Adepa manifestó su preocupación por la decisión del juez Ramos Padilla en contra del periodista Daniel Santoro

Esta mañana se conoció que el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, amplió los procesamientos dictados contra el fiscal federal Carlos Stornelli y el periodista Daniel Santoro en la causa conocida como el caso D'Alessio, donde se investigan presuntas maniobras de espionaje y extorsión.

Ramos Padilla dio por cerrada la investigación y ordenó que la causa sea elevada a juicio oral una vez que la Cámara haya confirmado los procesamientos, que alcanzan también al falso abogado Marcelo D'Alessio y a otras ocho personas más.

Ante esta resolución, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) manifestó "su grave preocupación por la medida tomada por el juez quien amplió un procesamiento anterior del periodista de Clarín Daniel Santoro, acusándolo ahora de ser parte de una asociación ilícita".

"El juez tomó esta medida sin precedentes en una resolución en la que además amplió los procesamientos de los fiscales Carlos Stornelli y Juan Ignacio Bidone, de Marcelo D’Alessio, y del exdirector de la AFI Pablo Pinamonti, entre otros, como parte de la denuncia de un productor agropecuario, realizada en 2019", agregó la entidad a través de un comunicado.

Para Adepa "llama la atención que el periodista no fuera citado a indagatoria antes de la nueva resolución y también que esta haya sido tomada sin que se agregara ningún hecho relevante a la causa".

Ya el año pasado, a través de sendos comunicados, Adepa había cuestionado el carácter selectivo de la imputación a Santoro, el avance sobre el secreto de las fuentes de información protegido por la Constitución y la falta de elementos que pudieran sugerir cualquier interés extraprofesional o involucramiento doloso de Santoro en las actividades de los otros procesados. En el mismo sentido se expresaron numerosas instituciones y juristas, que incluso se presentaron como amicus curiae en el expediente, como es el caso de los constitucionalistas Antonio María Hernández y Andrés Gil Domínguez.

"La nueva resolución da un paso más, al aplicar figuras que deberían ser totalmente restrictivas, como la de la asociación ilícita, desconociendo que el periodismo de investigación tiene en forma habitual contacto con fuentes cuyas actividades no siempre son lícitas ni procuran finalidades de bien común, como ha sostenido Adepa en reiteradas ocasiones", añade el comunicado.

Según Adepa, "el periodismo no goza de ningún tipo de inmunidad. La justicia puede y debe investigar y sancionar los delitos que pudieran cometer los periodistas, pero la responsabilidad de estos debe ser indubitable y esos supuestos delitos nunca pueden configurarse por la publicación de información sobre hechos de interés público. La criminalización del periodismo en estos casos crea un peligroso precedente que lleva a la autocensura y desincentiva la investigación periodística, clave para la lucha contra la corrupción".

"La imputación o el procesamiento de periodistas -en este caso, de Daniel Santoro- por las acciones ilícitas que puedan haber cometido sus fuentes y por la publicación de informaciones provistas por esas fuentes constituye un mecanismo de restricción indirecta a la libre expresión y daña así el libre ejercicio del periodismo, en los términos del Pacto de San José de Costa Rica", recordó la entidad.

Para cerrar, recordaron: "Las recientes declaraciones de Adepa en los casos de El Destape, Luis Majul, Gerardo Young y Rodis Recalt, todas en el mismo sentido, dejan claro que el deber del periodismo es dar a conocer la información a la que accede, más allá de sí eventualmente terceros cometieron alguna acción ilícita al revelarla o transmitirla. Solo de este modo se fortalece un amplio acceso a la información por parte de la ciudadanía y un debate democrático abierto y sin restricciones. Varios casos emblemáticos en la historia del periodismo moderno alrededor del mundo son ejemplos y prueba de ello".

En tanto, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea), también emitió un comunicado en el que expresa su preocupación y considera el fallo como un "nuevo avance para criminalizar la actividad periodística".

"Nuestra organización está abocada al análisis legal pertinente para expresar en detalle sobre este nuevo ataque al trabajo profesional", agregaron desde el foro.