Allanaron Cablevisión y ordenan su intervención
Lo decidió un juez de Mendoza; la Gendarmería lideró el operativo
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La Gendarmería Nacional comandó ayer durante tres horas un sorpresivo allanamiento en las oficinas centrales de Cablevisión, perteneciente al Grupo Clarín, para hacer cumplir la orden de un juez de Mendoza que intervino la empresa y pidió poner en funciones a un coadministrador.
El operativo realizado en la sede que la firma tiene en Barracas, del cual participaron 50 gendarmes que exhibían armas de fuego, se desarrolló en un clima de fuerte tensión dentro de la empresa y fuera de ella, cuyos empleados protestaron ruidosamente e intentaron echar al delegado judicial.
El juez federal Walter Bento, de Mendoza, hizo lugar a un pedido presentado por el grupo Vila-Manzano , competidor de Cablevisión y hoy cercano al gobierno nacional. El magistrado designó a Enrique Anzoize cointerventor, sin desplazar al directorio de la firma. Los ejecutivos de la cableoperadora ofrecieron acceder a la documentación solicitada, pero el funcionario judicial recorrió todos los pisos del edificio, mientras los gendarmes que lo acompañaban revisaban, incluso, los bolsos de los empleados.
La decisión ordenada por el juez Bento -a la que un comunicado de Cablevisión calificó como "funcional a la estrategia que viene desarrollando el gobierno nacional contra la empresa"- va mucho más allá del nombramiento de un cointerventor. El juez ordenó, a través de una medida cautelar, que en 60 días se dejara sin efecto la fusión de Cablevisión y Multicanal, una operación que había sido aprobada en 2007, en los últimos días de la gestión presidencial de Néstor Kirchner.
La orden del magistrado exige separar a las dos marcas (Cablevisión y Multicanal), para que operen sus respectivas redes, con sus propios abonados, contabilidad y facturación.
La decisión se da en el marco de una reforzada embestida del Gobierno contra los medios no oficialistas. El jueves pasado, la Cámara de Diputados dio media sanción a la ley que regula el mercado de papel para diarios, una iniciativa que fue respaldada por el grupo Vila-Manzano. Y, anteayer, el procurador general, Esteban Righi, dictaminó que la Corte Suprema le debe ordenar al Grupo Clarín que desinvierta y venda varios de sus radios y señales.
"Hace un año, el ministro de Planificación, Julio De Vido, dijo que Fibertel no existía más. Ahora intentan ir por Cablevisión, operando a través de un juez y de un empresario, Daniel Vila, que es amigo del Gobierno. Esto es parte de la escalada contra el Grupo Clarín. Cablevisión no es un monopolio, pero es líder del sector gracias a las fuertes inversiones. El Gobierno la quiere fraccionar para repartirla entre los amigos", dijo a LA NACION Carlos Moltini, presidente de Cablevisión.
Un comunicado de Cablevisión señaló ayer que "el grupo Vila-Manzano recibió recientemente de la Autoridad Federal de Servicios Audiovisuales licencias para explotar el servicio de cable en las mismas áreas donde opera Cablevisión".
Daniel Vila, en su denuncia, acusó a Cablevisión por abuso de su posición dominante. Tiempo atrás, esta firma y Supercanal habían celebrado un contrato para dar servicio de cable en Córdoba y, según Vila, el Grupo Clarín forzó una suba del precio del abono. Vila no presentó la denuncia en Córdoba, sino en Mendoza, donde no opera ni tiene domicilio Cablevisión.
En Clarín sospechan que habría elegido ese distrito porque allí tiene una fuerte influencia sobre la Justicia. Se trataría, acusan, de un caso de "forum shopping", es decir, en el que el denunciante recurre a artilugios administrativos para elegir al juez que le tocará intervenir en la causa.
Hace varios meses, el oficialismo intentó otra ofensiva contra Clarín a través de la jueza Olga Pura de Arrabal, que se tuvo que excusar cuando se descubrió uno de sus hijos trabaja con Vila y el otro es ahijado del hermano del empresario.
Bento nunca le dio intervención en la causa a Cablevisión y tomó en forma imprevista la medida provisional que, por su contenido, pretende producir el efecto de una sentencia definitiva: desintegrar la actual Cablevisión y volver a la etapa anterior a la fusión, cuando existían dos empresas.
A medias
Después de varias horas de procedimiento, el coadministrador Anzoize se retiró del edificio en medio de los insultos de los empleados.
El abogado Ricardo Mastronardi, representante del interventor designado por Bento, dijo que la intervención será por 60 días y que "está firme y debe ejecutarse", aunque por el momento "quedó trunca por imposibilidad de iniciarla", afirmó ante el periodismo.
Ya terminado el operativo en la sede, el apoderado de Cablevisión, Damián Cassino, informó que "la empresa presentó varias denuncias penales por allanamiento ilegal, violación de domicilio, abuso de autoridad y exhibición de armas".
Además, trascendió, en los próximos cinco días apelarán la decisión judicial y plantearán la incompetencia del juez.
"El mismo grupo de medios mendocinos (Grupo Uno, de Vila-Manzano) que ayer salió a avalar la ley de Control de Papel, ahora está apelando a un «forum shopping», en una provincia donde Cablevisión no tiene operaciones. Así, pretende cumplir la tarea que el gobierno nacional no pudo e intenta avanzar sobre el patrimonio de una compañía privada e independiente que brinda servicio de televisión por cable e Internet a millones de argentinos", dijo el último comunicado de la empresa.
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