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Un símbolo emblemático de la mentira
El debate por los derechos humanos no es propiedad de ningún sector político; pretenderlo es desconocer, precisamente, los derechos de todos a saber la verdad
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LA NACION
El debate sobre el verdadero número de desaparecidos durante la última dictadura militar, sin duda el más trágico desencuentro en la historia de los argentinos, amenaza no sólo con aferrarse al presente, sino también con extender esa dolorosa controversia a las próximas generaciones. La evidencia más reciente de este conflicto no resuelto tuvo como protagonista al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, quien al ser consultado en La Pampa durante una charla sobre "Discriminación y acoso a los alumnos de la escuela normal", reiteró que "los 30.000 desaparecidos son un símbolo emblemático que la sociedad abrazó". Avruj planteó la necesidad de hablar sin ideologías sobre el tema y de que el debate no esté nunca viciado por la política. Recordó, además, que "el kirchnerismo no es dueño de los derechos humanos en el país ni de los juicios por los delitos de lesa humanidad, que, debemos reconocer, se llevaron adelante con el ex presidente Raúl Alfonsín".
La polémica sobre el número de desaparecidos, que los gobiernos del matrimonio Kirchner elevaron en forma oficial al número de 30.000, sin mayores explicaciones, remite a las advertencias que primero Maquiavello y más tarde Joseph Goebbel expresaron con aquello de "miente, miente y miente que algo siempre quedará". El riesgo con esta estrategia, en política sobre todo, es que cuando se trata de instalar en la opinión pública una mentira, nadie sabe, en verdad, el riesgo que asume, porque estará obligado a inventar veinte mentiras más para sostener la certeza de la primera.
Graciela Fernández Meijide -miembro de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep); madre de Pablo, a quien, con 17 años, los militares arrancaron para siempre de sus manos, y autora de Historia íntima de los derechos humanos en la Argentina hizo algo mucho más efectivo y honesto que entrar en la confrontación de los números oficiales. Averiguó de dónde salió y a quién se le ocurrió la decisión de poner sobre la mesa una cifra que fue homologada desde lo más alto del poder sin mediar ninguna precisión. En su libro, ella describe que los exiliados en España habían formado la Comisión Argentina de Derechos Humanos, pero sabiendo que por entonces no existía la figura de la desaparición forzada. Fue Eduardo Luis Duhalde quien le confirmó que pusieron ese número, el de 30.000, con el propósito de poder apelar a la figura del genocidio y denunciar lo que estaba ocurriendo en la Argentina. Posteriormente, Duhalde fue nombrado secretario de Derechos Humanos en el gobierno kirchnerista y convirtió la ficción en versión oficial al colocar la cifra de 30.000 en un nuevo prólogo del Nunca Más que escribió para colocar por delante del original, el de Ernesto Sabato.
Los 7954 casos documentados por la Conadep, argumenta Meijide, son un número que deja sin respuestas dos grandes preguntas. ¿Dónde están los nombres de esos veinte mil más? ¿Dónde sus familias y las correspondientes denuncias? Esa y no otra es la explicación por las que había tantas placas vacías cuando los presidentes Barack Obama y Mauricio Macri visitaron este año el Parque de la Memoria. El monumento fue concebido como un homenaje no sólo a las víctimas de la dictadura, sino también a 1053 personas que murieron antes del golpe de Estado, en democracia, muchos de ellas mientras atacaban cuarteles, comisarías, atentaban con explosivos o fueron fusiladas por sus propios compañeros, acusadas de traidoras o delatoras.
El periodista Ceferino Reato, en su libro Operación Primicia, nombre con el que Montoneros denominó el primer ataque de la guerrilla peronista a un cuartel del Ejército -el Regimiento 29 de Infantería de Monte, en Formosa, rescata un ejemplo que ilustra hasta límites extremos la volatilidad y la incoherencia con las que un hombre puede ser presentado al derecho o al revés ante la historia. Es el caso de Roberto Mayol, un soldado de 21 años, de clase media, formado con los jesuitas santafecinos, que un domingo, a la hora de la siesta, atacó el pabellón de la guardia, traicionó a sus camaradas y facilitó el ingreso de seis vehículos para que un grupo armado convirtiera el cuartel en un baño de sangre. Hubo 28 muertos, Mayol entre ellos. Pasó el tiempo y, en agosto de 2006, el nombre de Roberto Mayol fue grabado, junto al de otros compañeros, en una placa de bronce: es el recordatorio con el que la Facultad de Derecho de la Universidad del Litoral rinde homenaje "a las víctimas del terrorismo de Estado". No es sencillo decodificar el mensaje. ¿Qué impulso autista puede hermanar a las víctimas con los victimarios? ¿Cómo equiparar a los que entregan a sus compañeros a la muerte con aquellos que defienden el Estado de Derecho?
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