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Una ley para que alquilar sea más justo y accesible
El jueves pasado el Senado de la Nación sancionó la ley de alquileres, un enorme paso en materia de política habitacional y de acceso a la vivienda que mejora la situación en la que alquilan más de 9 millones de argentinos y argentinas.
La ley de alquileres representa un gran avance porque apunta a generar previsibilidad y reglas claras en aspectos centrales de todo alquiler, como son: el aumento, cuyo ajuste pasa a ser anual y a partir de un índice que contempla la inflación y los salarios; el plazo mínimo de contrato, que pasa de 2 a 3 años, generando una mayor estabilidad; las garantías, sumando más alternativas y dando al inquilino la posibilidad de proponer dos entre las que el propietario deberá elegir una; y las expensas, para que el inquilino solo pague los gastos por los servicios normales y permanentes. Esto son solo algunas de las cuestiones que la ley regula, pautando reglas de juegos claras y simples.
Es también positiva para los propietarios, porque esas reglas de juego favorecen el cumplimiento del contrato y el entendimiento entre las partes. Y simplifica la competencia en la oferta inmobiliaria, porque pasa a estar basada en el precio de alquiler y no en las otras variables que la ley iguala para todas las transacciones.
Hace varias décadas se observa una tendencia global de crecimiento de los centros urbanos en los que los alquileres son pensados cada vez más como una alternativa a largo plazo. En este contexto, la ley sancionada genera un marco normativo completo y nacional del mercado de alquileres que antes no existía, debido a que la última legislación que los regula es de hace más de 36 años, y cuyos alcances eran más bien limitados.
En ese sentido, esta ley es necesaria porque genera previsibilidad y tranquilidad a un sector muy grande de la sociedad -solo en la Ciudad se firman 400 mil contratos de alquiler por año-, en un momento de angustia e incertidumbre ante una crisis social y económica a la que todavía no le vimos su peor cara.
Un dato político importante: esta es una norma que nace del consenso, de la discusión y el aporte realizado años anteriores en mesas de articulación multisectorial, que se reforzó luego con un largo y arduo tratamiento parlamentario. De su construcción participaron instituciones académicas, el gobierno nacional, los institutos provinciales de vivienda, agrupaciones de inquilinos, sectores empresarios de desarrollos inmobiliarios, la Cámara de Propietarios, entre otros actores. Esa conjugación de múltiples miradas e intereses hace que la ley, aunque con aspectos que mejorar -como toda norma-, represente un avance significativo.
Al mismo tiempo, la ley reconoce y profundiza lo que venimos haciendo en la Ciudad de Buenos Aires en materia de alquileres. En la ciudad, hace tiempo venimos trabajando para que un millón de inquilinos accedan más fácilmente a un alquiler, bajando los gastos de ingreso. Así, hace ya casi 4 años impulsamos y sancionamos la ley 5859, que exime del pago de la comisión a los inquilinos. Desde el Instituto de Vivienda de la Ciudad conformamos un equipo de abogados de asesoría legal gratuita, tanto para inquilinos como para propietarios; impulsamos un servicio de certificación de firma gratuita para los inquilinos en contratos de hasta 35 mil pesos y constituimos un servicio de mediación en las comunas para resolver conflictos entre las partes sin llegar a la instancia judicial.
La ley de alquileres nos da un marco integral y robusto. Ahora arranca la etapa de dar a conocer y comunicar los nuevos derechos tanto de los inquilinos como de los propietarios, para que cada persona se apropie de ella y entre todos hagamos eficiente su implementación y cumplimiento. Pero a partir de hoy contamos con una ley que da más alternativas y herramientas para que alquilar sea más sencillo, previsible y económico para los inquilinos e inquilinas, y ese es un gran paso, mucho más aún en la difícil situación que atravesamos. Una manera de empezar a construir futuro.
Presidente del Instituto de la Vivienda de CABA
