Una necesidad imperiosa: la sólida infraestructura institucional

Las referencias que nos ofrece el mundo en esta segunda década del siglo XXI señalan un nítido contraste con la ilusión de un futuro de paz y progreso global que se presumía cierto, al final de la Guerra Fría, al abrigo de la ola democratizadora y el auge de la globalización económica. En ese marco, los países de América Latina siguen lidiando, además, con los asuntos problemáticos que distinguieron su historia en el siglo pasado: el autoritarismo, la desigualdad y la violencia.

A pesar de este adverso contexto global y regional, los tres países de Latinoamérica que son considerados como democracias plenas según la clasificación de The Economist –Uruguay, Costa Rica y Chile– exhiben, y no como resultado del azar, los mejores resultados relativos en términos de desempeño económico, reducción de la pobreza y acción estatal efectiva en la pandemia. En este marco de recesión democrática y deterioro económico y social, es crítico identificar las claves que explican el cambio tectónico que, en términos políticos, significa el nuevo gobierno argentino. También, analizar si las ideas del nuevo gobierno constituyen una base sólida para afrontar los desafíos de este tiempo.

Nuestro país integra, junto a Venezuela y Cuba, el reducido grupo de naciones que en el hemisferio occidental han registrado un retroceso, en términos relativos, en su desarrollo. Aunque sí es verdad que la inauguración democrática de 1983 –un verdadero cambio civilizatorio– terminó para siempre con la violencia como método de acción política y contribuyó de manera decisiva al fin de las dictaduras en la región. La nueva institucionalidad, sin embargo, no fue suficiente para instaurar un orden político que sostuviera un conjunto de políticas públicas eficaces para promover un desarrollo económico y social perdurable, a diferencia de muchos de nuestros vecinos de la región

Los datos que muestran el retroceso son dramáticos: en el período 1974-2020, el ingreso por habitante de la región creció al 1,8% anual acumulativo, tres veces más que el de la Argentina. Sobre este deterioro secular de la economía argentina, se desplegó la pésima gestión oficial de la pandemia en 2020, que ubicó a la Argentina en el lote de 15 países con los peores indicadores de fallecidos por millón de habitantes. Además nuestro país, en el primer año de la pandemia, triplicó, según el FMI, la caída promedio del PBI mundial y registró un incremento de la pobreza tres veces más alto que el promedio de Latinoamérica, según la Cepal. Con ese clima de época de recesión democrática como telón de fondo, una sociedad mayoritariamente enojada y desesperanzada creyó encontrar una opción superadora al habilitar el acceso al poder de una extravagante propuesta política, percibida como cuestionadora del frustrante orden político establecido.

El nuevo gobierno se propone una reformulación profunda de las relaciones entre la sociedad, el mercado y el Estado, liderada por quien se presenta como “el primer presidente libertario de la historia de la humanidad”. Esa autoimpuesta misión a escala planetaria pretende reemplazar la “necrofilia ideológica” –el amor por ideas muertas y fracasadas que orientó los cuatro gobiernos elegidos de cuño peronista que tuvimos en el siglo– y también impugnar una parte sustancial del pacto de convivencia expresado en la Constitución Nacional, por un recetario que conduce directo a una “autocracia de mercado”, eludiendo las reglas del estado de derecho y potenciando los modos populistas de la acción política, tan internalizados por la sociedad argentina.

El profesor Loris Zanatta sintetizó los rasgos dominantes del populismo según Isaiah Berlin que, por otra parte, se adaptan como el guante a la mano a la práctica política del oficialismo: es un fenómeno antipolítica, independiente del tipo de ordenamiento institucional; formula un planteo regeneracionista de un pueblo elegido que exige recuperar un pasado idealizado de esplendor.

Es pertinente no confundir la concepción y la práctica política del populismo –con su desprecio por la división de poderes y la rendición de cuentas a los ciudadanos– con los contenidos de las políticas económicas. En rigor, fueron tan populistas las experiencias “neoliberales” de Alberto Fujimori en Perú –que llegó a clausurar el Congreso–, como los 4 gobiernos peronistas de este siglo –que casi duplican el gasto público en relación al PBI–, gobernando desde el primero hasta el último día de sus gestiones con facultades delegadas por el Congreso y con permanentes avances sobre la independencia del Poder Judicial.

Además, con un populismo hegemónico, existen riesgos que pueden devenir peligros para la salud democrática. Estas características fueron sistematizadas por los autores de Cómo mueren las democracias describiendo distintos comportamientos autoritarios de actores políticos relevantes como, por ejemplo: rechazar, ya sea de palabra o mediante acciones, las reglas democráticas del juego; negar la legitimidad de sus oponentes; tolerar o alentar la violencia; anunciar la voluntad de restringir las libertades civiles de sus opositores, incluidos los medios de comunicación.

Aunque es de estricta honestidad intelectual reconocer que el gobierno argentino aún no alcanzó las cotas rupturistas de Trump, Bolsonaro, Orbán y Erdoğan, también es cierto que su praxis política, con la habitual dosis de descalificación y agravios a opositores y periodistas, agrega un contenido tóxico al muy tensionado clima político. La relevancia de la dimensión institucional excede los aspectos vinculados con los derechos civiles y políticos de los ciudadanos y, en rigor, también determina el desempeño económico.

La anomia social y la debilidad institucional ayudan a explicar la asimetría en el desempeño económico entre la Argentina y sus vecinos. Mientras que entre 2006 y 2022 Uruguay y Chile redujeron la pobreza en 22 y 35 puntos porcentuales, respectivamente, el deterioro secular de nuestra economía hizo que, sólo en el último período presidencial, se haya incrementado el contingente de pobres en cerca de 1,5 millones de personas. De acuerdo con un estudio reciente sobre la calidad institucional, nuestro país registró solo en 7 de los últimos 21 años un desempeño superior al promedio de los países de América Latina y, además, los países que encabezan el ranking, Chile y Uruguay, casi duplican a la Argentina en el promedio del período considerado.

En la policrisis de la Argentina, donde las distintas dificultades se superponen como en las matrioskas rusas, no es aconsejable el reduccionismo simplificador de creer que estamos frente a una crisis fiscal con derivaciones múltiples, sino que es pertinente saber que sufrimos una crisis social, política, económica y de convivencia democrática, con implicaciones fiscales.

La condición de superación de esa crisis combinada es, sin dudas, la consagración de un orden político asentado en tres pilares: uno democrático, donde la soberanía popular expresada en elecciones limpias y verificables esté garantizada; otro republicano, que establezca la independencia, el equilibrio y la rendición de cuentas de los poderes y un tercer soporte de naturaleza auténticamente liberal que asegure los derechos de cada ciudadano, en particular de todas las minorías.

Entonces, para poder esperanzarse con un horizonte de progreso social y realización individual es imprescindible que una sólida infraestructura institucional –como decía el presidente de la República de Italia Sandro Pertini en referencia a la relación a la integración económica de su país con Europa– deje de ser un ideal para constituirse en una necesidad imperiosa.