Una historia de corriente continua

Por Ramiro de Casasbellas (para La Nación )
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16 de marzo de 1999  

EN los debates sobre el megacorte de Edesur, el único de sus dimensiones en la Argentina contemporánea, ha reaparecido el falso dilema Estado-particulares. Más aún, algunos místicos del antiestatismo llegaron a exigirle al Estado una verdadera guerra santa, fingiendo no advertir que es el mismo Estado a cuya virtual inexistencia aportaron.

Pero, según suele ocurrir entre nosotros, se dejaron de lado los antecedentes históricos; si los tuviésemos en cuenta, veríamos qué inasible es, en este caso, el dogma que exalta la iniciativa privada y abomina de la oficial: porque los servicios eléctricos de la ciudad de Buenos Aires y sus zonas aledañas fueron normalmente prestados por empresas privadas (de 1887 a 1958 y a 1978, de 1992 en adelante) y sólo ocasionalmente por el Estado (de 1958 y 1978 a 1992), que los asumió para favorecer a aquellas empresas. En resumen: 77 y 97 años contra 34 y 14, toda una diferencia.

Los servicios datan de 1887 y se generalizan una década después. En 1898, la Compañía Transatlántica Alemana de Electricidad (CATE) inicia la absorción de las demás empresas del sector, hasta alcanzar la hegemonía en el mercado. Así, en 1907, la Municipalidad de Buenos Aires, que ha realizado una efímera incursión en el dominio del alumbrado público, otorga a la CATE una concesión por cincuenta años, que ha de vencer el último día de 1957. Más tarde, en 1912, hace lo mismo con la Compañía Ítalo Argentina de Electricidad (CIAE), cuya concesión debe expirar el 31 de diciembre de 1962.

Servicios caros y malos

Se trata, por cierto, de dos empresas de capital extranjero, que no responden sin embargo a sus confesadas nacionalidades. Por eso, en 1921, la CATE deviene en Compañía Hispano Americana de Electricidad (Chade) y luego, tras obtener una disposición municipal favorable a sus manejos internos, en Compañía Argentina de Electricidad, CADE (1936), albergándose en una subsidiaria de igual título, fundada en 1909 para abastecer a municipios bonaerenses (son 18 en 1929).

Los servicios se vuelven cada vez más caros y más malos, ante la desoída protesta de los usuarios, que comparten los medios de prensa, mientras los réditos de la CADE y la CIAE son cada vez más altos y más buenos. Para afianzarlos, durante la presidencia de Justo (de signo liberal en lo económico) y bajo la adinerada seducción de la CADE, doce ediles radicales entrenados por el ex presidente Marcelo T. de Alvear y cuatro oficialistas sancionan, a fines de 1936, las ordenanzas 8028 y 8029, que prorrogan por cuarenta años (quince más veinticinco) las concesiones de la Argentina y la Italo, las cuales cesarán ahora el 31-12-97 y el 31-12-2002, respectivamente.

El escándalo apabulla, la corrupción (100.000 pesos de entonces por concejal, una fortuna) indigna al país entero. Como rechaza la legalidad de las ordenanzas, La Nación solicita, sin éxito, el veto del intendente, y escribe: "La opinión pública, si esta prórroga se hiciese efectiva, puede algún día tener que pedir cuentas" (editorial del 24-12-36).

Pero los sórdidos inauditos entretelones del negociado sólo serán conocidos en el verano de 1945, a través del informe de la Comisión Investigadora designada un año y medio antes por el gobierno militar, que presidió el coronel en retiro Matías Rodríguez Conde e integraron el ingeniero Juan Sábato y el doctor Juan Pablo Oliver.

La comisión aconseja nacionalizar las dos empresas y el gobierno se dispone a hacerlo. Sin embargo, el ascendente coronel Juan Domingo Perón logra torcer la voluntad oficial y eximir a la CADE, su niña mimada, y a la CIAE. La edición del Informe Rodríguez Conde-Sábato-Oliver es sepultada (van a reeditarlo el Congreso, en 1959, y Eudeba, en 1974).

Así, durante el gobierno de Perón, la CADE y la CIAE nunca serán molestadas; por lo contrario, como no mejoran ni acrecientan el servicio, el gobierno impone a los usuarios, desde la "racionalización del consumo", en 1949, sucesivas dietas eléctricas anuales, que ellos mismos -la industria, el comercio, los hogares- deben observar bajo la amenaza de penas que van desde el apercibimiento hasta el corte definitivo, y que transforman a Buenos Aires y sus afueras, al caer la tarde, en un vasto espacio urbano mortecino y desolado.

Las autoridades culpan al "derroche de energía", pero sólo hay derroche de atraso, que se traduce, en 1955, en un déficit de 300.000 kW para la Capital y el Gran Buenos Aires. En 1949-54, la producción de electricidad aumentó en la Argentina un 26 por ciento, contra el 50 por ciento de México, Canadá, España y Francia, y el 75 por ciento de Alemania Federal, Gran Bretaña y los Estados Unidos (Junta Consultiva Nacional, I, p. 593).

La Revolución Libertadora hace la luz en 1957, al revocar las ordenanzas 8028 y 8029 e intervenir en la CADE, cuya operación vencerá a fines de ese año, para nacionalizarla. Requerida por la CADE, la Justicia detiene el proceso; le toca reanudarlo al gobierno de Arturo Frondizi, que forma la empresa nacional Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (Segba).

Subsidiariedad subsidiada

Constituida el 31-10-58, su único objeto es adquirir por el Estado, a precio exorbitante, los bienes de la CADE y su subsidiaria CEP (Compañía de Electricidad de la Provincia de Buenos Aires Limited), que debieron revertirle sin cargo. Salvada la CADE con el asesoramiento de Federico Pinedo, Frondizi socorre a la CIAE en 1961, extendiendo su operación sine die por contrato. El gobierno de Arturo Illia se ve obligado a sancionar a la CIAE, en 1964, por sus ineficiencias, pero el régimen militar ha de apoyarla, en 1967.

Casi una década después, en 1976, el gobierno de María Estela Martínez interviene en la êtalo para proceder a su "argentinización", ante la furia del directorio. Se lo impide el golpe del 24 de marzo. Sin embargo, será la dictadura surgida de él la que ha de hacerlo: a pesar de su proclamado ejercicio de la "subsidiariedad del Estado", opta por la subsidiariedad de la CIAE y adquiere sus bienes, a precio obviamente astronómico, en 1978, para después incorporarlos a Segba, cuyo presidente, un oficial de la Armada, los describe entonces como "un montón de cables viejos".

Pero los sucesores de aquellos antiestatistas que estatizaron la producción y el suministro de energía eléctrica, en 1958 y 1978, para beneficiar a la antigua iniciativa particular han de privatizarla en favor de la nueva. Segba es dividida en cuatro sociedades generadoras y tres distribuidoras: Edenor y Edesur (31-8-92) y Edelap (18-12-92). Los precios, esta vez, no fueron abusivos: el Estado, a la hora de vender sus propiedades, es tan magnánimo como a la hora de comprarlas. De ahí, quizás, el maxiapagón del 15 al 26 de febrero, en vísperas del tercer milenio.

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