Una candidatura que no garantiza la transparencia del gobierno
Recientemente, el jefe de Gabinete de Ministros, Santiago Cafiero, propuso como candidato al abogado Gustavo Fuertes para dirigir la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), es decir, para que se ocupe de garantizar la transparencia en el Poder Ejecutivo Nacional. Tamaña responsabilidad requiere de una persona idónea, con experiencia y conocimiento en temáticas como datos personales, libertad de expresión y, por supuesto, acceso a la información; y además, autonomía para controlar que los ministerios, empresas públicas y partidos políticos, entre otros, cumplan de manera correcta con estándares de transparencia. El problema radica en que el candidato propuesto por este mismo poder no cumple con ninguno de esos requisitos ni ofrece garantías de su autonomía.
Frente a esta grave situación, que afecta desde el derecho básico de la ciudadanía hasta el ejercicio periodístico, distintas organizaciones de la sociedad civil solicitamos a las autoridades que retiren la candidatura y propongan un nuevo perfil que cumpla con los requisitos mencionados. Mañana se realizará la audiencia pública, pero si el Poder Ejecutivo logra avanzar con el nombramiento está poniendo en peligro la información pública durante los próximos cinco años, tiempo que dura el cargo en cuestión.
Cuando hablamos del acceso a la información pública suele omitirse que se trata de un derecho humano necesario para el ejercicio de otros derechos fundamentales. Basado en los principios de transparencia y de publicidad de los actos de gobierno, su ejercicio permite que la ciudadanía pueda realizar un control sobre la función pública y participar en la toma de decisiones.
La Agencia de Acceso a la Información del Poder Ejecutivo Nacional es uno de los actores clave del sistema institucional en esta materia y su objetivo es proteger y garantizar este derecho. Entre sus funciones de control se encuentra la resolución de los reclamos de la ciudadanía cuando realiza pedidos de información pública y los organismos no los contestan o lo hacen de manera incompleta o errónea. Si no contáramos con este órgano de control, las distintas áreas del gobierno que tienen un rol protagónico en la garantía de otros derechos podrían denegar sin consecuencia alguna brindar información relevante para la sociedad.
Algunos de los casos que resolvió la Agencia en los últimos años permiten ilustrar este punto. Ante un pedido de información de ACIJ presentado a la AFIP sobre los beneficios fiscales a empresas y personas beneficiadas por un régimen de promoción o frente a una solicitud de Poder Ciudadano sobre el registro de ingresos a la quinta presidencial de Olivos, la Agencia obligó a los sujetos responsables a brindar la información requerida. Más recientemente, estableció los parámetros sobre cómo debería el Estado Nacional publicar la información de las personas vacunadas (en particular de funcionarios y funcionarias). En todos estos casos, la intervención de la Agencia permitió garantizar una mayor transparencia en la forma en que el Estado lleva adelante sus actividades, asigna fondos públicos y garantiza derechos.
Del currículum del candidato propuesto por la Jefatura de Gabinete de Ministros no surge que cuente con antecedentes profesionales y académicos en los asuntos sobre los que deberá resolver en caso de ser confirmado en el cargo. Avanzar en su designación sería un grave error, ya que pone en riesgo la calidad técnica de la Agencia y su proactividad en la defensa de este derecho cuando los organismos públicos lo denieguen.
Desde ACIJ, junto a varias organizaciones de la sociedad civil, impugnamos la candidatura propuesta por el Poder Ejecutivo. Esperamos que en el marco del proceso de selección que se encuentra abierto, las autoridades sean receptivas a las observaciones realizadas, retiren esta postulación y envíen un nuevo perfil. La importancia de una institución como la Agencia requiere que una persona idónea ocupe el cargo de su autoridad. No podemos arriesgar que las funciones que le fueron encomendadas no sean ejercidas de manera efectiva ya que, de lo contrario, se pondría en riesgo la transparencia en el Poder Ejecutivo Nacional y de otras entidades de mucha importancia, como empresas del Estado, empresas concesionarias de servicios públicos o contratistas del Estado, o partidos políticos.
Abogada del Programa Fortalecimiento de la Democracia de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ)
Por Clara Lucarella
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