Un pernicioso cambio de reglas

Comentaba días atrás que el Gobierno ha producido una implosión de la seguridad jurídica, alterando radicalmente las reglas de juego al devaluar, congelar el dinero en los bancos y generar inflación, destruyendo la base contractual e institucional de la sociedad.

En esta línea avanza un proyecto de ley -que seguramente será aprobado hoy- que modifica el régimen de quiebras, suspende ejecuciones hipotecarias y prendarias y pesifica hipotecas privadas contratadas para la compra o refacción de viviendas.

En el dirigismo económico, la tentación de ser generosos con dinero ajeno es irresistible, y cada nueva medida provoca otros desajustes, introduciendo desigualdades entre acreedores y deudores, y aun entre éstos mismos: hay quienes se endeudaron para tener capital de trabajo, o mejorar la empresa, y quedan en peor situación que los destinados a la vivienda. Estimo que la Justicia declarará la inconstitucionalidad de algunas discriminaciones.

Las modificaciones a la ley de quiebras son tan perniciosas que cabe esperar el veto del Gobierno. En la práctica es una invitación a presentarse en concurso.

Al margen de la opinión que merecen las reformas, es importante analizar cómo se implementarán, pues acentuarán el colapso en que se encuentra la justicia comercial, donde no sólo no bajaron los juicios, como en el fuero laboral, sino que desde hace tiempo trabaja con luz roja, con su capacidad muy superada. Según Fores, en 2000 ingresaron 160.229 juicios (la máxima cantidad registrada para un fuero no penal), es decir, 6122 para cada uno de los 26 juzgados. Esta cifras son alienantes, y aun teniendo en cuenta que un 67%, o sea 107.421, son juicios ejecutivos que se intenta atender en cinco secretarías especiales, el remanente de más de 2000 juicios es impresionante. La Cámara Comercial, con 18.590 en trámite, resolvió 16.207, con un promedio anual de 572 por juez de cámara.

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Pese a ello, el fuero comercial recibe del presupuesto de la Justicia sólo $ 25 millones, cantidad que resulta ridícula comparada con los $ 32 millones de la Corte (un tribunal de 9 miembros y de 6000 expedientes anuales), los $ 19 millones de la Oficina Pericial, los $ 18 millones para la Cámara Federal de San Martín o los $ 16 millones para la Oficina de Mandamientos y Notificaciones. Con sólo un 4% del presupuesto, la justicia comercial atiende prácticamente el 18% de las causas que ingresan anualmente en la justicia nacional. (Para más información recomiendo la excelente página del Ministerio de Justicia, www.reformajudicial.jus.gov.ar.) Por carencias económicas, la informatización del fuero tuvo que hacerse en condiciones penosas, y aún debe mejorarse.

Una primera conclusión es se que debe evitar el colapso del fuero comercial, tan vital para la economía del país, y apoyar la experiencia piloto de juicios ejecutivos.

Otra conclusión es la ineficiencia que genera la compartimentalización de la Justicia y la irracionalidad en la distribución de sus recursos, con fueros descongestionados y ricos, y otros colapsados y sin recursos.

Son todas cuestiones, en fin, que deben encararse en la necesaria, urgente e impostergable reforma judicial, que podría comenzar con un plan de medidas mínimas e inmediatas de gran impacto como el que hace pocos días presentaron Fores e IDEA al nuevo ministro de Justicia, Jorge Vanossi, en tanto se pone en marcha el Plan Nacional de Reforma Judicial Nueva Justicia Siglo XXI.