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Una fuente de desigualdad
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Esta semana, en la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados se debatió la despenalización y legalización del aborto. Se trata de un debate pendiente en una sociedad donde el aborto es una realidad por la que mueren, debido a las condiciones que impone la clandestinidad, alrededor de cien mujeres por año.
La penalización del aborto y su consecuente práctica clandestina constituye un grave problema de salud pública y de derechos humanos de las mujeres. En los últimos 25 años se presentaron alrededor de 40 iniciativas parlamentarias, todavía sin debate, entre las cuales se encuentra una de mi autoría; además, soy firmante del proyecto impulsado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
En nuestro país se reitera, también, la afectación de los derechos de las mujeres al impedir el acceso al aborto en los casos en que el Código Penal prevé la no punibilidad de esa práctica. La Argentina ha sido sancionada, en abril, por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la causa LMR, por no haber garantizado oportunamente a una joven el acceso al aborto no punible, y se debe reparar el daño ocasionado a la víctima que tuvo que realizarlo en forma clandestina.
Este dictamen y la jurisprudencia ratifican que el debate pendiente no es respecto de los casos no punibles (violación, peligro para la vida o la salud de las mujeres), sino sobre la legalización del aborto; es decir, estamos requiriendo la sanción de una ley que regule y garantice desde el Estado el acceso igualitario de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo, como una política pública imprescindible para coadyuvar a disminuir la morbilidad y la mortalidad materna.
Una mención especial merece el Pacto de San José de Costa Rica, que, en su artículo 4º, establece: "Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho está protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción". Bidart Campos ha hecho una primera reflexión constitucional: "El derecho penal no es la única vía de protección de bienes constitucionales. (?) La Constitución no obliga a la incriminación y sanción penal del aborto". En el mismo sentido se ha expresado Aída Kemelmajer de Carlucci: "El problema del aborto, antes de ser estudiado desde la perspectiva constitucional ha sido estudiado fundamentalmente desde la óptica del derecho penal; por este motivo, creo que hay que distinguir el problema de la penalización del problema de la protección: no todo lo que está protegido, cuando se viola, debe estar penalizado". Por su parte, la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Luz Patricia Mejía, ha dicho que "el aborto legal de ninguna manera contraría los pactos sobre derechos humanos ni contraviene el Pacto de San José de Costa Rica", y explicó que la inclusión de la frase "en general" tuvo como fin "que los países que permitieran la práctica del aborto no se sintieran impedidos de ratificar la Convención Americana".
La sanción de la ley que impulsamos no origina ni promueve la práctica del aborto; en cambio, su aplicación conjunta con la ley 25.673, que crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, y la ley 26.150, que crea el Programa Nacional de Educación Sexual, permite recorrer el camino por todos deseado de prevención de la ocurrencia de embarazos no deseados.
Según el Ministerio de Salud, se estima que en la Argentina se producen alrededor de 460.000 abortos por año y ésta es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad materna y fuente de desigualdad entre las mujeres.
La incidencia del aborto en la tasa de mortalidad materna en nuestro país representa el 21% de todas las causas. Teniendo en cuenta que la tasa promedio en la Argentina es de 5,5, queda claro el problema de la desigualdad y la criminalización de la pobreza al advertir que en provincias como Formosa o Catamarca la tasa de mortalidad materna trepa a 15 y 16, respectivamente, mientras que en la ciudad de Buenos Aires es de 1,8.
La penalización del aborto no ha desalentado su práctica, pero lo que sí ha provocado es una gran desigualdad entre aquellas mujeres que tienen recursos para acceder a una prestación segura, oportuna y asistida pese a la ilegalidad y aquellas otras que quedan registradas en las estadísticas de morbilidad y muerte materna. © La Nacion
La autora es diputada nacional por Nuevo Encuentro
