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Una ley para las Fuerzas Armadas
Por Carlos H. Raimondi
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EN la Argentina se han producido durante el siglo XX sólo dos amplios debates sobre cuestiones de seguridad y defensa. El primero, en 1902, con motivo de la reestructuración del Ejército y la instauración del servicio militar obligatorio. El segundo, este año, con la muy aprobación de la ley de reestructuración de las Fuerzas Armadas.
El debate de 1901 fue memorable por la participación activa de la comunidad, y finalizó con el triunfo de las ideas de Riccheri: un Ejército integrado obligatoriamente por ciudadanos argentinos, que perduró por casi cien años.
La restauración democrática
El segundo debate es largo y silencioso, con menor participación social y más institucional. Comienza en 1984, luego de la ascensión del gobierno democrático, en un entorno era profunda desconfianza política entre los actores.
Fundaciones la como Arturo Illia, Karakachoff, Ricardo Rojas, Simón Rodríguez, el National Democratic Institute, las universidades de La Plata, Quilmes y Complutense de Madrid son las primeras instituciones que discutieron nuevos proyectos de seguridad y defensa. A ellas se agregan Flacso, el CARI, Unión para la Nueva Mayoría, Cespal, Centros de Estudios Estratégicos de las Fuerzas Armadas, la Escuela de Defensa Nacional y la Escuela Nacional de Inteligencia, las comisiones de Defensa de la Cámara de Diputados y el Senado, la Universidad de Córdoba y otros centros académicos.
Hace unos siete años se constituyó una nueva institución: Seguridad Estratégica en el 2000. Buscaba vertebrar una organización que permitiera llegar a ese año en condiciones de ofrecer una opción para resolver las cuestiones de la seguridad y la defensa en la región. Para ello reunió en su seno civiles y militares estudiosos de las disciplinas mencionadas, representantes del Gobierno y de las Fuerzas Armadas, partidos políticos, comisiones de Defensa de la Cámara de Diputados y el Senado, autoridades ejecutivas y representantes de países amigos.
Liderada por el fallecido senador Eduardo Vaca, entonces presidente de la Comisión de Defensa del Senado, la institución alcanzó coincidencias notables en los temas tratados. Hace tres años organizó las audiencias públicas para debatir los problemas de la defensa, en las que todos los sectores pudieron manifestar sus ideas con entera libertad.
El proyecto de ley del ex diputado y ex ministro de Defensa Horacio Jaunarena se abrió paso como el más viable entre los presentados. Finalmente, el pasado 18 de marzo fue votado por unanimidad, un hecho casi sin precedente en los anales de la nuestra defensa.
La ley para la reestructuración de las Fuerzas Armadas, aunque dispone un modesto incremento del presupuesto militar del 3 por ciento anual en un quinquenio, a contar desde 1999, sobre una base de 3500 millones de pesos y un crédito de 1000 millones para reequipamiento también en el quinquenio, significa un punto de inflexión para los presupuestos militares, casi congelados desde la restauración de la democracia. Se pasa así de un gradiente decididamente negativo a uno suavemente positivo; en otras palabras, se revierte la tendencia.
Una tarea ciclópea
Esta ley busca ser el instrumento para la reforma de la defensa, una de las políticas públicas que el Estado no puede delegar. Establece como una necesidad de las Fuerzas Armadas su subordinación al poder político. Recoge conceptos como defensa de la paz, estrategia política disuasiva, acción conjunta, equilibrio cooperativo con otras fuerzas del hemisferio e integración regional.
- Correlaciona la nueva ley con la de defensa, con la de seguridad interior y con el decreto 1196 de Planeamiento Militar Conjunto, conformando todo ello una política de defensa.
- Reorganiza dentro del país las áreas estratégicas, suprimiendo organismos burocráticos o sin finalidad práctica, buscando la plena integración de las fuerzas.
- Establece reformas educativas, en concordancia con el sistema educativo nacional y con objeto de mejorar la capacitación del personal de las fuerzas.
- Crea en el Congreso la Comisión Parlamentaria de Seguimiento de la Reestructuración Militar, compuesta por doce legisladores de ambas cámaras.
- Busca estructurar la continuidad en el pensamiento de la defensa por encima de las situaciones de coyuntura. También establece que se dicten las normas legales pendientes referidas a la cuestión de la defensa.
Son trabajos pendientes rever la dimensión de las fuerzas, el sistema remunerativo, reformas a la ley de retiros, funcionamiento del Consejo de Defensa, el estudio de las reservas, una nueva ley de movilización, y completar el sistema educativo y el informático.
Como puede observarse, la tarea es ciclópea. Sin embargo, observamos hoy amplia voluntad política para superar los escollos, tanto por parte de las autoridades legislativas y ejecutivas como de las Fuerzas Armadas. Por eso, por primera vez en muchos años, somos cautamente optimistas. © La Nación
