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Una ley de obra pública para seguir subiendo la vara de la trasparencia
En la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se sancionó una Ley de obra pública que sube ostensiblemente la vara respecto de los compromisos asumidos por la Argentina en materia de transparencia y lucha contra la corrupción. La nueva ley cumple con todas las recomendaciones que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (Ocde) publicó en su reciente informe sobre las políticas de competencia en las contrataciones públicas.
En primer lugar, el nuevo régimen sancionado resuelve el marco de discrecionalidad que contiene la Ley 13.064, la que se encontraba en vigencia. Aquella antigua ley, que regula la obra en Nación, era, por analogía, el régimen que utilizábamos en la Ciudad. Con esta nueva norma creamos un ordenamiento con un detallado marco de previsibilidad tanto para la administración como para el contratista, lo que reduce el riesgo de contratar con el Estado, y por tanto reduce el precio.
Así, se creó un sistema que establece claramente cuáles son los derechos del contratista, para que este no dependa de la buena voluntad de la administración, y también se estipulan penalidades y sanciones concretas para los contratistas que incumplan sus obligaciones.
Uno de los principales ejes de la ley es la utilización de las herramientas tecnológicas al servicio de la transparencia y el control efectivo. Utilizamos un sistema de contrataciones electrónicas, a partir del cual se cotiza con una oferta encriptada y sin la necesidad de haber obtenido el pliego anteriormente, lo que disminuye significativamente los riesgos de colusión empresaria.
Eliminar la exigencia previa de compra de los pliegos significa que los contratistas no podrán saber contra quienes están compitiendo hasta el momento de la apertura de ofertas. Este es uno de los tantos puntos importantes que se destacan en el informe de la Ocde, casualmente publicado el día anterior a la sanción de la ley.
La ley exige la publicación de todas las etapas del procedimiento, por lo que la ciudadanía no solo va a poder observar el proceso de selección y las distintas ofertas, sino que podrá controlar toda la ejecución del contrato.
Tal como lo sugiere la Ocde, se implementa un sistema que apunta a la maximización de la participación de oferentes genuinos y a la creación de un Registro de Constructores, que será público.
No se puede dejar de mencionar, también en coincidencia con las recomendaciones de la Ocde, que con el nuevo régimen se ponen concretas limitaciones a los adicionales de obra, como también a los adelantos financieros, generando así una ley que eleva los estándares de transparencia, concurrencia y en pos de un estado inteligente y eficiente.
Buenos Aires es una ciudad que se desafía a sí misma para estar siempre en movimiento. Fueron años donde la cantidad de obra pública explotó, todos podíamos cruzarnos con cientos de obras. Algunas pequeñas, otras inmensas y que hicieron que transformáramos la calidad de vida de muchos porteños.
A una ciudad que crece la cuida un gobierno que se ocupa de acompañarla en transformar su infraestructura física y legal. A todo ese monumental plan de trabajo, se suma Legislatura con una ley moderna y a la altura estos tiempos.
Necesitamos ponernos la vara por encima de donde la encontramos, se viene una nueva gestión y con ella nuevos desafíos. Con este régimen de obra pública, nos estamos comprometiendo a hacer cada día un esfuerzo mayor por mejorar la vida de todos.
El autor es legislador porteño por la Coalición Cívica ARI, bloque Vamos Juntos
