A falta de recursos, Luis Caputo propone trasladar a las provincias las obras públicas

CÓRDOBA.- El análisis y tratamiento del proyecto de presupuesto de 2027 coincide con las negociaciones que la Casa Rosada lleva adelante con los gobernadores por la reforma política (con eje en la eliminación de las PASO).

Los contactos previos empezaron mal por los cambios planteados en las prestaciones vinculadas a discapacidad. En ítems que alcanzan directamente a las provincias, el ministro de Economía, Luis Caputo, prevé una recomposición de ingresos que mejoraría las transferencias directas, pero aun así, la distribución de ATN (el fondo se alimenta de la coparticipación) correría muy por detrás.

Tampoco se recomponen las partidas para obras públicas. En el caso de las obras, la alternativa que plantea Caputo es trasladar parte de las responsabilidades a los gobiernos provinciales. El proyecto incluye autorizaciones de garantías del Tesoro para siete distritos. Son instrumentos que muchos financiadores -por ejemplo, los mercados asiáticos- piden como aval.

Para este año, la Nación había previsto recuperar parte de la inversión en obra pública después del fuerte ajuste de 2024 y 2025, pero las transferencias de capital a provincias siguen muy rezagadas: representaban apenas 1% de lo efectivamente girado.

Para el próximo año -mientras los gobernadores siguen reclamando por infraestructura-, el planteo es avanzar con el traslado de responsabilidades a las provincias. La iniciativa da cuenta de que, de 2339 obras relevadas, 1683 fueron dadas de baja o quedaron en proceso de rescisión; 457 fueron transferidas o están en proceso de transferencia a provincias y municipios, y 199 permanecen bajo gestión nacional (55 de esas están terminadas).

Las transferencias de las obras a través de convenios -se firmaron con 21 provincias y nueve municipios bonaerenses- supone para esas jurisdicciones no solo hacerse cargo de la ejecución, sino del financiamiento pendiente y el mantenimiento. El proyecto alcanza algo más de $1 billón en obras geolocalizadas en las provincias, la mayoría en rutas nacionales.

En paralelo, habilita financiamiento y contempla avales del Tesoro para algunas jurisdicciones. No se trata de transferencias ni de recursos que ingresen directamente a las cuentas provinciales, sino de mecanismos que pueden facilitar el acceso al crédito. La distribución incluida es: Córdoba, hasta US$530 millones; Santa Fe, hasta US$300 millones; Corrientes, hasta US$150 millones; Chaco, hasta US$120 millones; San Juan, US$100 millones; Neuquén, US$20 millones, y Mendoza, hasta 100 millones de euros.

Además, Caputo mantiene abierta la posibilidad de compensar deudas recíprocas entre la Nación y provincias mediante quitas, esperas, compensaciones, reconocimientos y otras formas de cancelación. Según el texto, 21 jurisdicciones adhirieron a acuerdos que involucran $3,7 billones en obligaciones cruzadas y 37 litigios.

Las transferencias automáticas alcanzarían los $104.031.500 millones en 2027 (7,3% del PIB), lo que implica un alza real interanual del 7,5% (calculado sobre la inflación proyectada oficialmente). Ese crecimiento, según analiza Politikon Chaco, se fundamenta en la espera de una mejora de la recaudación nacional, impulsada por IVA y Ganancias.

Tierra del Fuego, Neuquén, Chubut, Río Negro, Buenos Aires, Santa Cruz y San Luis mostrarían las mayores alzas (superiores al 8%) y Salta, la suba más leve, con 5,6%.

Por el lado de los giros no automáticos, sumarían $2.588.186 millones (0,2% del PIB), 94% corresponde a transferencias corrientes y 6%, a las de capital. De cumplirse esa cifra, implicaría una caída de 1,8% real contra el cierre estimado para 2026. Las corrientes bajarían 0,4%, mientras que las de capital lo harían 20%.

Los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) integran estas partidas y lo presupuestado es $300.994 millones. Así, los envíos se mantendrían estables en moneda constante.

Desde Politikon Chaco remarcan “una evidente paradoja: mientras que los envíos por coparticipación y otros automáticos crecerían al 7,5% anual y, por ende, la composición del Fondo ATN (de recaudación automática) lo haría a un ritmo similar, la distribución de los mismos correría muy por detrás, por lo cual se prevé una considerable subejecución”, tal como viene pasando. Lo que se recauda y no se reparte, se lo queda el Tesoro Nacional.

El artículo 60 del proyecto establece un crédito presupuestario por $503.326 millones de Anses para giros a las 13 cajas previsionales provinciales que no pasaron a manos de Nación.

El texto plantea que “solo podrán requerir el pago de los anticipos a cuenta aquellas provincias que tuvieran un déficit reconocido, ya sea provisorio o definitivo, que surja de un acuerdo” con Anses y que corresponda “al menos al Ejercicio 2021 o posterior”. A la vez que determina que el jefe de Gabinete, con previa intervención del Ministerio de Economía, podrá ampliar el límite establecido.

Para este año, el monto asignado originalmente fue de $122.763 millones, pero en julio, por el avance en la firma de convenios con las provincias, se amplió hasta $409.343 millones. Así, la suba prevista para el 2027 es de 1,8% interanual en términos reales.

Según el mensaje que acompaña el proyecto, el gobierno nacional espera una relativa mejora del resultado primario consolidado de las provincias para este año, del -0,05% del PIB en 2025 al 0,00% en 2026 y un sostenimiento del déficit financiero (del 0,34% de 2025 al -0,29%).

Para el año que viene, la proyección también incluye mejoras; 2027 cerraría con superávit primario por el 0,20% de PIB y un déficit financiero que se achicaría al 0,04% del Producto.

En términos de ingresos, el superávit primario sería equivalente al 1,3% y el déficit financiero, al 0,2%. Esta relativa mejora se daría porque se prevé un crecimiento real anual de los ingresos totales de los subnacionales en torno al 4% mientras que el gasto total se incrementaría en 2,3%.

Por Gabriela Origlia

• Luis Caputo

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