Una universidad que no se discute a sí misma

La UBA declaró este año, en el Anuario Estadístico de la Secretaría de Educación, que tiene 349.286 estudiantes.

Ante la consultora QS, que realiza un ranking internacional de universidades, declaró menos de un tercio: 105.391.

En ninguno de los casos mintió. Cuando se discute presupuesto declara el número mayor, que incluye a todos los inscriptos, aunque no cursen ni rindan ningún examen. Cuando sabe que la van a evaluar, declara tres veces menos: solo el número de estudiantes que efectivamente cursan y aprueban una determinada cantidad de materias por año.

Los datos –que fueron presentados la semana pasada ante una comisión de la Cámara de Diputados y no han sido desmentidos– generan asombro e interrogantes, pero, sobre todo, aportan la fotografía de un sistema universitario que tiene profundas distorsiones y que, sin embargo, se resiste a un debate franco y de fondo que involucre el financiamiento, pero también la calidad, la equidad y la racionalidad de sus variables estructurales.

El sistema universitario tiene, efectivamente, un problema de plata. Pero ¿el problema es que falta o también que se gasta mal?; ¿no hay un déficit de transparencia en el manejo de fondos extrapresupuestarios?; ¿no hay un crecimiento exponencial del gasto en estructuras burocráticas y en infraestructura extrauniversitaria?; ¿no hay un presupuesto basado en datos dispares y estadísticas “infladas”? Las preguntas no generan, curiosamente, ninguna incomodidad ni debate en las comunidades académicas.

Ahora mismo, por ejemplo, en la Universidad de La Plata –donde este año se perdieron al menos 40 días de clases por paros de docentes o no docentes en reclamo de la ley de financiamiento–, cualquiera que pase por la sede de la Facultad de Periodismo, cerca del Bosque, verá que avanza una imponente edificación de moderno diseño arquitectónico. ¿Qué están construyendo? Una nueva cafetería para los alumnos, similar a las que ya inauguraron en otras facultades. Está muy bien, ¿pero no falta plata?; ¿no está en riesgo hasta el pago de la luz? La expansión edilicia de la UNLP es un fenómeno verdaderamente llamativo: incluye, este año, la construcción de un quinto restaurante universitario con un menú subsidiado. Será una sede de casi 500 metros cuadrados, entre cubiertos y semicubiertos, que se integrará a una cadena de negocios de hotelería y gastronomía que administra la propia universidad.

No hay un debate sobre las prioridades, pero tampoco sobre la equidad de ese gasto. Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares, que también se presentaron la semana pasada en una comisión del Congreso, únicamente el 3,2% de los jóvenes de 25 años cuyos padres no accedieron a la educación superior logran obtener un título universitario. Es un dato que hace juego con otros que consignó Fernando Laborda en una columna de la semana pasada en LA NACION: en la universidad pública argentina apenas se gradúa uno de cada cien estudiantes del quintil más pobre de la población. Y casi cuatro de cada diez estudiantes pertenecen, por su nivel socioeconómico, a los dos quintiles más altos de la pirámide. Esas estadísticas están detrás de la postal, anecdótica pero expresiva, que observa un profesor de Psicología en La Plata: “En la facultad están desbordados los estacionamientos porque una gran cantidad de estudiantes vienen en auto”.

Si esos datos se cruzan con las carencias de las escuelas primarias y secundarias, donde –por ejemplo– solo hay 2778 cargos de psicólogos para 36.326 colegios, según un relevamiento que hizo la sección Comunidad de LA NACION, la pregunta es inevitable: ¿es equitativo que se construyan más cafeterías para estudiantes universitarios mientras los sectores pobres no encuentran contención escolar en primaria y secundaria?

Por otra parte, muchas universidades administran fondos megamillonarios a través de fundaciones sobre los cuales no se rinden cuentas. Son agujeros negros que se manejan en un circuito por lo menos opaco. Cuando el diario El Día, en La Plata, se empeñó en conocer los ingresos que tiene la UNLP por servicios de auditoría y negocios como el del estacionamiento medido en ciudades del país y del exterior, chocó contra un muro de resistencia. La Universidad tuvo que ser obligada por un juez a brindar información, y aun así, lo hizo de manera parcial, con datos crípticos y sin ninguna claridad. Ahora, después de un largo derrotero con pedidos de acceso a la información pública, El Día corroboró que, solo por auditorías que le encargó la empresa estatal Enarsa en las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, de Santa Cruz, la fundación de la Facultad de Ingeniería de La Plata recibió, en concepto de pagos parciales, casi 14 millones de dólares (US$13.828.646) entre el 1° de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2024. Es apenas una mínima parte de un complejo entramado de contratos y convenios que tiene esa universidad por montos millonarios en dólares. ¿A dónde va a parar esa plata? No se sabe. Aun descontados los costos de la auditoría, no hay constancias de que esas ganancias se destinen a becas estudiantiles, a aliviar la carga de gastos de funcionamiento o a mejorar los salarios de docentes e investigadores de la propia universidad.

Esto pasa en un sistema público de educación superior en el que el 44,5% de los ingresantes abandona la facultad al término del primer año. Y donde solo 18 de cada 100 estudiantes se gradúan en el tiempo teórico de duración de una carrera. Son cifras que describen un sistema con indicadores muy alejados de estándares internacionales y que explican aquella asimetría que muestra la UBA al declarar la cantidad de estudiantes.

La distribución presupuestaria también exhibe gruesas distorsiones que, sin embargo, no se discuten en el Consejo Interuniversitario Nacional: cuatro casas de estudio (Buenos Aires, Rosario, Córdoba y La Plata) forman 52 de cada 100 egresados del sistema, pero reciben 37 de cada 100 pesos del presupuesto general. En el otro extremo, 36 universidades forman apenas 14 de cada 100 egresados, pero reciben 27 de cada 100 pesos asignados por el Tesoro nacional. Ocurre algo parecido a lo que pasa con el régimen de coparticipación federal, pero esas asimetrías no forman parte del debate.

Según los datos expuestos ante el Congreso, la planta docente de las universidades no paró de crecer: pasó de 151.585 docentes en 2010 a 216.541 en 2024, un aumento del 43%. Pero la mayor parte del crecimiento corresponde a dedicaciones simples. El sistema hoy registra una relación de 8,2 estudiantes por cargo docente, mientras que el promedio de los países de la OCDE es de 14,6 estudiantes por cargo docente. Sin embargo, la tasa de graduación de las universidades públicas argentinas está entre las más bajas de la región, detrás de Chile, Uruguay y Colombia.

Los sueldos docentes han quedado rezagados y son, efectivamente, muy bajos. ¿Hay una discusión sobre la posibilidad de que las propias universidades destinen fondos que generan a través de sus negocios para estimular a sus mejores profesores con refuerzos salariales? No. Esa plata circula por otros circuitos. ¿Se podría evaluar un arancel selectivo, para que estudiantes de alto poder adquisitivo aporten a un fondo de becas que ayude a los de sectores más vulnerables a llegar y a mantenerse en la universidad? Nada que roce el dogma de la “gratuidad absoluta” tiene espacio en la conversación universitaria.

Las condiciones de ingreso, regularidad y exigencia son temas tabú, sin posibilidad de ser sometidos a debate. Lo mismo pasa con la desconexión entre la oferta universitaria y la demanda del sistema productivo: cada vez se necesitan más ingenieros, más bioquímicos, más geólogos. Pero el sistema universitario forma cinco abogados por cada tres ingenieros, según un relevamiento de Chequeado sobre la base de datos oficiales.

En este contexto, el discurso presidencial le ha dado a la universidad la posibilidad de abroquelarse en una actitud defensiva. La motosierra y la brocha gorda han sido funcionales a los intereses de la corporación universitaria, lo mismo que el incumplimiento de la ley que establece las pautas de financiamiento. Una retórica agresiva y despreciativa en la cima del poder ha convertido a “la defensa de la universidad pública” en un eslogan convocante. La sensibilidad de la clase media ha sido lastimada por un discurso hostil y avasallante. Ha ocurrido que un sector de la sociedad que valora la educación pública prefiera la opacidad y la ineficiencia “académicas” antes que la guadaña indiscriminada de un gobierno que no ha propuesto una reforma seria del sistema científico y universitario, y que se ha aproximado al tema con una artillería de simplificaciones y prejuicios. Toda la conversación pública, en realidad, está condicionada por la violencia verbal de un presidente que insulta, descalifica y que, en nombre de la libertad, propone “la hoguera” para los que lo critican.

Defender la universidad pública exige discutir sus problemas, no con eslóganes, sino con datos. Y, sobre todo, con honestidad intelectual, pero también con tolerancia y mesura. Exigir transparencia en el manejo de esas gigantescas cajas negras que son las fundaciones universitarias es defender los valores esenciales de la universidad pública. Discutir los criterios de equidad también lo es, lo mismo que la calidad institucional, lesionada por atajos estatutarios que permiten la perpetuación en el poder de rectores asimilados a la cultura de los barones del conurbano.

A más de un siglo de la Reforma del 18, tal vez sea indispensable rescatar su legado: el de una universidad capaz de discutirse a sí misma, sin conformismo ni complicidades. Y de no mirarse como una isla ni como una corporación, sino como un engranaje del desarrollo y el futuro del país. También, como un espacio de efervescencia y pluralismo, donde la unanimidad y la ausencia de debate deberían ser sospechosas.

La opacidad y el silencio, al fin y al cabo, debilitan a la universidad más que el ajuste. Alzar la voz dentro de los propios claustros tal vez sea la mejor forma de defender la educación superior.