, verificación, identificación y desarticulación de las estrategias argumentativas de noticias maliciosas y la identificación de sus operaciones de difusión".

Y continúa: "En la actualidad, los medios convencionales y el mundo digital tienen múltiples intersecciones y ya no son universos separados. Internet potenció la libertad de expresión ciudadana. A pesar de que este escenario ampliado está caracterizado por una alta concentración, el acceso masivo a la información mejoró ciertos procesos democráticos y los hizo más participativos e inclusivos. Sin embargo, también contribuyó a la propagación y viralización de desinformación o información maliciosa, fomentada por las lógicas de funcionamiento de las redes digitales, lo que representa un problema para el desarrollo de la vida democrática".

Reflexionando sobre la cuestión, vale preguntarse: ¿quién o quiénes tienen la autoridad para decir si algo "desinforma"? O desde otra óptica: ¿no se está violando el Artículo 14 de la Constitución Nacional que le garantiza a los ciudadanos argentinos el derecho de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa?

Es llamativo que lejos de pensar en transparentar la información mediante la absoluta garantía del acceso a la información pública (muchas provincias y municipios parecen estar años luz), se piensa en doctrinar un pensamiento único, rasgo característico de regímenes autoritarios.

El politólogo Robert Dahl vislumbra con su idea de democracia como modelo perfecto, un valor universal, sobre el cual las poliarquías deben aspirar a mejor. Justamente uno de los pilares de las poliarquías es la libertad de expresión. Lamentablemente, el gobierno nacional parece tomar otro rumbo, menos tolerante a la crítica con pretensiones de instalar un pensamiento único y verdadero.

Que retroceso implica pensar, en el siglo XXI, que haya ideas "más verdaderas" que otras, como si en las ciencias sociales existiera la objetividad. Es por eso que es preocupante el anacronismo de este planteo, que espanta al debate y pretende instalar una mirada como la única y verdadera.

El gobierno vuelve a tomar un camino equivocado. Necesitamos escuelas abiertas para el debate, la formación crítica y no dogmática. Necesitamos un debate serio sobre la justicia. Necesitamos menos imposición y más construcción cívica. Contrariamente, se fomenta el asistencialismo como único horizonte de política pública y se castigue el mérito como si estuviese mal o fuera elitista esforzarse para ser mejor persona día a día.

Es deseable que de una buena vez demos los debates públicos que la sociedad necesita. Y que haya ley de acceso a la información pública y no esta máscara de persecución de las voces disidentes.

Licenciado en Ciencia Política (UBA). Docente en UBA y Universidad Torcuato Di Tella