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Una Conadep para investigar el ataque a la AMIA
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Al cumplirse el 20º aniversario del atentado a la AMIA sin imputados ni presos ni procesados, sólo cabe reconocer que la impunidad consagrada a lo largo de dos décadas fue construida desde las entrañas mismas del aparato estatal.
El Poder Judicial, en la figura de todos los jueces y fiscales intervinientes en la causa AMIA y conexas; el Poder Legislativo, a través de la comisión bicameral (1996/99) que protegió al juez y a los servicios de inteligencia, y el Poder Ejecutivo, en la figura de ocho presidentes de variada filiación partidaria, es decir, los tres poderes del Estado, han sido y continúan siendo encubridores del atentado terrorista más grave cometido en la historia de nuestro país y del crimen antisemita más grave ocurrido desde la Segunda Guerra Mundial.
Los jueces y fiscales que debían perseguir a los responsables del atentado cometieron toda clase de delitos e irregularidades, alejando cualquier posibilidad de conocer la verdad y de alcanzar justicia por parte de los damnificados y de la sociedad.
La presidenta Cristina Kirchner reconoció en su discurso del 1° de marzo del año pasado ante el Congreso la naturaleza fraudulenta del juicio oral que liberó a los primeros eslabones de la conexión local. "De lo que se trataba era de llegar a un juicio, en el que no se iba a saber absolutamente nada", dijo, y agregó: "Se había fabricado una causa que no tenía ningún tipo de anclaje legal". Este reconocimiento tardío, nueve años después de finalizado el juicio, involucra a su propio gobierno en el encubrimiento, cuando aún falta sustanciarse el llamado juicio por "irregularidades", que lleva 14 años de atraso.
A su turno, el Congreso Nacional sancionó leyes en nombre del esclarecimiento del atentado a la AMIA que no aportaron para esclarecerlo ni para dar con los verdaderos responsables (ley del arrepentido, ley del testigo de identidad reservada, ley antiterrorista, ley del memorando).
Desde 2003, el gobierno de los Kirchner se involucró en el montaje y la persecución internacional contra Irán, acusado entonces de integrar el "eje del mal". Desde entonces, ni el Gobierno ni el fiscal pudieron probar la acusación que hicieron sobre la "conexión internacional" del atentado. Esta política tuvo como único objeto evadir la nunca investigada responsabilidad encubridora del Estado nacional, reconocida por el decreto N° 812/05.
Por todas estas razones, un grupo de diputados y senadores de diferentes bloques (entre ellos, Alcira Argumedo y Juan Carlos Zabalza) y hemos presentado un proyecto de ley para constituir -por primera vez- una comisión investigadora del atentado, iniciativa impulsada por la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (Apemia).
La comisión propuesta estará integrada mayoritariamente por personalidades con reconocido prestigio social, derivado de su trayectoria en el ámbito de los derechos humanos, la justicia, la ciencia, la cultura y/o la solidaridad social, a las que se sumarán diputados, senadores y representantes de los familiares de las víctimas.
Su objetivo es el esclarecimiento integral del atentado a la AMIA, analizando las circunstancias políticas y jurídicas que lo hicieron posible: los apoyos internacionales y la participación de funcionarios y organismos argentinos y extranjeros en acciones u omisiones que tuvieron por objeto la comisión del atentado y su encubrimiento posterior.
Para facilitar su objetivo, la ley pondrá a disposición de la Comisión los archivos y la documentación que hasta ahora permanecen ocultos. Se trata de una propuesta innovadora para superar 20 años de impunidad y encubrimiento.
Esta iniciativa nos remonta a una experiencia significativa que sigue vigente en la conciencia social: la Conadep. Convocamos a toda la ciudadanía y a las fuerzas políticas a abrir el debate sobre la necesidad de constituir una comisión investigadora de la verdad sobre el atentado a la AMIA que ponga a su disposición los archivos del Estado, como única vía para terminar con el encubrimiento, la impunidad, conocer la verdad e impulsar el juicio y castigo de los culpables .
Los autores son diputados de la Nación
Claudio Lozano y Victoria Donda
