Abrirán los archivos de la dictadura de la arquidiócesis de La Plata

LA PLATA.- El arzobispo de La Plata, Gabriel Antonio Mestre, se propone abrir los archivos de la curia platense de los años de la represión de la última dictadura militar y reconocer y, por primera vez, a estudiantes y profesionales ligados a la Universidad Católica de La Plata (Ucalp) que fueron víctimas mortales o sufrieron persecuciones durante ese período.

En un contexto de apertura validado por el papa Francisco no deja de ser un paso audaz teniendo en cuenta que La Plata es una de las diócesis más cuestionadas por su actuación en esos años bajo la conducción de la controvertida figura de monseñor Antonio José Plaza y que, además, tiene al primer religioso condenado por crímenes de lesa humanidad: Christian Von Wernich.

Apenas se produjo su asunción al frente de la diócesis, en septiembre, Mestre comenzó a trabajar en el proyecto, que, según sus cálculos estaría en condiciones de concretar en marzo. Entre medio es necesario estudiar con cuidado los alcances y generar un protocolo de acceso que permita preservar otro tipo de información sensible que contengan los registros eclesiásticos. En reuniones mantenidas con diferentes interlocutores el prelado ha expresado que la iniciativa tiene como objetivo “contribuir a echar luz sobre la verdad para una necesaria reconciliación de la sociedad”.

Durante su pasó como obispo de Mar del Plata, Mestre ya llevó adelante una experiencia similar al permitir el acceso a documentación de esa época para un trabajo desarrollado por investigadores de la Universidad Nacional de esa ciudad que tenía por finalidad esclarecer hechos vinculados con la desaparición de personas. Aquel estudio, que se desarrolló en 2019, el obispado emitió un comunicado en el que sostuvo: “La verdad es el único camino para alcanzar la justicia y promover la paz”.

No obstante, el arzobispo sabe que trasladar aquella experiencia a la capital bonaerense no será una tarea sencilla ni exenta de riesgos. Como polo de activismo político, sindical y estudiantil, La Plata fue un distrito particularmente golpeado por el actuación represivo desplegado por las autoridades militares que se hicieron del poder a partir del 24 de marzo de 1976.

Licenciado en Teología de 55 años, Mestre llegó a la arquidiócesis platense en septiembre para reemplazar a Víctor Manuel Fernández, quien pasó a desempeñar funciones en el Vaticano por pedido del Papa. Durante la ceremonia de su asunción, el pastor reafirmó su compromiso de “recordar la memoria activa que nos haga rechazar cualquier tipo de dictadura que no nos haga respetar los derechos humanos fundamentales”. Y remarcó la importancia de “buscar el camino para superar toda grieta”.

En diálogo con LA NACION el arzobispo consideró que “la defensa de la democracia y los derechos humanos son evangélicos” y expresó su “deseo profundo” de llevar adelante la apertura de los registros de la curia y destacó que la propuesta sigue el camino que recorre desde hace años la Conferencia Episcopal Argentina (CEA). Consideró, además, que este tipo de medidas forman parte “del diálogo abierto, claro, sincero que Francisco viene proponiendo para construir la cultura del encuentro entre hermanos”.

Ahora Mestre estudia paso por paso un cronograma para avanzar en la apertura de los archivos de la arquidiócesis. Prevé convocar para febrero a los organismos de DDHH de La Plata para lo cual ya tendió puentes a través de entidades marplatenses con las que tiene aceitados vínculos. También prepara una presentación especial del libro La verdad los hará libres, un estudio encomendado por la CEA a la Facultad de Teología de la Universidad Católica Argentina (UCA), coordinado por su rector, el presbítero Carlos María Galli, que ya va por el tercer tomo y aborda -a partir de la clasificación de documentos de la Santa Sede, la Nunciatura de Buenos Aires y la propia CEA- la actuación de la institución en los procesos de violencia y terror acaecidos en Argentina entre los años 1966 y 1983.

El prelado subrayó la importancia de este trabajo: “Se trata de un trabajo muy importante de revisión y crítica profunda, que da a conocer documentos realmente son dolorosos, donde el papel de algunos jerarcas de la Iglesia Católica no fue el que tendría que haber sido”. Y agregó: “debemos buscar la verdad por sobre todas las cosas y si en ese camino encontramos algo en que la iglesia no haya actuado bien o no haya estado a la altura, obviamente también tenemos que trabajar en una reparación en la medida de lo posible”.

Una de las figuras más fuertes y polémicas de la iglesia de aquellos tiempos es monseñor Antonio José Plaza, que marcó a fuego a la arquidiócesis platense a la que rigió durante 30 años, entre 1955 y 1985. Nacido en Mar del Plata en 1909, Plaza fue un enfático defensor de los métodos represivos y mantuvo un vínculo muy estrecho con el general Ramon Camps, uno de los máximos responsables del diseño del esquema represivo en la provincia de Buenos Aires.

Plaza llegó a calificar de “evangélico” el decreto de autoamnistía dictado por el último presidente de facto, Reynaldo Bignone. Tras el retorno de la democracia, consideró que el Juicio a las Juntas era “una porquería” y “una revancha de la subversión”. Su nombre integró la nómina de religiosos calificados como represores que elaboró la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) y llegó a estar imputado por violación de los deberes de funcionario público y encubrimiento de hechos de tortura y privación ilegal de la libertad. En 1987 murió sin ser juzgado. Se lo acusó, incluso, de haber entregado a su propio sobrino, Juan Domingo “Bocha” Plaza, de la Juventud Peronista, egresado de la Ucalp, secuestrado el 16 de septiembre del 76 por un grupo de tareas pocas horas después de haber mantenido una entrevista con su tío en la sede del arzobispado.

A finales de octubre pasado, el obispo Mestre se reunió con el abogado, docente y dirigente del peronismo platense, Jesús María Plaza, hermano de Bocha y exdirector de Derechos Humanos de la comuna. De ese encuentro surgió una nueva iniciativa: reivindicar a estudiantes, docentes y trabajadores de Ucalp perseguidos por la dictadura.

El plan, en este caso, sería aprovechar los actos de celebración de los 60 años de vida de la universidad, que se cumplen en marzo próximo, para homenajear la figura de Bocha Plaza y sumar otros casos similares. Para ello, Mestre encomendó a la rectora de la institución, Rita Gajate, una tarea de rastreo para detectar otros estudiantes, graduados o trabajadores desaparecidos o asesinados en los años de plomo. Entre los primeros nombres que surgieron figura el de Gabriel Cazalla, recibido como abogado en la Ucalp, donde también fue docente en la cátedra de Derecho Natural. Fue defensor de presos políticos y en mayo de 1976 fue torturado en su propia casa por una patota parapolicial. Para eludir las persecuciones Cazalla, casado con Sara Carrasco Quintana -también abogada egresada de la misma facultad-, se refugió en Mar de Ajó. Ambos fallecieron el año pasado.

Según estimaciones de organizaciones dedicadas al tema, durante el último gobierno militar hubo en La Plata entre 2000 y 2500 víctimas entre asesinados y desaparecidos producto de las acciones represivas y se documentaron 32 menores hijos de desaparecidos que fueron ingresados a la Casa Cuna entre 1975 y 1978 enviados por las fuerzas de seguridad, como en varias oportunidades lo declaró ante la Justicia el exdirector de esa institución, Marcos Cuminsky.

Buena parte de esos guarismos surgen del denominado Juicio por la Verdad, instrumentado a partir de 1998 por la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de La Plata, donde se reunieron alrededor de 1800 causas -en su mayoría habeas corpus- abiertas entre 1976 y 1983 que se hallaban en archivo en juzgados de primera instancia de la jurisdicción. Desde entonces, cada miércoles, los jueces de la Cámara platense, Julio Reboredo, Antonio Pacilio, Carlos Nogueira y Leopoldo Schiffrin, recibieron durante casi seis años cientos de testimonios de sobrevivientes de centros de detención clandestina, familiares de desaparecidos, policías, militares, médicos y sacerdotes. Ante esas audiencias comparecieron el obispo auxiliar de La Plata, José María Montes, y el capellán de la Armada, Emilio Teodoro Graselli, quienes durante la última dictadura tuvieron la misión de recibir a numerosos familiares de víctimas que iban a preguntar por sus seres queridos. Se supo entonces que Graselli llegó a conformar un fichero, que fue secuestrado por la Cámara, con unas 2500 fichas con datos personales de desaparecidos.

Otro de los que fue convocado a declarar como testigo en el Juicio por la Verdad de La Plata fue el cura Von Wernich quien, sin embargo, tuvo que ser retirado por los custodios en medio del repudio de familiares y sobrevivientes, quienes recordaron que solía visitar a los detenidos torturados para preguntarles si habían aprendido “la lección” y recomendarles que “hablaran, porque así Dios lo quiere”.

En agosto de 2003 los camaristas Schiffrin y Reboredo reclamaron la detención de Von Wernich, que ostentaba jerarquía como oficial de la policía bonaerense. Finalmente, el titular del Juzgado Federal N° 3, Arnaldo Corazza, ordenó detenerlo el 24 de septiembre de ese año.

Cuatro años más tarde, el 9 de octubre de 2007 el Tribunal Federal Oral N°1 de La Plata, integrado por los jueces Carlos Rozanski, Horacio Isaurralde y Norberto Lorenzo, condenó a prisión perpetua a Von Wernich, quien para entonces todavía era un miembro activo de la iglesia. Los jueces lo hallaron culpable como coautor en siete homicidios triplemente calificados, además de ser coautor en la aplicación de tormentos agravados en 34 casos y partícipe necesario en la privación ilegal de la libertad agravada en 42 oportunidades. Tras conocerse el fallo, la Conferencia Episcopal Argentina emitió un comunicado en el que señaló que si algún miembro de la institución había participado en actos de “represión violenta” lo había hecho “bajo su responsabilidad personal”.

También ha sido muy mencionado en los juicios por delitos de lesa humanidad el ex obispo auxiliar de La Plata entre 1975 y 1978, Mario Picchi, un sacerdote salesiano nacido en Italia que asistió a Plaza en los años más crudos de la represión. En octubre del 2006, la fiscalía federal de La Plata ordenó su detención por la desaparición de dos matrimonios secuestrados en la Brigada de Investigaciones de La Plata, pero la orden no pudo cumplirse porque el obispo había fallecido en marzo de 1997.

Para la abogada Marta Vedio, integrante de APDH La Plata y una de las promotoras del Juicio por la Verdad, “no hay dudas de que la jerarquía estuvo comprometida por lo menos en el silencio ya que los obispos sabían lo que estaba ocurriendo y optaron por el silencio. Obviamente eso no abarca a todo el clero pero sí a los de mayor relevancia”, aseveró la letrada que participó como querellante en numerosos procesos entre otros los que tuvieron como resultado las condenas de Von Wernich y la del exdirector de Investigaciones, comisario Miguel Osvaldo Etchecolatz.

Por Pablo Morosi

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