Alberto y Cristina, chispas sobre un polvorín

El explícito ninguneo de Cristina Kirchner a Alberto Fernández y las tibias respuestas o la resistencia pasiva del Presidente a su vicepresidenta podrían ser un capítulo más del Titanes en el Ring de la política nacional. Pero no lo es. La disputa que se espiraliza en público discurre sobre un terreno cada vez más frágil y más explosivo para ambos. Y para todos.

El nuevo desafío que acaba de lanzar la expresidenta por el manejo de los planes sociales expresa algo más que una disputa por la configuración del poder actual dentro del Frente de Todos y por el control político de los recursos del Estado. También, remite a diferencias sobre medidas específicas, a divergencias de perspectivas sobre el devenir de la economía y a discrepancias sobre funcionarios que funcionan o no funcionan. Pero, sobre todo, responde a algunas circunstancias bastante más cercanas y más acuciantes.

La crítica situación social, que adquiere ribetes dramáticos en el conurbano, bastión del cristicamporismo, es el escenario sobre el que se disparó el último embate de Cristina Kirchner. Así la pelea está signada tanto por la urgencia política como por el esquivo horizonte electoral que se le presenta al oficialismo (tal como está compuesto hoy) para 2023. Dos ramas de un mismo árbol carcomido en sus raíces. La supervivencia está en riesgo hoy. No mañana. Es lo que temen y perciben en el creciente lado no albertista del oficialismo. Aunque juegan con nafta intentando evitar el incendio.

Inseguridad descontrolada, comedores comunitarios desbordados por la demanda y el creciente dominio territorial del narcotráfico y el narcomenudeo en la geografía más pauperizada se suman a la ya consagrada pérdida de control por parte del Estado y de los partidos políticos a manos de las organizaciones sociales. Sobre ese polvorín se sacan chispas Alberto Fernández y Cristina Kirchner.

Algunas descripciones y relatos de funcionarios nacionales, de jefes comunales, de dirigentes locales y de activistas sociales, y los incuestionados datos del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, permiten dimensionar la magnitud del problema, así como sirven para entender el estado de alarma que cunde entre dirigentes políticos del oficialismo y precipita (o anticipa) discusiones en la cima de la colisión gobernante.

“Si los diarios o los canales de noticias de televisión quisieran publicar todos los robos, heridos de bala y muertes violentas que se producen en las calles del Gran Buenos Aires no les alcanzarían todas las páginas de una edición especial ni un programa ómnibus de 24 horas para mencionarlos”, grafica un alto dirigente oficialista que ejerce el control político sobre uno de los distritos del noroeste del conurbano.

Con esa dramática descripción coinciden intendentes del FDT y de Juntos por el Cambio, que suelen pelearse, no por negar la situación que ocurre en sus distritos, sino por evitar que aparezca en los medios de comunicación. Tratan de tirar la basura en el jardín de al lado, impedidos de desmentir los hechos.

Los vecinos desesperados optan por acciones colectivas de prevención y por exponer ante los medios lo que ya se cansaron de denunciar ante la policía sin obtener respuesta o, en algunos casos, luego de sufrir represalias por hacerlo.

Eso es lo que con crudeza expusieron la semana pasada los angustiados habitantes de una barriada de José León Suárez, partido de San Martín, elegida por los ladrones para desvalijar a incautos que concurren a concretar supuestas compras hechas por vía virtual. Su último recurso, ante la inacción policial y de las autoridades locales, fue la colocación de pasacalles y carteles advirtiendo del peligro (“acá no se vende nada, váyanse que los van a asaltar”, rezan los mensajes), que completaron con llamadas a radios y canales de TV para visibilizar su padecimiento y alertar a posibles víctimas. Así de absurdo.

La ausencia, la falta de recursos y la inacción policial son un común denominador en casi todos los distritos. A veces, ese es el mejor escenario, porque no falta la connivencia con los delincuentes, como denunciaron públicamente hace unos meses los vecinos de los búnkeres de la villa de Tres de Febrero donde se había vendido la droga adulterada de San Martín y que mató a 24 personas. Mientras tanto, los shows del ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, y su perra Bona mantienen su periodicidad, sin que parezcan desagradarle a su protectora Cristina Kirchner.

“El narcotráfico fue el gran ganador de la pandemia que se comió barrios enteros”. La afirmación pertenece a Ignacio “Nacho” Levy, referente de la publicación de los barrios populares La Garganta Poderosa y dirigente de una agrupación territorial, a quien Alberto Fernández agradeció y reconoció por su trabajo durante el acto del lanzamiento del III Foro Mundial de Derechos Humanos, realizado en la Casa Rosada. El furcio presidencial, que en ese acto confundió el nombre de la revista con el título de una película pornográfica, logró involuntariamente reponer en la agenda una realidad que es mucho más obscena que cualquier ficción sexual.

“El narcotráfico es una dinámica que fue absorbiendo a familias que históricamente se habían resistido. La envergadura del negocio y los números que manejan son apabullantes. Si lo contrastás con una canasta básica de $100.000, no hay que ser un egresado de Harvard para entender que hay familias que, aun haciendo todos los malabares posibles para poder mantenerse afuera, terminan atrapadas de una u otra manera”, dijo Levy en una reveladora entrevista radial que le hizo Ernesto Tenembaum.

Esa dramática descripción de la situación social se puede complementar con la observación de un profesor de un colegio parroquial del partido de Pilar que cobra una cuota casi simbólica para permitir el acceso a chicos de bajos recursos: “Hasta hace unos pocos años los padres traían a sus hijos en autos con patentes viejas que con suerte empezaban con C o D (es decir, con 20 años de antigüedad o más), pero empezaron a llegar autos con chapas nuevas que arrancan con AA o AB. No es que mejoró su situación económica, sino todo lo contrario. Los hijos de aquellos padres ya no vienen acá y, con suerte, algunos siguen en la escuela pública. Los de ahora son los que antes iban a colegios más caros. Es la movilidad social descendente”, dice el profesor con una desazón que golpea con dureza su compromiso social.

Los datos que el Observatorio de la Deuda Social expuso hace tres semanas en la presentación de la colecta anual de Cáritas les ponen el rigor innegable de los números a esos relatos. En la presentación, titulada “Radiografía de la pobreza en Argentina, ¡es urgente acortar distancias!”, se destacó que “durante la última década tres de cada diez argentinos nunca dejaron de ser pobres, seis de cada diez lo fueron al menos en algún momento. En este contexto, 4 de cada 10 argentinos son pobres tanto por ingresos como por privaciones elementales, y, entre ellos, 1 de cada 10 experimenta hambre de manera cotidiana”.

En contraste con la autocelebratoria difusión del índice de desocupación del 7% que hizo la semana última el Gobierno, el informe había subrayado “la problemática del mercado laboral, en donde desde hace más de una década solo cuatro de cada diez trabajadores tienen un trabajo digno, a la vez que el 60% de la población activa tiene un empleo precario, un trabajo de indigencia o está desocupado”.

Si a eso se agrega que para no ser pobre se necesita un ingreso familiar de 100.000 pesos mensuales, sin contar el costo de la vivienda, se comprende la inquietud que atraviesa a la dirigencia oficialista, que no se consuela con los números de recuperación de la actividad económica o del empleo.

También explica por qué Cristina Kirchner señala que hay trabajadores formales que son pobres, aunque es la vicepresidenta y no una dirigente opositora o una analista. Para rematar su diagnóstico, ella dice que esa es la consagración de un estado de situación “preperonista”. El nuevo anatema con el que el cristicamporismo excomulga a Fernández y su equipo, empezando por el ministro de Economía, Martín Guzmán. Pero las urgencias son de nosotros y los problemas no son ajenos.

Así el embate cristinista por recuperar el control de la ayuda social para gobernadores e intendentes aparece como un tardío manotazo de ahogado, después de años de nadar en sentido contrario, con más destino de relato político y de vocación proselitista que como herramienta eficaz para modificar una realidad de cuyo origen y conformación no está libre de culpa el kirchnerismo, aunque quiera circunscribirlo todo al fracaso económico de la gestión macrista.

Como reconoce un alto funcionario del Ministerio de Desarrollo Social, que no pertenece a los movimientos, los propios intendentes delegaron, se desentendieron o resignaron esa responsabilidad y, luego, se dejaron arrebatar tal potestad sin resistencia cuando Néstor y Cristina Kirchner decidieron transferir su control a las organizaciones.

Fue después de la derrota en las elecciones intermedias de 2009, porque ya el matrimonio no confiaba en la lealtad de los jefes comunales. Los candidatos locales habían hecho en sus respectivos distritos una mejor elección que la que hicieron allí los candidatos provinciales y nacionales del Frente para la Victoria (que no fue). Uno de los más destacados cortaboletas de entonces resultó el distrito que aún controlaba Sergio Massa, mucho después miembro del triunvirato fundador del FDT.

Todas evidencias contundentes de que a lo largo de los años se han modificado las superestructuras políticas sin cambiar el rumbo descendente de la estructura social.

No puede extrañar, entonces, que sean mayoría los consultores de opinión pública que advierten sobre la degradación del humor social para ponerlo en niveles críticos, similares a los de tiempos más convulsos de la historia reciente del país. Alberto y Cristina se sacan chispas sobre un polvorín.

Por Claudio Jacquelin

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Tipo de trabajo:análisis