¿Una ciudad para todos?

¿En dónde están los más de tres millones de discapacitados que tiene nuestro país? Probablemente, una fracción importante se encuentre en su casa, ejerciendo la única opción que esta ciudad le permite: vivir aislada de la sociedad.

Las barreras físicas en edificios públicos, privados y en el transporte son, tal vez, las más visibles, pero no las únicas que la sociedad impone a los discapacitados. Sin embargo, el daño que provocan las aquí mencionadas es, muchas veces, subestimado.

La realidad muestra que, hoy, una persona discapacitada no tiene garantías cuando sale a la calle y que el éxito que obtenga en esa empresa dependerá en gran medida de su fuerza de voluntad y su ingenio.

Aunque se trata de un ámbito crucial para todo el que desee trabajar, estudiar, divertirse o realizar cualquier otra actividad fuera de su hogar, los avances para eliminar barreras en los edificios, las calles o el transporte son tan incipientes que aún carecen de efectividad.

Pero las personas con discapacidad -que representan el diez por ciento de la población- no son las únicas afectadas por esta situación.

Si pensamos en los ancianos, las embarazadas, los niños pequeños y quienes por diversas causas se hallen incapacitados en forma temporal, la cuenta nos da que aproximadamente la mitad de los habitantes de nuestro país encuentra alguna dificultad para desenvolverse fuera (aunque también dentro) de sus hogares.

Las leyes que garantizan la plena accesibilidad en los espacios públicos y privados son bastante recientes y, en la mayoría de los casos, no se respetan.

Por otra parte, el vacío legal existente durante años significó la traza de un tipo de ciudad que le es adversa al ciudadano que no cumple con determinados estándares.

La ley nacional 24314 fue sancionada en 1994 y reglamentada en 1997, mientras que la Ciudad de Buenos Aires se encuentra en estos momentos discutiendo las modificaciones a su Código de Edificación, que pretenden ser un avance en materia de accesibilidad.

Pero el estado de cosas en materia edilicia no debería asombrar si se tiene en cuenta que la Universidad de Buenos Aires forma arquitectos que no cursan una sola materia obligatoria sobre accesibilidad y eliminación de barreras arquitectónicas durante su carrera de grado. Según diversas fuentes consultadas, la única materia optativa fue recientemente eliminada del programa.

"El arquitecto debe tener bien en claro para qué clase de individuos diseña. Si para un ciudadano ideal, joven, adulto y ajeno a cualquier tipo de discapacidad, o para un individuo que, antes de ser adulto, fue niño, que luego será anciano y que nunca estará exento de verse afectado por alguna discapacidad", explica la arquitecta Silvia Coriat, de la Fundación Rumbos, destinada a crear conciencia sobre la situación de los discapacitados.

Aunque la ley 24314 está vigente desde hace más de tres años, su cumplimiento es bastante escaso y no todas las provincias han adherido a ella.

"Cualquier ciudadano argentino tiene prohibido robar o matar, así viva en Jujuy o en Santa Cruz. Sin embargo, con esta ley no ocurre lo mismo. El Estado invita a las provincias a que cumplan la ley, y ellas deciden si la cumplen o no. Los discapacitados dependemos de su voluntad de compromiso. Pero aquí hablamos de derechos que nos vemos impedidos de ejercer, no de algo que se concede como quien concede una dádiva.", asegura Eduardo Joly, presidente de la Fundación Rumbos, discapacitado motor desde 1977, cuando sufrió un accidente.

En el caso del transporte público, la ley nacional 24.314 establecía plazos para adecuaciones y remodelaciones que, en su gran mayoría, han vencido. El argumento de las empresas suele ser que cuando se concesionaron los servicios esta ley no estaba vigente. Pero a pesar de que en muchos casos se renegociaron los contratos -con aumentos de tarifa incluidos-, el nivel de cumplimiento es muy bajo.

Las concesionarias de trenes y subterráneos están remodelando estaciones, y la finalización de esta primera etapa demorará entre cinco y diez años. Luego, habrá que esperar por el recambio de coches, paso obligado para la mayoría de las líneas.

Diseñar sin discriminar

La situación de las líneas de colectivos es aún más incierta. Durante este año, deberían tener el 80 por ciento de sus unidades adaptadas para discapacitados, pero salta a la vista que la cifra real está bastante alejada de ese porcentaje.

Uno de los argumentos más gastados para resistirse a refaccionar un espacio con el fin de hacerlo más accesible es el de la falta de financiamiento. "Los costos son generalmente accesibles. Obviamente que tener presente a todos los posibles usuarios en el momento de diseñar un lugar es siempre menos costoso. No cuesta nada", dice el arquitecto Daniel Low, del estudio Low+Bennun, especializado en diseño universal.

"Nos resistimos a hablar de ´diseño para discapacitados´ porque creemos que ésa es otra forma de discriminación. Si pretendemos una plena integración social, debemos pensar en un diseño universal, para todos", dice el arquitecto Gustavo Bennun.

Además de diseñar y asesorar a empresas y estudios en materia de accesibilidad, estos jóvenes profesionales organizan talleres sobre accesibilidad para sus colegas. La etapa más interesante del taller es la que obliga a los asistentes a desenvolverse en la ciudad con los ojos vendados, con muletas o en silla de ruedas.

El objetivo primordial es cambiar la mentalidad del arquitecto. "Creemos que en este sentido pueden hacerse cosas muy buenas y bellas. Sin embargo, aquí parece que todo lo destinado a discapacitados debe de ser antiestético y debe verse como un aplique, como un agregado del modelo original", señala Low.

Los arquitectos Eduardo Frank, Norma Sharovsky y Susana Koham también desarrollan un diseño universal, especialmente orientado hacia la tercera edad.

La población anciana representa el 13 por ciento de nuestro país y el 21 por ciento de nuestra ciudad. Sin embargo, sus necesidades tampoco son bien atendidas y, en muchos casos, son por completo excluidos del funcionamiento de la ciudad.

"Muchas veces el anciano es arrancado de su hogar y confinado a un geriátrico sencillamente porque la familia no tiene quién se ocupe de él. Este porcentaje disminuiría considerablemente si la ciudad y su hogar estuvieran preparados para que él pudiera desenvolverse en forma autónoma.", explica Frank.

Según Sharovsky, la ciudad gasta por anciano tres veces más de lo que debería, y esto es así porque la planificación parecería ser un paso que se excluye al momento de desarrollar alguna política.

La mayoría de los edificios públicos presentan graves fallas en materia de accesibilidad. Un estudio realizado por la Redi (Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad) durante el año último concluyó con que sólo dos de los quince centros de gestión y participación de la Ciudad de Buenos Aires pueden ser medianamente transitados por todos.

"En los últimos años aumentó el nivel de roturas de veredas; en parte, por la renovación de infraestructura que hacen las empresas: cambios de cables, etcétera. El deterioro obvio del paso del tiempo hace el resto. El problema es que durante décadas nuestra ciudad no tuvo una gestión que realmente se ocupara de pavimentos y aceras", dijo Abel Fatala, secretario de Obras Públicas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

La secretaría recibe a diario 2500 pedidos de arreglos de veredas y calcula que al final del día la ciudad tiene 600 baches nuevos.

Por eso Fatala confía en que su plan de gestión de pavimento acabará con el clásico bacheo electoral y garantizará trabajos que perduren en el tiempo. El plan significará una mayor carga presupuestaria en el área de pavimentos y aceras, e incluirá una base de datos informatizada sobre el estado de las calles.

Por una mayor integración

Nuestra ciudad es el producto del paso de varias generaciones. Al transitar por sus calles o contemplar sus edificios se puede concluir que, por diversos motivos, nunca estuvo muy presente la idea de hacerla transitable por todos.

"La epidemia de poliomielitis a fines de los años cincuenta atravesó todas las clases sociales. La sociedad reaccionó y allí se vieron algunos avances importantes en materia de integración. Pero, evidentemente, el tema no caló demasiado hondo", explica Coriat.

A principios de los años ochenta, se creó la Comisión Nacional por la Integración de los Discapacitados (Conadis). Sin embargo, hasta la fecha no ha pasado de ejercer una función meramente asistencial con un alto grado de ineficacia e ineficiencia.

La Conadis no sabe cuántos discapacitados hay en el país, ni mucho menos en qué situación se hallan. En ese contexto, poco puede esperarse de ella en materia de integración o equiparación de oportunidades.

Como los censos nacionales no contemplan una sola pregunta sobre discapacidad desde hace décadas, se maneja con los parámetros mundiales, que estipulan entre un 7 y un 10 por ciento de discapacitados por país.

El 15 de mayo último, varias ONG se movilizaron hasta la Casa Rosada para reclamar políticas gubernamentales más activas.

Para Eduardo Joly, los discapacitados representan en nuestra sociedad una carga que nadie quiere asumir. "En la antigua Grecia se los mataba porque no representaban el ideal del buen espartano. Hoy, a los discapacitados se les impide desarrollar su intelecto, sus habilidades, su potencial y se les reducen lasoportunidades para formar una familia. Hoy se hace algo peor con los discapacitados: se los mata en vida".