Una deuda histórica con la Justicia

Desde nuestro nacimiento como nación independiente, la denominada “cuestión capital” ha sido motivo de debate y preocupación. La elección y debida constitución de una capital de la Nación y la resolución de los problemas estructurales consecuentes al territorio donde fue fijada fueron tema de polémicas, enfrentamientos, secesiones, alzamientos y todas las formas, cruentas e incruentas, con que lamentablemente solemos dirimir los conflictos. Nunca fue una cuestión baladí: se trata de la debida organización del “cerebro” del país (diputado José Hernández, Cámara de Diputados, sesión del 23/11/1880) o de su “cabeza” (diputado Dámaso Centeno, Cámara de Diputados, sesión del 12/11/1880). La cabeza de Goliat de la que hablaba Martínez Estrada.

Las figuras no son literarias: la eterna irresolución de temas esenciales a nuestra vida como comunidad explica bastante nuestra situación presente. Precisamente, a doscientos años, aún no terminamos de acomodar nuestra “cabeza”.

El núcleo de coincidencias básicas que precedió la reforma constitucional del año 94 dispuso darle a la ciudad de Buenos Aires un régimen de gobierno autónomo con facultades propias de legislación y jurisdicción. Así lo consagró la citada reforma constitucional. Luego, la llamada ley 24.588, denominada ley Cafiero, condicionó la plenitud del espíritu de la Constitución y retardó esa necesaria autonomía. La demora confunde las incumbencias de los poderes nacionales y locales, además de generar situaciones indisculpables, transcurrido un bicentenario.

Así, la ciudad autónoma de Buenos Aires es hoy el único Estado mundial que aloja en su seno tres poderes judiciales: el federal, el nacional y el local, que en algunos temas hasta concurren en considerarse competentes. Una situación exquisita para las dilaciones judiciales y la postergación de los juicios, y lamentable a la hora de analizar sus costos.

La conclusión de la transferencia de la justicia nacional, en todos sus ramos, a la justicia local es resistida por los jueces nacionales, con distintos argumentos a los que el tiempo, progresivamente, ha ido privando de sustento.

El actual gobierno ha proyectado concluir este proceso de transferencia en el marco del Programa Justicia 2020. Sin embargo, luego de presentar tan auspicioso objetivo, lo disuelve en los hechos al designar jueces nacionales y engrosar competencias. Una suerte de castigo de Prometeo, autoinfligido.

Desde hace muchos años las provincias solventamos estos costosos desarreglos de nuestra hermana ciudad autónoma. Precisamente por ello, he sido autora de una iniciativa tendiente a poner fin a la cuestión, reduciendo el plazo de la transferencia y congelando, mientras se llega a ese término, todas las vacantes de jueces nacionales que se produzcan.

Este mecanismo, además de acelerar el proceso, ahorra dinero y contribuye a poner fin a las situaciones de iniquidad y de impunidad que constantemente recreamos; y nos posibilitará mirar a nuestros padres fundadores sin erigir disculpas por no haber terminado una tarea que fue tan cara a nuestro pasado y a sus hombres.

Senadora nacional por la provincia de San Luis