Una anomalía persistente, más allá del escándalo de las vacunas vip

Que el país tenga el mismo ingreso per cápita que en 1974 implica que desperdiciamos casi medio siglo para mejorar nuestro nivel de vida. En el ínterin, el resto del mundo, incluyendo casi todos los países emergentes, mejoró significativamente. Conclusión obvia y dolorosa: si el conjunto de la comunidad internacional experimentó un proceso de desarrollo tan envidiable y nosotros entramos en un laberinto del que no podemos (¿queremos?) salir, la clave del problema es interna. Esto implica que esta persistente anomalía se explica por algo en nuestras reglas del juego, en las políticas públicas implementadas en las últimas décadas y en nuestro comportamiento como sociedad, incluyendo el (dis)funcionamiento de nuestra clase dirigente.

La Argentina parece resignada a profundizar la decadencia: no se percibe un sentido de urgencia ni de alarma frente a semejante debacle. Los que pueden prefieren reconstruir sus proyectos de vida en el exterior: dilapidamos nuestro stock de capital humano, incluyendo un conjunto de emprendedores que generarán infinidad de proyectos innovadores, algunos de los cuales serán muy exitosos, en otras latitudes. Acosados por un Estado caro, ineficiente y productor de obstáculos kafkianos y regulaciones perversas, empresas y empresarios adaptan sus estrategias para sobrevivir minimizando los riesgos y aprovechando pasajeras ventanas de oportunidad: un entorno de negocios tan volátil e impredecible consagra el reino del cortísimo plazo.

En eso están también casi todos los miembros de la clase política. Los que lucran con el drama de la pobreza y la marginalidad (y vaya si fueron eficaces en multiplicarlas), amparados en una frágil narrativa igualitarista para esconder el business electoral del que depende su poder (incluyendo la capacidad de influir, o la pretensión de hacerlo, en otros poderes del Estado, a pesar de la independencia que consagra nuestra Constitución). Los que especulan con el desgaste que generarán en el electorado independiente y moderado, clave para definir el balance de poder si las elecciones siguen siendo razonablemente limpias, decisiones y actitudes discrecionales, irresponsables, inconducentes e improvisadas. En la medida en que continúe el formato actual de dos coaliciones grandes y heterogéneas dominantes, las torpezas (fuego amigo incluido) de una allanarán el camino para la alternancia. Finalmente, ganan espacio los segmentos “antipolítica”, que pretenden capitalizar el agotamiento social frente a los fracasos del Estado y la desidia, la charlatanería y la ineptitud de un sistema político disfuncional pero resiliente.

En este contexto, se pierde a menudo el sentido de proporciones y la jerarquización de las cuestiones que disparan escándalos. Con un riesgo país en torno a los 1500 puntos básicos, ningún proyecto de inversión es viable. Esto perpetúa y acelera nuestra perversa lógica de reversión de desarrollo. Parecemos conformarnos con semejante mediocridad a pesar de que otra vez el mundo nos ofrece una oportunidad extraordinaria: otro superciclo de altos precios de productos primarios podría permitirnos recuperar el tiempo perdido y volver a crecer de forma rápida y sustentable. Preferimos entretenernos en las consecuencias de los problemas en vez de poner foco (y resolver de una buena vez) sus causas. Política 3G.

Si no hubiesen acaecido los bochornosos sucesos de los últimos días, de todas formas la política sanitaria del gobierno nacional debería ser duramente cuestionada: el país carece de un número estimable de vacunas a pesar de las promesas de los funcionarios, entre ellos, el presidente de la Nación. Supuestamente, en abril llegará un número más significativo de dosis. Aun cuando sea cierto, lejos de considerarse un logro asignable a la descalabrada administración Fernández, se trataría de un fenómeno global: para entonces, la industria espera superar los evidentes cuellos de botella que limitan la oferta disponible. En Estados Unidos se calcula que habrá casi tres millones de dosis diarias, prácticamente el doble de las que se aplican hoy.

Luego de un año de pandemia seguimos sin realizar los testeos necesarios. Nadie puede argumentar que faltan reactivos: es, simplemente, otro síntoma de ineptitud.

Superados los 52.000 muertos, cultor de un nepotismo indigno y de un estilo de comunicación errático, contradictorio y ambiguo, hace tiempo que Ginés González García debió haber sido removido del cargo. Por lo anterior, Carla Vizzotti no parece el mejor reemplazo: implica continuidad en una gestión que solo los necios evitan catalogar como un fracaso. ¿En serio el exministro considera que su confesión pública generaría una crisis de gobernabilidad? ¿Se referirá a cuestiones relacionadas con la falta de vacunas, con el desmanejo general de la pandemia o con otros asuntos del gobierno nacional?

La salud pública no es la excepción a la regla: la economía sigue atravesando una situación desesperante mientras el Gobierno corre el foco al mediano y largo plazo sin ofrecer siquiera un diagnóstico descarnado del desastre heredado que se encargó, más allá del Covid-19, de empeorar. “Llevo 21 años cubriendo la Argentina, y debo confesar que nunca vi tan mal las cosas”, confesó un veterano ejecutivo de un importante fondo de inversión. El Gobierno suponía que la recuperación económica podría convertirse junto con la ejecución del programa de vacunación en dos pilares de cara al proceso electoral. El tercer eje era la unidad nacional, pero el propio Alberto Fernández dinamitó ese argumento con la ráfaga de acusaciones que descerrajó, tal vez demasiado temprano para él, el martes pasado junto a AMLO, y que involucró a los medios, la Justicia y la oposición. ¿Desde cuándo el Presidente supone que Oscar Aguad es responsable de las trágicas muertes de los 44 tripulantes del ARA San Juan? No siempre la mejor defensa es un buen ataque. Pero un mal ataque expone aún más las falencias argumentativas.

Alberto Fernández supone que si no hay delito penal, cosa que deberá determinar el Poder Judicial, no existe un motivo contundente para condenar a los privilegiados que se vacunaron sin ser personal esencial y los responsables políticos de disponer discrecionalmente de vacunas financiadas por los contribuyentes. Aun si se tratara de un problema moral o de una mera canallada… ¿Acaso el Presidente considera que semejante hecho debería ser ignorado por la sociedad y por los medios de comunicación?

Ofuscado por un escándalo que diluyó una buena idea lanzada en el peor momento (el Consejo Económico y Social) habría afirmado hace una semana que “con las vacunas no se jode”. ¿Con qué sí? ¿Qué otros ítems del presupuesto considera este gobierno que pueden ser asignados con criterios político-electorales, por amiguismo o por simple capricho de cualquier funcionario? Los problemas de tráfico de influencias, abusos de poder y conflictos de intereses son un clásico de nuestro país, no solo a nivel federal, sino también, y a menudo más exageradamente, a nivel provincial y municipal. Las investigaciones en curso seguramente depararán escándalos similares en otros distritos.

Ningún argentino puede asombrarse de que en cualquier repartición pública existan acomodos, favores o prerrogativas por parte de sectores privilegiados. En todo caso, todo esto debilitaría esa retórica pobretona y rimbombante con la que muchos funcionarios buscan disimular su accionar improvisado y zigzagueante. Cuidado con la utilización del calificativo “payasada”: puede convertirse en otro búmeran para una administración que se empeña en cometer todos los errores que están a su alcance.