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Una cuestión de principios
Estamos en la antesala de un acontecimiento trascendental como es la elección del domingo, en la que se producirá la ratificación o un cambio en la conducción del poder que abarca no sólo a la presidencia de la República, sino, también, a la composición del Congreso de la Nación.
La integración de las cámaras legislativas es una cuestión de gran importancia, pues según se configuren podrá, o no, producirse una acumulación de poder que derivaría en una hegemonía absoluta del oficialismo. Si ello se concretara, se estaría ante un hecho que pondría en grave riesgo la integridad de la democracia consagrada en la Constitución. Tal temor se justifica porque la gestión kirchnerista se caracteriza por la eliminación de los controles, que favorece la impunidad ante la corrupción; la presión sobre los jueces, llegando hasta el incumplimiento de sentencias de la Corte Suprema de Justicia, y el relegamiento de la función legislativa, cuando se pretende que se aprueben las iniciativas de leyes del Poder Ejecutivo sin el pertinente debate por parte del Congreso, como ha ocurrido con la ley de presupuesto nacional de 2010, situación que se procura reiterar con el correspondiente al de 2011.
La realización del próximo comicio general, entonces, concita especial interés. De allí que resulte necesario analizar las diversas alternativas políticas que se le ofrecen a la ciudadanía. Nos referiremos a una de ellas: la que brinda el radicalismo, que se destaca, en ambas cámaras del Congreso, por tener la mayor representación política de la oposición.
La Unión Cívica Radical nació el 26 de junio de 1891 y desde entonces se erigió en un protagonista principal de los acontecimientos políticos e institucionales del país. Sancionó su carta orgánica el 17 de noviembre de 1892, en cuyo preámbulo se definió como una "asociación política esencialmente impersonal, a cuyas filas pueden ingresar todos los ciudadanos que quieran adherirse a su programa, formada para luchar por el resurgimiento de la vida institucional, que asegura a la patria su paz y progreso por el cumplimiento honrado de la ley, la pureza de la moral administrativa, el ejercicio efectivo de la soberanía popular y el amplio reconocimiento de la autonomía de los Estados (provincias) y de los municipios, bases fundamentales de nuestro sistema de gobierno y existencia nacional; considerando que en la presente situación el patriotismo aconseja dar organización permanente a los partidos de principios, pues su existencia es la condición y el signo de una robusta vida política".
Esteban Echeverría, en El dogma socialista , había afirmado que "necesitamos una luz que nos guíe, esa piedra fundamental, ese punto de arranque y reunión, que son los principios". También la Constitución Nacional, en el Preámbulo, estableció que sus objetivos son constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad.
Los presidentes radicales (Yrigoyen, Alvear, Frondizi, Illia y Alfonsín) se distinguieron por cumplir cabalmente con el mandato de la Constitución y de la carta orgánica partidaria.
Fiel a esta línea ética y principista, en el libro La Argentina moderna , su actual candidato a presidente, Ricardo Alfonsín, afirma: "Dos valores fundamentales, la libertad y la igualdad, son los que permiten vivir con dignidad".
Una peculiaridad del gobierno contemporáneo es su creciente complejidad. Por eso no cabe la improvisación en la administración de la cosa pública. Así, para asegurar una gestión eficiente, se formaron equipos integrados por especialistas en las diversas materias, que elaboraron un programa de gobierno de acuerdo con los principios y la concepción sobre el conjunto de los problemas del candidato a la Presidencia.
El objetivo es satisfacer, con medidas concretas, las necesidades esenciales de los sectores más rezagados para cubrir la deuda social existente pese al crecimiento habido. El trabajo en negro, la elevada pobreza y la desocupación, así como las carencias en vivienda, salud y educación, son datos que muestran descarnadamente la inequidad en la distribución de la riqueza en el país.
Con la finalidad señalada, se propone una protección social amplia que incluye un Plan Crianza, para erradicar la desnutrición infantil, y un Plan Casa Joven, que contempla el otorgamiento de préstamos de 200.000 pesos para posibilitar el acceso a la primera vivienda. También, una revolución educativa que apunta a terminar con la deserción escolar, y la implementación de escuelas de jornada completa en las zonas más vulnerables.
En el área de la economía la UCR quiere afianzar la seguridad jurídica, para erradicar la imprevisibilidad e incentivar la inversión y posibilitar el acceso al sistema de crédito. Además, es necesario establecer metas públicas de expectativas inflacionarias y emisión monetaria, a fin de reducir la inflación real a un dígito en cuatro años. Para alcanzar esta meta hace falta normalizar el Indec. Además, se buscará impulsar un plan ferroviario dentro de un sistema multimodal de transporte y se rescatará la industria ferroviaria, que fue abandonada y que antes fabricaba locomotoras y otros insumos que hoy se adquieren en China.
Si ganara el radicalismo esta contienda, se llevaría a cabo una reforma judicial con el objetivo de asegurar la independencia de la Justicia. Para esto, se debe reformar la ley que reglamentó el Consejo de la Magistratura, a fin de eliminar la supremacía del Poder Ejecutivo en el funcionamiento de ese órgano.
Respecto de la actividad agrícola-ganadera, es necesario disminuir gradualmente las retenciones, y lo mismo respecto de las producciones regionales. Un gobierno de la UCR afianzaría el federalismo mediante el retorno al reparto de los impuestos coparticipables establecido en la ley 23.548, sancionada en 1988, que asignaba a la Nación el 42,4% y a las provincias, el 57%. También, aseguraría la igualdad de género, para lo cual crearía la Secretaría de Estado de la Mujer. También promovería la reforma de la ley de trata de blancas, a fin de superar las restricciones del régimen vigente.
En cuanto a la seguridad, el radicalismo propone perfeccionar el sistema de información criminal y sancionar el régimen penal juvenil siguiendo los lineamientos de la Convención sobre los Derechos del Niño, a fin de atenuar las condenas por la falta de madurez y garantizarles un debido proceso. Es necesario emprender la lucha contra la corrupción a fin de evitar la impunidad producida por la excesiva demora en la resolución de las causas, para lo cual hace falta acelerar los procesos judiciales.
Si el radicalismo es gobierno, se sancionará un protocolo de transparencia de la información sobre las decisiones y las contrataciones públicas. Además, se implementará una política pública para facilitar la participación y el control del gobierno. Para cumplir con los fallos de la Corte Suprema, se dispondrá la libertad de agremiación contra la cual conspira la existencia del sindicato único mimetizado con un partido político. Se promoverá la cultura sustentándola en la diversidad y en el ecumenismo, en la recuperación de los valores y concibiéndola como un derecho humano básico y una herramienta de transformación e inclusión social.
En la breve reseña efectuada no se expusieron otros aspectos programáticos y se escogieron aquellos que se consideran puntualmente críticos.
De las menciones realizadas surge un radicalismo que tiene puesta la mira en el porvenir y no en el pasado, al que hay que superar y aprender de los errores que se hubieren cometido. El propósito es abrir el debate sobre el futuro sin dividir a los argentinos. Como sucedió cuando surgió el radicalismo, en el presente el compromiso consiste en la lucha por la decencia en la administración, la vigencia del federalismo, la amplia participación del pueblo, la equidad y solidaridad social y por la defensa de las libertades y los derechos humanos, que hoy se encuentran en serio riesgo por la concentración de poder que se practica con intensidad preocupante. En este contexto, el radicalismo es la garantía absoluta de que no va a apoyar ningún intento de reforma constitucional para posibilitar la perpetuación en el poder de cualquier gobernante.
Quedan expuestas de esta manera las razones que validan la propuesta electoral. El 23 de octubre el pueblo dará su veredicto final e inapelable.
Hoy como ayer, la libertad, la igualdad y la democracia circulan por las venas del radicalismo.
© La Nacion
El autor es constitucionalista, y asesor ad honorem de legisladores radicales
