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Advierten que las obras sociales no rindieron cuentas por $ 689 millones
Entre 1999 y 2010, la APE les había adelantado $ 1200 millones en subsidios por prácticas médicas
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La Administración de Programas Especiales (APE) mantiene con el sistema de salud una deuda de $ 689 millones por montos que todavía no rindió o que debe devolver y no lo hizo.
El dato surge del último informe que elaboró la Auditoría General de la Nación (AGN), y que debatirá y seguramente aprobará en su reunión de la próxima semana.
El informe, al que tuvo acceso LA NACION, detalla irregularidades de todo tipo, que para la AGN acarrean un "perjuicio fiscal" para el Estado, por lo que reclama "identificar responsabilidades" por eso.
La defraudación al Estado es por cifras millonarias, acordes con las que maneja APE, el organismo encargado de reintegrar fondos a obras sociales sindicales por tratamientos de alta complejidad. Para eso la entidad recibe el 15% de los recursos que los trabajadores aportan a su obra social.
El dato más escandaloso es que desde 1999 hasta 2010 (el período que auditó la AGN) APE les adelantó subsidios a las obras sociales por $ 1200 millones (a cuenta de las prestaciones y tratamientos que ellas otorgarían), pero ellas sólo rindieron cuentas por el 34% de ese monto ($ 405 millones), mientras hay un 57% ($ 689 millones) por el que no presentaron los avales o documentación correspondiente. Según el informe de la AGN, hay otro 5% que las obras sociales tuvieron que devolver y un 4% de montos revocados.
Entre las obras sociales que no rindieron cuenta de los subsidios que recibieron, el ranking lo encabezan la del sindicato de empleados de comercio, la del personal civil de la Nación, la de bancarios y sanidad.
En 2008, con la gestión de Graciela Ocaña en el Ministerio de Salud, el sistema empezó a cambiar, y en vez de subsidios anticipados de APE las obras sociales debían reclamar el dinero vía reintegros, después de dar la prestación y presentando los comprobantes. Sin embargo, en 2009, con la salida de Ocaña, se volvió al modelo anterior, y el monto pendiente de rendición creció más de $ 150 millones en poco más de un año.
"La AGN confirma todas las denuncias que yo hice y que determinaron mi salida del Ministerio de Salud", dijo Ocaña anoche, consultada por LA NACION. También adelantó que pedirá que se conforme en el Congreso una comisión investigadora, que de paso proponga un sistema más transparente de reintegros.
Plagado de detalles y casos más que curiosos, el informe de la auditoría critica, por ejemplo, las inconsistencias en la carga de datos de los beneficiarios: dice que aparecen pacientes diferentes con el mismo DNI y a la inversa, variaciones del mismo nombre y mismo DNI con diferente sexo o fecha de nacimiento, entre otras.
No es la única irregularidad vinculada al área de sistemas de APE, a cargo de Christian Asorey, pareja de Valeria Salerno, hijastra del líder de la CGT, Hugo Moyano, y uno de sus hombres en el organismo.
Entre los detalles insólitos, la auditoría señala que 112 beneficiarios de supuestas prácticas médicas habían fallecido antes de la fecha en que se las hicieron, y hay muchos otros casos donde no se consigna la edad del afiliado. Es un dato central, porque, por ejemplo, hay beneficiarios de hasta 178 años de edad que figuran reclamando la ayuda de APE.
El informe también habla de troqueles de medicamentos falsificados, informes de médicos sin matrícula y reclamos por discapacidad sin ningún profesional que los avale.
La AGN también hizo un ranking de las obras sociales que presentan más reclamos ante APE según su cantidad de afiliados. Lo lidera el sindicato de choferes de colectivos (con un reclamo por cada 92 afiliados) seguido por el de camioneros (con uno por cada 122 socios). En el otro extremo, el gremio del personal rural presenta un pedido por cada 694 afiliados.
A lo mejor por eso, en el capítulo dedicado al mal de Chagas, llama la atención que hay sólo doce pedidos de ayuda para prevenir la enfermedad, un mal endémico y muy frecuente en nuestro país.
57%
Dinero sin rendir cuentas
Es el porcentaje del dinero que APE recibió en subsidios desde 1999 y que todavía no pudo justificar.
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