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Acorralar a la Corte
El conflicto de poderes parece tener un objetivo claro: el Poder Ejecutivo busca acorralar a la Corte, para restarle margen de acción.
El martes último, cuando el máximo tribunal dictó el fallo Sosa, en el que le ordena al gobennador Daniel Peralta restituir en su cargo al ex procurador general Eduardo Sosa, el mandatario hizo explícita su desobediencia.
Pero el Poder Ejecutivo redobló la apuesta y en lugar de hacer cumplir el fallo, los ministros y legisladores salieron a respaldar a Peralta: ahí, en ese momento, crearon un conflicto de poderes.
Hubo, sin embargo, otro dato más llamativo aún: el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, y también el senador por Santa Cruz, Nicolás Fernández, amigo personal de algunos de los jueces de la Corte, salieron a criticar, no ya a los legisladores sino a la misma Corte, acusándola de tener una mala actitud institucional o de participar en una suerte de golpe contra Peralta.
La decisión de no restablecer a Sosa en su cargo se debe a un viejo encono de Néstor Kirchner con el ex procurador y a la decisión del ex presidente de no mostrar ninguna debilidad. El Gobierno entiende que perder esta pulseada equivle a una derrota política. Para el Poder Ejecutivo, la Corte es igual a la oposición y no se puede ceder frente a ninguna.
Pero, de paso, la pulseada también le busca restar margen a la Corte, desprestigiarla injustamente, para mostrarle a los jueces quién manda en el país: el Poder Ejecutivo está preocupado por la suerte de varias causas que se van acumulando en la Corte, especialmente vinculadas con los medios, y el Gobierno no quiere mostrar debilidad alguna
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