Una estrategia de crecimiento para los más pobres

Entre la desigualdad y la pobreza, ¿qué combatimos primero? Muchos dirán que deben perseguirse ambos objetivos simultáneamente. ¡Ojalá la respuesta fuera así de simple!

Sin embargo, la experiencia internacional reciente indica que, lejos de ser objetivos complementarios, son más bien contrapuestos, lo cual plantea un verdadero dilema a la política económica.

China experimentó en los últimos años una fuerte reducción en la pobreza, simultáneamente con un aumento significativo en la desigualdad. También puede haber pobreza generalizada en una sociedad con bajos niveles de desigualdad. Y una disminución de la desigualdad puede ir acompañada de un aumento de la pobreza.

Danny Quah, profesor de la Escuela de Economía de Londres, analizó los casos de China y la India y llegó a la conclusión de que el crecimiento económico sólo puede lograrse con aumentos en la desigualdad.

Un estudio empírico realizado para 12 países de América latina con datos sobre desigualdad y pobreza para el período 1970/1994 halló que el crecimiento de los ingresos reduce la pobreza urbana y rural, pero no la desigualdad.

El economista indio Kaushik Basu introdujo el concepto de desigualdad que minimiza la pobreza, definido como el nivel de desigualdad que la sociedad debería tolerar si pretende reducir al mínimo la pobreza. Basu señala que una sociedad perfectamente igualitaria sería también una sociedad tremendamente pobre. Por eso, sostiene, en lugar de intentar alcanzar una perfecta igualdad debería adoptarse como criterio de bienestar una regla bastante simple: maximizar el ingreso per cápita del 20% más pobre de la población. Este parece ser un objetivo bastante razonable de la política económica. Cuando comienza el debate acerca de las políticas por seguir a partir de diciembre de 2015, parece adecuado diseñar una estrategia de crecimiento que apunte prioritariamente a sacar de la pobreza al 25% de la población total que revista hoy en esa situación.

La superación de la pobreza pasa ante todo por la generación de empleo en cantidad y calidad adecuadas, toda vez que la mayor parte de los recursos de los hogares destinados a satisfacer las necesidades básicas de sus miembros proviene de los ingresos laborales. La generación de empleo sólo es factible a partir de un aumento sustantivo en la inversión. Salvo en casos muy puntuales, hoy todo nuevo empleo requiere alguna herramienta o maquinaria adicional, aunque sea sólo una computadora, un teléfono o una pala.

El crecimiento es condición necesaria, pero no suficiente para una reducción de la pobreza. La elevada proporción del empleo informal -más del 30%- recuerda que una elevada fracción de la fuerza de trabajo no cuenta con sistemas adecuados de protección social en materia de salud, seguros de desempleo y acceso a sistemas jubilatorios y de pensiones. Esto se suma al hecho de que el empleo en un puesto de trabajo no registrado conlleva una importante desventaja salarial. En promedio, el trabajador registrado gana un 52% más que aquel que está en negro, comparando en ambos casos los salarios de bolsillo. Lo que se requiere es la creación de empleos de alta calidad, con mayor densidad de capital por persona ocupada y mayor nivel de productividad. La productividad debe reemplazar a la precariedad laboral como instrumento competitivo en el estrato de las micro y pequeñas empresas, que es donde se concentra el empleo no registrado. Si bien la reducción de aportes patronales para este tipo de empresas puede alentar el blanqueo, ello no va a mejorar los niveles de remuneración. La clave está en la mayor inversión que posibilite una mayor productividad y el pago de mayores niveles salariales. Para ello se requiere un programa de medidas crediticias e impositivas que estimulen la capitalización de las micro y pequeñas empresas.

Pero la pobreza es una situación multidimensional. Si bien el ingreso monetario representa el principal recurso con que el hogar cuenta para cubrir sus necesidades básicas, no constituye el único determinante de sus condiciones de vida. Se requiere operar también sobre el acceso a la educación, la salud, la vivienda y el saneamiento público. En definitiva, la prioridad debe ser, sin dudas, adoptar una vigorosa política de desarrollo económico-social que tenga como principal objetivo incrementar el ingreso del 25% de la población hoy sumido en la pobreza.