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¿Una reforma para mejorar la Justicia o buscar impunidad?
Hace muchos años que nuestro país necesita considerar seriamente una reforma judicial integral. Toda la sociedad necesita y merece una justicia eficiente, confiable, ágil y accesible.
Encarar esta tarea ya ha sido motivo de importantes trabajos en distintos ámbitos. Uno de ellos fue el Programa Integral de Reforma Judicial para el cual fuera convocada por el entonces ministro de Seguridad y Justicia de la Nación, Gustavo Béliz. Participamos junto los doctores Germán Garavano, Santiago Otamendi y Luis Palma, juntamente con la mesa de diálogo de la elaboración de un extraordinario programa que entonces no contó con la ¨voluntad política¨ de ejecutarse de quien fuera jefe de Gabinete, Alberto Fernández. Desde 2015 a 2019, de la mano del Ministerio de Justicia, se trabajó arduamente en el programa Justicia 2020, con excelentes resultados y logros en diversos temas con la colaboración de expertos y participación ciudadanos por igual.
Por ello, cabe preguntarnos si la propuesta actual tiene como objetivo realmente mejorar los aspectos fundamentales citados, que exigen por otra parte la mayoría de los argentinos, o es el fruto de la parcialidad de intereses individuales para instrumentar cambios al sólo efecto de parcializar resultados y acomodar el servicio de justicia a la conveniencia de posible impunidad.
Definitivamente, el único interés aceptable es el que se dirige a los beneficios de la sociedad en su conjunto, y la única manera de encarar este proyecto es con la necesaria participación de todos los sectores y sobre todo de las instituciones protagonistas de la actividad judicial.
No podemos imaginar reformas en este sentido que no mejoren de una vez los tiempos de la resolución de las causas; la simplificación de las etapas recursivas; el uso de tecnologías; el nombramiento del Defensor del Pueblo (art. 86 de la Constitución Nacional); la mejora de infraestructura edilicia; el equilibrio y despolitización del Consejo de la Magistratura; la implementación efectiva de juicios por jurados (arts. 24, 75 inc. 12 y 118 de la CN); la intachable reputación y conducta de magistrados, su debida formación y ajenidad a cualquier actividad política; el perfeccionamiento eficiente y ágil de los controles de constitucionalidad, etc. Asimismo, entre otros aspectos a considerar está el impacto económico en el erario público por el exceso, innecesario, en los nombramientos de miembros de la Corte Suprema.
En definitiva, queremos una justicia más sana, confiable, accesible y rápida. ¿Son estos los objetivos del Gobierno? No me cabe duda que sí son los de la sociedad toda que lo exige y necesita porque tiene sed de justicia.
Exsecretaria de Estado del Ministerio de Seguridad de la Nación
