A ocho años de la inundación en La Plata: buscan reactivar la causa para determinar las responsabilidades políticas

LA PLATA.- A ocho años de la trágica inundación de La Plata que dejó como saldo al menos 89 muertes y una ciudad diezmada con pérdidas por miles de millones de pesos, un grupo de damnificados intenta reavivar la única causa penal que sigue abierta en busca de determinar las responsabilidades políticas por lo ocurrido.

Se trata de la instrucción penal preparatoria 13275/13, expediente identificable como: “Alcance 1”, donde se intenta dilucidar el destino de fondos asignados a obras hidráulicas de saneamiento de los arroyos que atraviesan la ciudad de las diagonales así como la opacidad en el labrado de actas de defunción así como serias irregularidades en la comunicación a familiares de las víctimas. Esa responsabilidad, sostienen, recae en las gestiones de funcionarios públicos tanto del municipio platense como de la provincia de Buenos Aires, incluidas sus cabezas visibles por aquel entonces, el exintentende Pablo Bruera y el exgobernador Daniel Scioli, respectivamente.

El caso, que fue originalmente instruido por el fiscal Jorge Paolini, pasó en 2018 a manos de su par Hugo Tesón, como titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 8. A mediados del último año, cuando Tesón fue designado al frente de una nueva fiscalía especializada en narcotráfico y pedofilia, la pesquisa quedó bajo la responsabilidad del fiscal Martín Almirón.

Se trata de una causa abierta tras la tormenta desatada el 2 y 3 de abril de 2013 y que corrió por cuerda paralela a otra que en marzo de 2019 condenó al ex titular de Defensa Civil Sergio Ariel Lezana, quien al declararse culpable evitó el desarrollo del juicio y la consecuente producción de prueba. A Lezana fue condenado por “violación de los deberes a su cargo” en un juicio oral que se limitó a la primera audiencia y que significó su inhabilitación por un año para ejercer cargos públicos y el pago de una multa de 12.500 pesos dispuesta por la jueza Claudia Grecco. En aquel fallo Grecco accedió a mantener abierta  la instrucción suplementaria que ahora busca reactivarse.

Las irregularidades

“Vamos a pelearla hasta el final”, asegura el abogado Marcelo Peña, que representa a Ricardo Ariel Wagner, un abogado que sufrió un grave perjuicio en varios locales de su propiedad. Según Peña, lo más importante son los informes sobre la forma en que se hizo la identificación de los cadáveres y los consecuentes certificados de defunción que en muchos casos acreditaron de modo apócrifo decesos por motivos diferentes a la asfixia por inmersión pese que las personas se habían ahogado. El letrado pidió el desarchivo de la causa y asegura haber constatado decenas de ilícitos cometidos al labrar los certificados de defunción y considera que es necesario ampliar ese registro. Sostiene que las autoridades deben responder si no hubo comercialización de certificados. También denuncia una maniobra para proteger a los funcionarios: “Hubo una estrategia judicial para evitar que las responsabilidades políticas fueran investigadas a fondo y forzar la prescripción. Eso es lo que estamos denunciando y vamos a intentar impedir en esta fase de la causa”, aseguró Peña en diálogo con LA NACION. Para el abogado “no solo es necesario sustanciar un juicio para determinar las responsabilidades sino, que es sustancial para que toda la comunidad sepa la verdad sobre lo ocurrido”.

Para lograr efectivamente desempolvar el expediente Peña necesita que el juez de Garantías platense Guillermo Atencio le otorgue a su cliente la condición de particular damnificado, trámite que se propone realizar la semana entrante.

Peña que considera que la acción judicial hasta el momento fue “impresentable y terminó con la condena de un laburante al que quisieron hacer cargo de todo burlándose del dolor y la inteligencia de todos los platenses”, acusó el abogado que recusó a la jueza Grecco a la que acusó de actuar con imparcialidad y sin una verdadera motivación de impartir justicia y, pese a que no hay antecedentes de que pueda ser aceptado, elevó a la Corte provincial un recurso de queja para declarar nulo el juicio oral que condenó a Lezana.

Otro elemento que parece clave radica en poder insistir en la solicitud de un informe que ya fue librado por oficio pero nunca fue respondido, dirigido al ministerio de Infraestructura de la Nación y a la Contaduría General bonaerense sobre la presunta aprobación, durante los años 2010, 2011, 2012 y 2013, de partidas millonarias destinadas a mantenimientos de sumideros y ampliación de redes cloacales para la ciudad que si bien habrían sido aprobadas jamás fueron ejecutadas. A ello se suma una serie de informes previos elaborados expertos de la Universidad Nacional de La Plata que alertaban sobre la vulnerabilidad del sistema hídrico de desagues de la ciudad. En dicha causa se dio intervención a la Secretaría de Política Criminal de la Procuración Bonaerense para requerir una pericia sobre las recomendaciones de varios consultores contratados por la comuna para aconsejar el tipo de obras que eran necesario proyectar y ejecutar para evitar o mitigar los efectos de una inundación.

Uno de los principales argumentos defensivos de los funcionarios radica en la excepcionalidad de la precipitación: en menos de 24 horas cayeron 392 milímetros un volumen inusitado que provocó el mayor desastre hidro-meteorológico en ciudades de que haya registro en la historia nacional.

Entre el enojo y la desilusión

El ambiente de las asambleas vecinales de inundados se debate entre el enojo y la desilusión ante la falta de respuestas judiciales. Por la inundación perecieron al menos 89 personas, según la sentencia dictada por el ex juez Contencioso Administrativo, Luis Federico Arias, confirmada parcialmente por la Cámara de Apelaciones. Durante la investigación Arias protagonizó varios encontronazos con magistrados del fuero penal hasta que la Corte bonaerense que definió la competencia criminal. Uno de esos enfrentamientos fue con el fiscal Paolini, cuestionado por familiares de víctimas que llegaron hasta requerir la sustanciación de un jury ante la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento de Magistrados.

Una curiosidad que alimenta las suspicacias de los vecinos sobre el proceso judicial es que el abogado que representó al municipio Fernando Padován fue poco después de la condena a Lezana designado fiscal penal en la UFI N° 12.

Para Alejandro Albano, uno de los más activos integrantes de la Asamblea de Tolosa, donde todos coinciden en calificar lo ocurrido como “un crimen social impune”, todo el proceso judicial hasta el momento fue “bochornoso y apuntó a encubrir a los políticos responsables: A Scioli por no llevar adelante las obras de infraestructura ya acordadas y a Bruera por no contar con un plan para asistir a los vecinos y dejarlos a su suerte en medio de aquella tragedia”, aseguró.