Un poder que atienda al pueblo

Carlos Floria
Carlos Floria PARA LA NACION
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9 de marzo de 2012  

Un gobierno es "representativo" no al demostrar el control que tiene sobre sus gobernados sino, por el contrario, al demostrar que los ciudadanos tienen control sobre lo que se hace. En un gobierno representativo esta atribución tiene un sentido sustancial: el pueblo realmente actúa a través del gobierno; no es un receptor pasivo de las acciones de éste. Un gobierno representativo no debe limitarse a promover el interés público, sino que también ha de dar respuesta al pueblo. La idea guarda una profunda relación con la perspectiva de la representación como actividad sustantiva, tal como señala Hanna F. Pitkin en su obra The Concept of Representation (University of California Press. Los Angeles/London, 1972)

En un gobierno representativo los gobernados deben ser capaces de acción y juicio, y capaces también de iniciar la actividad gubernamental, de manera que pueda entenderse que el gobierno les da respuesta.

Tal como ocurre en una representación no política, el mandante no precisa expresar sus deseos, incluso puede no haberlos formulado, pero debe ser capaz de hacerlo. Cuando lo hace es para que se cumplan, a menos que exista una razón sólida (en términos de su interés) en contrario. En la misma medida, un sistema representativo exige que exista una maquinaria para dar expresión a los deseos de los representados y para que el gobierno responda a esos deseos a menos que haya buenas razones para hacer lo contrario.

No es preciso que exista una actividad de respuesta constante, sino que debe darse una condición constante de capacidad de respuesta, de estar potencialmente listo para responder. Un gobierno no representa únicamente cuando actúa en respuesta a un deseo popular expreso: un gobierno representativo es aquel que da respuesta a los deseos populares cuando los hay según los mecanismos institucionales que deben procesarlos.

Debido a que esta clase de representación política exige una potencial capacidad de respuesta y el acceso al poder más que su ejercicio efectivo, resulta compatible con el liderazgo y con la acción frente a situaciones nuevas o de emergencia. Por otro lado, es incompatible con la manipulación o coerción ejercida sobre el público.

La línea entre liderazgo y manipulación es tenue, pero existe; hay una diferencia y ésta hace que el liderazgo sea compatible con la representación, en tanto la manipulación, no.

Una persona puede ser liderada y no obstante ir por voluntad propia. Algo que es manipulado no se mueve por sí mismo. Un objeto inanimado puede ser manipulado, pero no puede ser liderado. Estos no son juegos de palabras, sino lo que se manifiesta cuando se quieren expresar diferencias rotundas entre relaciones democráticas y dictatoriales entre gobernantes y gobernados. Sin institucionalización, el ideal de representación no pasaría de ser un sueño vacío.

Como sostiene Hanna Pitkin, "las instituciones requeridas han diferido en momentos históricos diferentes. Pero los hombres siempre han procurado forjar instituciones que realmente produzcan lo que el ideal requiere", aunque haya tensión entre ideal y logro. Esa tensión no debería conducirnos ni al abandono del ideal ni a "retirarnos en una definición operativa que acepte cualquier cosa que aquellos habitualmente designados como representantes hagan, ni a que abandonemos su institucionalización y nos repleguemos de la realidad política". La cuestión tratada evoca la necesidad de una crítica vigilante que está en la lógica interna de las propuestas institucionales.

En esa clave, por ejemplo, la reciente convocatoria del Gobierno a la oposición para exponer su versión e interpretación de lo actuado en la cuestión Malvinas fue una discreta formalidad situada en un "foro/espectáculo" (la Casa de Gobierno), pero no un comportamiento propio de una democracia participativa.

Estas reflexiones no pretenden dramatizar a propósito de un comportamiento "situado", sino emplearlo como ilustración de la diferencia que existe entre un acto de información localizado en un ámbito preciso de gobierno para el ejercicio dialéctico de la política estatal y, por otro lado, una sesión apropiada para la expresión de la dialéctica natural entre gobierno y oposición. En esta última dialéctica, debería manifestarse el ejercicio pleno de la participación democrática, en el que la comunicación sucede entre gobierno y miembros de la oposición como parte de la representación política.

© LA NACION

El autor es profesor de análisis político en la UBA y en la Universidad de San Andrés

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