Urge erradicar la pobreza y la inseguridad alimentaria en la niñez y la adolescencia

Esta semana Unicef presentó una nueva encuesta que permite identificar los desafíos y vulneraciones que afectan a los hogares con niños, niñas y adolescentes del país. Los resultados de este relevamiento ponen en evidencia la fragilidad de gran parte de estos hogares, sobre todo en torno a dos dimensiones: la económica y la alimentaria.

En primer lugar, con relación a lo económico, a pesar de haber pasado más de dos años desde el inicio de la pandemia y de observarse una recuperación de la actividad económica, una proporción importante de los hogares en donde residen chicas y chicos tienen, aún, ingresos insuficientes. A un 33% de estos hogares (más de dos millones) no les alcanza el dinero para poder solventar sus gastos corrientes. Esto se eleva en hogares que reciben la Asignación Universal por Hijo y en aquellos liderados por mujeres. E, incluso, se observa en un 20% de los hogares donde el jefe o jefa está ocupada de manera formal.

La falta de ingresos se traduce en la reducción de ciertos consumos, con impactos concretos sobre los niños, niñas y adolescentes. La mitad de los hogares con chicos y chicas no puede afrontar los gastos escolares -como, por ejemplo, comprar los libros y útiles-. Por falta de dinero, en un 24% de los hogares dejan de realizar consultas médicas y odontológicas o dejan de comprar medicamentos (17%).

En segundo lugar, y directamente vinculado a esta fragilidad de ingresos, el derecho a acceder a una alimentación suficiente y adecuada aparece vulnerado en una proporción significativa de niños, niñas y adolescentes. La encuesta señala una alerta central: más de un millón de chicos y chicas debió saltear alguna de las cuatro comidas principales por falta de ingresos en sus hogares. Además, en el último año, 7 de cada 10 hogares redujeron el consumo de carne y un 20% aumentó la ingesta de harinas, fideos y pan.

Como consecuencia de estas carencias, los hogares desarrollan distintas estrategias para afrontar sus gastos corrientes y poder acceder a alimentos: el endeudamiento (formal o informal) y el uso de ahorros, con diferencias según niveles socioeconómicos. Un 25% de los hogares en donde viven chicos y chicas accede a alimentos a través de préstamos informales como el fiado y esta situación se triplica en los hogares más pobres. Por otro lado, 3 de cada 10 hogares utilizan sus ahorros para gastos cotidianos como la alimentación y en un 20% aumentó la utilización de la tarjeta de crédito para la compra de alimentos (en mayor medida entre los hogares del quintil de riqueza más elevado). Asimismo, frente a la falta de ingresos, el trabajo adolescente también aparece como una estrategia que se vio incrementada a lo largo de los últimos dos años: un 25% de los y las adolescentes trabajan y un 10% busca hacerlo.

Si bien resulta clave que el país pueda orientar sus políticas basadas en un proceso de crecimiento económico inclusivo y sostenido en el tiempo, demográficamente orientado y con un enfoque fuertemente redistributivo, el sistema de protección social sigue siendo central para mitigar los efectos de la falta de ingresos. Más de la mitad de los hogares es alcanzado por alguna medida de protección de ingresos y de apoyo alimentario. Sin embargo, en un contexto de elevada inflación como el actual, queda en evidencia que los sistemas de protección social deben tender a la universalidad de sus prestaciones así como asegurar su suficiencia. Es clave, por un lado, identificar a aquellos sectores todavía no cubiertos y, sobre todo, generar los mecanismos para asegurar el sostenimiento de la capacidad de protección de ingresos de las políticas de protección social. Avanzar en estos consensos es fundamental, en particular en momentos de crisis como los actuales, para asegurar que ningún niño o niña viva en situación de pobreza y, sobre todo, de pobreza extrema.

Especialista de Inclusión Social y Monitoreo de Unicef Argentina