A 100 días de la intervención, nadie reclama por Ciccone

Cien días después de la intervención de la ex Ciccone Calcográfica , el misterio continúa. Se ignora aún quiénes son sus verdaderos dueños, no se sabe cuánto le costará al Estado quedarse con la imprenta, la ruta de los $ 50 millones que se usó para financiar el desembarco de Alejandro Vandenbroele muestra zonas negras y el juicio de expropiación aún no se inició.

La Casa Rosada logró, sin embargo, el objetivo central que se trazó al intervenir la compañía el martes 7 de agosto. Sacó al "caso Ciccone" de la agenda pública más caliente y redujo las revelaciones que sacudían al vicepresidente Amado Boudou.

Aquella "intervención transitoria" por 60 días se dispuso, sin embargo, sin que mediara una orden judicial previa. Se ordenó a través del decreto 1338/2012, que firmó la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero en el que no se mencionó quiénes son los dueños de la empresa, ni explicitó los motivos para ordenar el avance oficial.

Para el Gobierno es innecesario resolver ese acertijo. "Nosotros no tenemos que avanzar sobre los dueños de Ciccone. Como máximo, cuando se tome una decisión administrativa se le notificará a quien figura en los papeles como representante legal de la compañía, como se hace con cualquier otra empresa", argumentó una alta fuente oficial ante LA NACION.

Transcurridos los 60 días de la intervención, no se produjo ningún cambio de fondo en la compañía, por lo que el Gobierno prorrogó la medida por otros 60 días, mediante el decreto 1865/2012, del 4 de octubre. Con una curiosidad: a diferencia de los dueños españoles y franceses que reclamaron tras la pérdida de Aerolíneas Argentinas, YPF o Aguas Argentinas, esta vez ningún dueño o siquiera accionista minoritario salió a reclamar o quejarse.

Así, cuando este jueves se cumplan los primeros 100 días bajo el control gubernamental, la ex Ciccone continúa bajo el mando directo del ministro de Economía, Hernán Lorenzino, y una estrecha colaboradora de Boudou desde hace años, la presidenta de la Casa de Moneda, Katya Daura.

Lorenzino ya se presentó en el expediente concursal que tramita ante el juez en lo Comercial, Javier Cosentino, y comenzó a responder los requerimientos y pedidos de informe del síndico Martín Stolkiner sobre los movimientos de la empresa.

Daura, por su parte, sufrió un traspié dentro del Gobierno. La Cámpora ingresó en la Casa de Moneda, donde colocó a mediados de agosto al economista Esteban Kiper como número dos. Supervisa qué ocurre dentro de la imprenta estatal y de la ex Ciccone y, en particular, los contratos que firma su teórica jefa.

El otro protagonista central del caso Ciccone, Alejandro Vandenbroele, fue desplazado de la presidencia de la compañía en los días que siguieron a la intervención. El presunto testaferro de Boudou figura ahora "sin empleador" en los registros de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Pero mientras continúa su batalla legal con su ex mujer Laura Muñoz en los tribunales de Mendoza, donde declaró la semana pasada, Vandenbroele confía en que la causa penal que lo tiene como protagonista en Comodoro Py sufra un golpe letal a fin de año.

La sala más cercana al Gobierno de la Cámara Federal -integrada por Eduardo Farah, Jorge Ballestero y Eduardo Freiler- debe resolver varios planteos de nulidad que podrían derrumbar la investigación. Y según trascendió en los tribunales, el fallo podría salir antes de la feria de enero.

Por el contrario, Vandenbroele aún mantiene un rol activo en el expediente concursal, donde a principios de este mes presentó un escrito para aportar algunas precisiones como presidente de la sociedad The Old Fund, con la que llegó a controlar a la ex Ciccone.

El valor de la compañía también continúa envuelto en un cono de sombras, ya que el Tribunal de Tasaciones de la Nación aún no emitió el dictamen que estableció el artículo 2 de la ley 26.761, de expropiación de la imprenta, el 29 de agosto pasado.

LA NACION consultó el viernes al Tribunal de Tasaciones, bajo la órbita del Ministerio de Planificación Federal, pero no obtuvo respuesta.

Según esa ley de expropiación, "la suma que eventualmente deba abonarse en cumplimiento del proceso expropiatorio será pagada -hasta el monto correspondiente si excediera el de la tasación-" una vez cancelada la deuda que la ex Ciccone "registre ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP)".

De los expedientes de la AFIP surge que la ex Ciccone arrastra una deuda por más de $ 247 millones en impuestos e intereses atrasados, a los que suman otro rojo millonario por los aportes previsionales impagos, más otro reclamo sustancial de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA).

Pero a 100 días de la intervención, aún se ignora si el Estado terminará por pagarles algo a los ignotos dueños de la ex Ciccone. O siquiera si podrá al menos compensar lo que le adeudan por la AFIP. De hecho, aún no inició el juicio de expropiación.

"Viejo Pirata", la marca de Boudou

Una sociedad que él integra registró una patente con ese nombre y otra que se llama "Bucanero Garfio"

Tras el estallido del denominado caso Ciccone, la Inspección General de Justicia (IGJ) modificó sus reglas y estableció que sólo podrían acceder a los legajos societarios bajo su control aquellos que demostraran un "interés legítimo". Esos legajos guardan múltiples sorpresas, como las adquisiciones que el vicepresidente Amado Boudou concretó a través de una de las pocas sociedades que reconoce como propias, Inversiones Inmobiliarias Aspen SA, según consta en los balances de la firma que de todos modos obtuvo la nacion.

Con esa firma compró acciones de otra sociedad, Coinal SA, con sede en la casa de toda la vida de su íntimo amigo José María Núñez Carmona, en Mar del Plata. Y con esa firma, registraron dos marcas patentes que bautizaron con nombres inolvidables: "Bucanero Garfio" y "Viejo Pirata".

Cronología de una estatización sin épica

La decisión del Gobierno que ayudó a Boudou

• 7/8/2012
  
  La intervención
  
  A través de un decreto presidencial se dispuso que la imprenta Compañía Sudamericana de Valores (CVS), ex Ciccone Calcográfica, sería intervenida por 60 días. Por su participación en esa firma estaba complicado el vicepresidente, Amado Boudou. Nadie anuncia la medida, que se conoce a través del Boletín Oficial
• 8/8/2012
  
  Proyecto de ley
  
  El Poder Ejecutivo envía al Congreso un proyecto de ley para estatizar la empresa, con el argumento de que es necesaria para garantizar "la soberanía monetaria", ya que es la única imprenta privada en condiciones de hacer billetes
• 29/8/2012
  
  La expropiación
  
  Se promulga la ley de expropiación votada por la mayoría kirchnerista en las dos cámaras del Congreso. En el debate nadie explica quiénes son los dueños de la empresa que se estaba estatizando
• 4/10/2012
  
  Prórroga
  
  El Gobierno decide prorrogar la intervención de la imprenta por otros 60 días, a la espera de que se inicie el juicio de expropiación y pueda cumplirse el traspaso oficial a manos del Estado
• 10/11/2012
  
  Sin certezas
  
  A poco de cumplirse los 100 días de la intervención estatal en la empresa, sigue sin aparecer nadie que reclame dinero. No se sabe quiénes son los dueños ni cuándo empezará el juicio de expropiación