Aída Kemelmajer de Carlucci: "El debate por el aborto no debe plantearse como una guerra de absolutos"

MENDOZA.– En medio del debate parlamentario del proyecto de ley de aborto legal, Aída Kemelmajer de Carlucci, jurista de prestigio internacional, sostiene que "no es una cuestión de absolutos" y hace foco en el derecho que tiene "cada persona a proyectar su propio plan de vida".

Exministra de la Suprema Corte de Mendoza y autora del Código Civil y Comercial que rige desde 2015, Kemelmajer afirma que, de aprobarse la iniciativa, no se dispararán los casos: "Nadie aborta por deporte".

–¿Por qué es tan difícil hablar de aborto en la Argentina? Una grieta más…

–Es difícil tener diálogos maduros porque el aborto se ha planteado en términos de "guerra de los absolutos". De un lado se dice que la persona comienza desde la concepción y nadie ni nada puede afectar esa vida. No hay conflicto de derechos, porque sin vida no existen los otros derechos. Del otro lado se afirma que la persona tiene sobre su cuerpo un derecho absoluto, en cualquier época puede hacer con ese cuerpo lo que quiere y nadie puede limitarlo; no hay ningún conflicto de derechos, porque el derecho al cuerpo es absoluto. Desde estas perspectivas, ningún diálogo es posible. El derecho (y en esto se diferencia de la religión) se opone a un planteo de este tipo. Ningún derecho es absoluto: todos los derechos pueden entrar en conflicto y, precisamente, la función del orden jurídico consiste en resolver esos conflictos del modo más respetuoso a los valores fundamentales de la persona.

Ningún derecho es absoluto: todos los derechos pueden entrar en conflicto y, precisamente, la función del orden jurídico consiste en resolver esos conflictos

–¿Cree que empieza a verse un cambio de mentalidad y de paradigma en la sociedad?

–Algunos cambios se visualizan. Algunos jóvenes (no todos) comienzan a entender que esta no es una cuestión de absolutos y que la cuestión debe ser analizada desde diversas perspectivas. De alguna manera, podría decirse que algunas personas empiezan a abandonar las posiciones extremadamente antagónicas y comienzan a escuchar los argumentos del que no piensa igual.

–¿Qué hace falta comprender para dar la discusión de una problemática tan grave?

–Lo primero que hay que entender es la noción de autonomía; o sea, la posibilidad que tiene cada persona de proyectar su propio plan de vida, cualquiera sea su sexo, su orientación sexual, su ambiente cultural, económico, etcétera. Aunque parezca mentira, esto ha sido y sigue siendo muy difícil de entender, incluso para el derecho. ¿Cómo justifica Usted que, por centurias, los códigos civiles establecieran que la mujer necesitaba la autorización del marido para trabajar y que, si el marido no la autorizaba, podía solicitarla al juez, pero este concedía tal autorización solo si no se afectaba el interés familiar? Evidentemente, estas normas (en muchos países subsistieron hasta los años finales del siglo XX) se fundaban en que la mujer era un instrumento de la familia; no podía diseñar su propio plan de vida porque debía adaptarlo, aún en contra de su voluntad, al llamado "interés grupal o familiar". Por eso, un gran constitucionalista español, víctima del terrorismo, Francisco Tomás y Valiente, dijo: "Los derechos individuales deben ser protegidos, aún en contra de metas colectivas que el Estado puede formular, si el instrumento buscado implica que la persona se convierte en un simple instrumento de otra".

–¿Puede explicarlo?

–Nadie debe convertir a otra persona en un instrumento, es tan difícil que algunos ni siquiera advierten qué poco respeto tienen por la libertad del otro. ¿Quién es el Estado para imponer a una adolescente, generalmente abusada en su propio ámbito familiar, que debe llevar adelante un embarazo? El Estado debe ayudar a esa adolescente a que opte con libertad; si decide abortar, debe prestarle los medios, si opta por llevar adelante ese embarazo, también. En el fondo, este es un problema de falta de respeto por la libertad de otra persona. El caso de la niña abusada embarazada es patético; se declara el derecho absoluto del feto por nacer, y se ignora la libertad de elección de una niña de carne y hueso que se tiene frente a sí. Para colmo de males, normalmente, esa niña, obligada a gestar hasta el final y parir, una vez producido el parto, nadie se ocupa de ella; su vida vale mientras es el instrumento de otra; cuando el otro nace, si abandona la escuela, si tiene problemas psicológicos, de eso no se habla. Llamo la atención sobre un dato: en Francia, la primera ley despenalizadora del aborto fue sancionada por un gobierno que presidía Valéry Giscard d'Estaing: él era un liberal con gran conciencia social; entendía que la libertad debía ser de cualquier mujer, no solo de la que estaba en posición de pagar a un médico. Llamó a Simone Veil y lograron convencer a los franceses que el Estado debía ayudar a respetar esas opciones de vida; así lo impone el respeto a la autonomía, a la igualdad y al sentido de solidaridad.

El caso de la niña abusada embarazada es patético; se declara el derecho absoluto del feto por nacer, y se ignora la libertad de elección de una niña de carne y hueso que se tiene frente a sí

–¿Qué necesita el debate legislativo para ser más enriquecedor y menos intransigente o violento?

–Hay que instalar un diálogo verdadero, que se respondan los argumentos de uno y otro sector, que no se den datos sin respaldo fáctico, que no se creen miedos artificiales y, fundamentalmente, que nadie llame asesino al otro.

–¿Cree que hay un uso político y oportunista de los temas que tienen trasfondo judicial?

–El aborto no debiera judicializarse: es un tema que debe ser resuelto de modo rápido y eficaz; la judicialización, por los plazos que normalmente insume, afecta al derecho a la autodeterminación con igualdad y solidaridad. Ciertamente, cuando se judicializa, generalmente, hay un uso político y oportunista.

–¿Si la vida se considera desde la concepción y es un derecho fundamental, por qué se habilita legalmente el fin de esa vida?

–Porque no hay ningún derecho absoluto; hay vida desde la concepción; por eso, el código autoriza a la mujer embarazada, por ejemplo, a pedir alimentos al presunto padre; por eso, la seguridad social debe cubrir a esa mujer, etc. Pero esa vida, puede entrar en conflicto con otros derechos de la persona de la cual esa vida depende (la gestante); esto lo entendió, incluso, el legislador argentino que, en 1921, al redactar el Código Penal sostuvo que no es punible si ese aborto sirve para salvar la vida o la salud de la madre. Parece mentira que algunos países, como Nicaragua, eliminaran esa causal, y que Chile, hace poco tiempo, tuviese un tremendo debate para poder incorporarla.

–¿Cuál es el derecho que debe primar a la hora de una decisión tan polémica?

–Como he dicho, el proyecto respeta todos los valores constitucionales en juego, porque la legalización del aborto que respeta la autonomía de la mujer se establece hasta la semana 14; después de ese límite temporal, la mujer abortará legalmente si está en juego su vida o su salud. Por eso, la prioridad no es absoluta ni de un lado ni del otro.

–¿Pueden prosperar planteos de inconstitucionalidad de la ley, en caso de aprobarse?

-En mi opinión esos planteos deberían rechazarse; he explicado -en el Senado en 2018 y ahora en Diputados- por qué esa ley no viola el bloque de constitucionalidad y cómo los organismos encargados de interpretar los tratados que integran ese bloque, en especial, el Comité Internacional de los derechos del niño, impulsan a la Argentina al dictado de una ley de este tipo.

–¿Es posible que la autorización de la práctica lleve a un aumento sostenido de casos?

–En mi opinión nadie aborta por "deporte"; así lo prueban países vecinos, como Uruguay.

–¿Se conoce el real impacto social y psicológico que la práctica, donde ya es legal, tiene en la vida de la mujer?

–Hay muchos estudios sobre el impacto negativo en la salud física y psíquica de la mujer en países donde la práctica es ilegal. Insisto en que en los países donde es legal nadie obliga a una mujer a abortar; ella puede decidir continuar con el embarazo aún cuando sepa que su vida está en riesgo; es su propia decisión